El traslado de la Capital, nueva cortina de humo

Editorial I del diario La Nación
Antes que preocuparse por mudar jurisdicciones y sedes de gobierno hay muchos otros temas urgentes e importantes por resolver

El aval que la presidenta de la Nación otorgó públicamente anteayer al proyecto de trasladar la Capital a Santiago del Estero, una aspiración del titular de la Cámara de Diputados de la Nación y precandidato presidencial por el Frente para la Victoria, Julián Domínguez, no puede ser visto como otra cosa que no sea una nueva cortina de humo tendiente a distraer la atención ciudadana de los graves problemas que afectan al país.

En sus más de once años en el Gobierno, nunca el kirchnerismo se preocupó ni se ocupó por un tema tan complejo y necesitado de debate como el traslado de la Capital. Tampoco quienes ahora dicen compartir la propuesta de Domínguez tomaron la iniciativa para volver a discutir un traslado que ya había sido impulsado por Raúl Alfonsín en abril de 1986 y que llegó a contar hasta con ley del Congreso. Alfonsín pretendía llevar la Capital a Viedma para fundar la "Segunda República", pero la iniciativa no prosperó.

"Es una idea que debemos discutir y, para los que mañana largarán encuestas, no se preocupen. Miren si hubieran encuestado si San Martín tenía que cruzar la Cordillera de los Andes. Les hubiera dado negativo", ironizó la Presidenta durante un acto realizado en Santiago del Estero para inaugurar dos edificios en torre donde funcionarán los ministerios de Economía y de Educación provinciales, una inversión cuestionada desde el vamos por la oposición política por considerarla faraónica e innecesaria en un distrito con tantas necesidades sociales sin resolver.

Hoy, cuando el Gobierno ha demostrado que no puede garantizar la provisión de energía eléctrica, que relanza una y otra vez obras de infraestructura que nunca llegan a materializarse en los hechos, que emprende batallas épicas con los interlocutores que él mismo eligió para negociar sus deudas, que se empeña en avanzar en la regulación de precios y niveles de comercialización, y cuando se embarca en absurdas denuncias públicas de terrorismo mientras no puede garantizar ni la libre circulación de los ciudadanos ni su seguridad, el traslado de la Capital se transforma en otro gran globo de ensayo distractivo.

Según Domínguez, el traslado de la capital es un debate pendiente sobre la demografía territorial, el federalismo y la configuración de nuevos corredores productivos. Es curioso que un dirigente kirchnerista hable de federalismo cuando el gobierno nacional hace más de una década que maneja discrecionalmente los fondos provinciales según el color político de los distritos y no ha dado ningún paso en procura de que se sancione una nueva ley de coparticipación federal que, según la Constitución Nacional debió sellarse en 1996. No ha habido un gobierno que haya ejercido un unitarismo fiscal más generalizado y arbitrario en los últimos 30 años de democracia que el kirchnerista.

El argumento del centralismo es más débil ahora que nunca, pues se trata de un viejo mal de la política criolla, que siempre ha tendido a centralizar el poder en manos del gobierno de turno, sea donde fuere que éste funcione. Tal vez, durante los 80, resultaba atractivo pensar que, puestos a trabajar todos los funcionarios en la Patagonia, esa concentración de poder en territorios alejados derivaría en un mayor desarrollo y progreso de la zona. Intentar fundamentar esa posición en el siglo XXI, cuando el desarrollo de las tecnologías ha acortado las distancias enormemente y cuando nuestra presidenta se jacta de gobernar muchas veces desde El Calafate es otra contradicción que no resiste mayores análisis. Propiciar además que se traslade la Capital a un feudo -primero de los Juárez y ahora de los Zamora- como Santiago del Estero parece más un eslogan publicitario para favorecer negocios de amigos que una propuesta destinada a encarar una reforma de fondo.

No estamos diciendo que no deba haber un debate sobre un tema que fue tantas veces planteado en el país. Ya el 22 de mayo de 1810, durante el Cabildo Abierto, Juan José Paso explicaba que Buenos Aires tomaba la iniciativa de suplantar al virrey mientras las provincias se sumaban a la discusión que sólo fue zanjada 70 años después, en 1880. Ese año, la ciudad de Buenos Aires se transformó de hecho y de derecho en asiento definitivo de los poderes nacionales. La "cuestión capital", como se ve, no ha sido fruto de decisiones apresuradas.

Hasta ahora, esa estrategia del globo de ensayo le ha sido funcional al kirchnerismo cuando de lo que se trata es de distraer la atención. Cabe recodar la enorme cantidad de anuncios realizados por este gobierno desde sus comienzos. ¿O acaso no han sido densas cortinas de humo las promesas de Néstor Kirchner de crear un FBI argentino (lanzada después de las movilizaciones tras el asesinato de Axel Blumberg), de eliminar las listas sábana y combatir la corrupción? ¿De qué otra forma deben interpretarse los anuncios del tren bala o el plan para que se pueda acceder a la casa propia pagando cuotas del valor de un alquiler? ¿En qué oficina del Gobierno sucumbieron todos los planes destinados a construir nuevas autopistas? ¿Qué pasó con la gran disminución de la brecha entre los más ricos y los más pobres? ¿Dónde quedaron las promesas de autoabastecimiento energético y de exportación de petróleo? Y esta larga lista de preguntas podría continuar largamente. Lo que hay que resolver hoy de manera urgente no es el traslado de la Capital, sino los acuciantes problemas que acumula el país y a los que el Gobierno sistemáticamente niega y les da la espalda.

Hace casi 28 años, cuando se conoció el proyecto de trasladar la Capital a Viedma, un editorial de La Nación afirmaba algo que volvemos a suscribir hoy: "Si lo que se pretende es que los gobernadores y los funcionarios provinciales no deban seguir peregrinando a Buenos Aires, sin duda, ese objetivo se cumplirá con el traslado de la Capital. Pero el centralismo será el mismo. Lo que cambiará es el lugar de destino de la peregrinación"..