No hay una persona en el Gobierno que haya pronunciado una palabra que pueda interpretarse como una autocrítica sobre la gestión ferroviaria
que llevó adelante el kirchnerismo. Y ayer a esa falta de mirar los
errores propios se sumó otro capítulo que protagonizó el ministro de
Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Las consecuencias de semejante desmanejo en los recursos humanos son las que mostró Randazzo. El ministro tiene razón en cuestionar esas conductas y, claro está, en tratar de evitar que se repitan. Pero lo que no dice el funcionario es que no sólo se trata de maquinistas dormilones, sino también de un sistema que permitió cambiar puestos de trabajos remunerados como pocos por favores políticos.
Los afiliados a La Fraternidad cobran un sueldo promedio de alrededor de 15.000 pesos por mes, monto que en su mayoría es pagado con el aporte de dinero que canaliza el Estado a través de subsidios. La mayoría de los conductores de trenes de pasajeros son empleados de una empresa llamada Ferrocarril Belgrano Sociedad Anónima, una compañía estatal que desempolvó el Gobierno cuando empezó su ola estatizadora de ramales.
Pero a diferencia de lo que sucede en gran parte del mundo de las empresas privadas, allí no rigen la meritocracia ni los antecedentes. Sólo es un clearing de favores cruzados. Alguna vez el Gobierno debería asumir que hace 10 años que maneja todas las variables del mundo ferroviario. Decide qué se hace, cómo se hace, quién lo hace y cuánto lo paga.
No es verdad que este lamentable estado ferroviario es la herencia de las privatizaciones. El menemismo los concesionó a fines de 1992; fueron once años. Prácticamente lo mismo que hace que el kirchnerismo maneja los trenes, aunque no las locomotoras..
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