Por Jaime Rosemberg - LA NACION
La Jefatura de Gabinete coordinará una comisión para custodiar pasos conflictivos; también se dispuso darle mayor flexibilidad al despliegue de Gendarmería y Prefectura.
Un día después de anunciar el plan para controlar los aeropuertos y prevenir el ingreso de delincuentes extranjeros al país por vía aérea, el Gobierno dio ayer dos pasos más en la "agenda de seguridad 2017", con refuerzos y nuevos sistemas en las fronteras terrestres y marítimas.
Por medio del decreto 68/2017, creó la Comisión Nacional de Fronteras, un organismo coordinado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña , con el objetivo de establecer una "estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otros delitos transnacionales".
Al mismo tiempo, por el decreto 66/2017, el presidente Mauricio Macri constituyó el Centro de Planeamiento y Control, que podrá disponer la reubicación de efectivos de la Gendarmería y la Prefectura, saliendo del sector de la ciudad de Buenos Aires en el que estaban delimitados. Se dieron de baja, así, los operativos Centinela y Cinturón Sur, que habían sido inaugurados por el kirchnerismo.
"Hace veinte años que no hay un sistema de fronteras ordenadas. Por eso se crean la zona de seguridad para los pasos fronterizos y la comisión, donde participan organismos y fuerzas de seguridad. Muchas veces, ante un problema, no se sabía quién tomaba la decisión. Ahora queda todo más claro", dijo a LA NACION la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , tras el acto de entrega de sables a miembros de las fuerzas de seguridad.
Según el nuevo ordenamiento establecido por la comisión, los pasos fronterizos quedarán a cargo del ministerio de Bullrich, mientras que los denominados centros de frontera quedan a cargo del Ministerio del Interior, a través del secretario del área, Sebastián de Luca. Esos centros abarcarán los complejos fronterizos de control migratorio, aduanero, fitozoosanitarios y de servicios complementarios, ubicados en las inmediaciones de los respectivos pasos internacionales.
Con relación al segundo decreto, se establece la gradual desarticulación de los operativos Centinela y Cinturón Sur, establecidos en su momento por la ministra de Seguridad kirchnerista Nilda Garré, llevados adelante por personal de la Gendarmería y la Prefectura, que tenían por objetivo reforzar la seguridad en el límite entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires. "Es un avance del federalismo y la autonomía de la ciudad, porque se había confundido la tarea policial con el accionar propio de las fuerzas de seguridad", afirmaron en el ministerio del área.
Cruce con Bolivia
En el Gobierno volvieron ayer a defender la postura oficial y a negar las acusaciones de discriminación y "estigmatización" hacia los inmigrantes, que incluyó un contrapunto entre la ministra Bullrich y el cónsul de Bolivia, Jorge Ramiro Tapia Sainz. Incluso, el gobierno de Bolivia anunció que pedirá explicaciones al embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez, a raíz de declaraciones de Bullrich acerca de la presunta relación de ciudadanos bolivianos, peruanos y paraguayos con el aumento del narcotráfico en la Argentina.
Bullrich se quejó de las duras declaraciones del cónsul de Bolivia, quien se manifestó "indignado" por la "generalización que daña la integridad de las naciones" al asociar a extranjeros con delito. "No es correcto que hable e insulte a través de los medios de la manera en que lo hizo", dijo la ministra a LA NACION en referencia al diplomático del gobierno de Evo Morales.
"A veces nos vamos de mambo y el país terminó aceptando a hombres de bien y de no tan bien, delincuentes", dijo por la mañana Frigerio, quien el día anterior presentó el sistema de información anticipada de personas (API), que permitirá impedir la entrada al país de extranjeros condenados por delitos en sus países de origen.
La de ayer no será la última iniciativa sobre la agenda de seguridad. Hoy podría ser publicado otro decreto, con el que Migraciones podría determinar la expulsión de un extranjero con delitos probados en dos meses de plazo. También se establecerá que tres años de condena (efectiva o no) son suficientes como causal de expulsión. Hasta el momento la pena mínima para tomar esta determinación era de cinco años. Y queda el incipiente debate legislativo sobre una nueva ley penal juvenil que incluye la baja en la edad de imputabilidad a 14 años, también impulsada por la Casa Rosada.
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