Además le pidió que informe la cantidad de reclamos administrativos pendientes de resolución relacionados con el cálculo de haber inicial y con la movilidad de jubilaciones y pensiones, y reclamó que se precise la cantidad de recursos extraordinarios deducidos en los tres últimos años por la ANSES contra las sentencias de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
"La Corte está evaluando qué impacto podría tener aceptar el planteo de la Defensoría de representar a todos los jubilados y pensionados para que se les aplique el fallo Badaro", disparó en diálogo con Infobae.com Anselmo Sella, uno de los funcionarios que promovió la acción. Justamente, la decisión del máximo tribunal surge en el marco del pedido realizado por la Defensoría del Pueblo para que, en una sentencia única, se puedan resolver los reclamos de todos aquellos que estarían en una situación similar a la de Badaro, un jubilado que fue beneficiado en 2006 por una sentencia del máximo tribunal.
De esta manera, en caso de que la Corte acepte el pedido de la Defensoría, el fallo será aplicable a todos aquellos jubilados que iniciaron el trámite administrativo o judicial para el ajuste y también a quienes nunca hicieron nada. "Nosotros pretendemos que con una sola sentencia se puedan resolver los problemas de cientos de miles de jubilados, sobre lo que tenemos fundada expectativa. De lo contrario esto será de nunca acabar y cada persona que esté en la misma situación tendrá que ir a juicio, esperar la apelación de la ANSES, luego ir a la Cámara y finalmente llegar a la Corte", explicó Sella.
La resolución del máximo tribunal también hace mención a que se deberá informar la cantidad de sentencias que han sido íntegramente cumplidas en cada uno de los últimos cinco ejercicios fiscales, con indicación de los importes en efectivo y títulos de deuda que resultaron necesarios para su cancelación. También deberán ser informados el número de causas en las que los actores han promovido procesos de ejecución y la cantidad de beneficiarios del sistema previsional, detallando su composición según tramos de haberes. Además, se deberá dar cuenta de los fondos presupuestarios destinados al pago de sentencias en el corriente año, proporción sobre el total de erogaciones y proyección de casos a liquidar.
La Corte también se refirió a las medidas adicionales que se hayan adoptado para resolver las peticiones de los interesados de un modo acorde a los lineamientos fijados por el tribunal "a fin de evitar conflictos innecesarios o prolongar los existentes".
Las claves del fallo Badaro
En el año 2006, la Corte Suprema benefició a un jubilado que reclamó por la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos. Se trata de Adolfo Badaro, un ex conductor de buques que percibía más de $1000 de jubilación cuando estalló la convertibilidad. Desde ese momento y hasta diciembre de 2006, recibió un sólo aumento de 11%, contra una inflación del 91,2%, y una suba de los salarios de los trabajadores activos del 88,6%, según las estadísticas oficiales.
El máximo tribunal reconoció su derecho a una actualización de haberes que guarde relación con la evolución de los precios y de los sueldos de los trabajadores activos. En aquella oportunidad, ordenó el ajuste de la jubilación al 82% de la movilidad salarial. Pero como esa resolución solo se aplica al jubilado Adolfo Badaro, cada persona debe iniciar una causa en forma personal para que su haber sea actualizado según el fallo de la Corte y poder correr con la misma suerte.
El Congreso Nacional aprobó el año pasado una ley por la cual se restablecía el 82% móvil, pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la norma bajo el argumento oficial de la incidencia negativa que podría tener en las arcas públicas el hacer frente al incremento que implicaba la medida. Igualmente, la Justicia viene reclamando insistentemente a los otros poderes que adopten las medidas para reconocer ese derecho de los jubilados.
En los últimos tres meses, la justicia federal de la Seguridad Social recibió más de 8.500 causas por reclamos de actualización de haberes jubilatorios, mientras en ese período el Gobierno apeló casi 8.500 de los más de 11 mil juicios (un 76%) que ganaron jubilados de todo el país. Se trata de estadísticas de la Cámara de la Seguridad Social, que da cuenta de que en cada mes del trimestre febrero/abril cada uno de los 10 juzgados de primera instancia recibió un promedio de 851 causas, informaron a DyN fuentes judiciales.
En tanto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) apeló en el mismo período el 76% de los 11.162 juicios que ganaron jubilados en todo el país, o sea unos 8.480. La cantidad de causas apeladas es superior a la registrada en el mismo período de años anteriores, ya que en 2010 ingresaron a la Cámara 9.609 expedientes y en 2009, 7.028, de las cuales cerca del 80% fueron recurridas por la ANSES. "La Justicia está liquidando los haberes de los jubilados en lugar de la ANSES", criticó un juez consultado por DyN.
Un ejemplo de esto es que en los 10 juzgados de primera instancia del fuero de la Seguridad Social se dictaron en el primer trimestre del año 8.659 sentencias, de las cuales el 81,33% corresponden a reajuste de haberes jubilatorios.
Fuente: iprofesional.com
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