La defensa del Puerto de Buenos Aires como marca de
identidad de la Ciudad es una obligación de todos los porteños. El
Gobierno de la Ciudad debe seguir reclamando la transferencia y como
organismo creado por la constitución, el Plan Estratégico debe ser el
encargado de construir los consensos para que el puerto siga funcionando
y se proyecte al futuro como la principal actividad económica y
productiva de la ciudad”, destacó Silvana Giudici, subsecretaria de la
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La funcionaria, se expresó así durante el seminario “Visiones estratégicas sobre el Puerto de Buenos Aires”, organizado junto al Consejo Profesional de Ingeniería Civil.
Al cierre del evento, el Jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta señaló que “el mensaje nuestro es bien claro, desde el gobierno creemos que el puerto debiera pasar a la Ciudad. Desde el gobierno reclamamos una mayor inversión en el puerto para ponerlo entre los puertos del primer nivel en el mundo, y vamos a insistir sobre eso. El proceso de construcción de una Ciudad Autónoma es como la ley de gravedad, tarde o temprano se va a dar”.
Estas frases, dichas por altos responsables de la administración Mauricio Macri, implican sin embargo un grave desconocimiento de la situación jurídica y fáctica del principal puerto de la Argentina.
Camino errado
El debate que propone el gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, no se debe dar en la Legislatura porteña, sino en el Congreso Nacional. La única posibilidad debería pasar por la sanción de una ley, que bien podría contener un solo artículo, que establezca el traspaso del puerto a la ciudad. Cualquier otro camino, vulnera la supremacía jurídica que poseen la Constitución nacional y las leyes nacionales por sobre la legislatura capitalina.
Más allá de ello, sobrevuela el tema una cuestión fáctica de trascendencia. El Puerto de Buenos Aires con su notable oferta y calidad de servicios, reafirma su perfil de puerto Nacional. Su hinterland va mucho más allá de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, para alcanzar a todas las provincias. Así surge de las innumerables operaciones de transporte multimodal que desde el interior, acercan cargas a Puerto Nuevo para su salida al mundo. Este fue el espíritu del decreto 1029/92, que promulgó parcialmente la ley de Actividades Portuarias Nº 24.093, y resguardó el puerto de Buenos Aires para el estado nacional.
“No caben dudas que se lo debe mantener como lo que es: puerto que ejerce las funciones testigo del Estado Nacional, revistiendo el carácter de establecimiento de utilidad pública nacional, a través del cual se pueden servir en forma amplia y sin ningún tipo de restricciones todas las producciones y el abastecimiento de insumos de las regiones que conforman nuestro país, integradas en el marco de la Nación. Caso contrario, podrían ser sometidas a parciales intereses sectoriales, como los que hoy sostienen el proyecto de transferencia del puerto a la ciudad”, señala en un completo estudio sobre la materia el dr. Jorge Francisco Cholvis.
A juicio del especialista, “el Puerto de Buenos Aires no debería ser calificado como un ámbito exclusivamente local de los intereses porteños. Por el contrario, debe ser el vértice de una política portuaria nacional, y que el mismo debe estar comprendido en el ámbito federal. Esto no es sino consecuencia de factores históricos, culturales y económicos que lo caracterizaron virtualmente desde su fundación, y que a través de las distintas corrientes económicas que se desarrollaron en el país motivaron que las principales conexiones de transporte ferroviario, carretero y fluvio-marítimo convergieran hacia este puerto, con preponderancia sobre cualquier otro”.
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