Ejemplos recientes de este estado de cosas son el conflicto intragremial que provocó la interrupción del servicio de subterráneo, la toma del Colegio Pellegrini, la obstrucción del tránsito porteño por una grupo de transportistas de volquetes o los piquetes que se producen frecuentemente en las autovías por reclamos gremiales.
En nombre de la negación a reprimir manifestaciones sociales se ha llegado a una falta casi total de controles que alienta formas de protesta sobredimensionadas en relación a la magnitud de los conflictos y la cantidad de personas involucradas en los mismos, que no tienen en cuenta los derechos y necesidades de los demás ciudadanos.
En este escenario, el abuso ha llegado a percibirse como un derecho adquirido y cualquier iniciativa para garantizar el orden público y los bienes públicos o privados afectados, como una represión inaceptable.
Hay que recordar que, como se ha demostrado reiteradamente, el orden puede mantenerse con medidas de prevención y contención y que, cuanto más tarde en revertirse la política vigente, más se consolidarán estas percepciones y más difícil será garantizar el cumplimiento de la ley. La política de no intervención en conflictos sociales ha dado lugar a una cultura de protestas abusivas que afectan a los ciudadanos.
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