El distanciamiento entre el gobierno nacional y el porteño, ratificado, por ejemplo, con el plan unilateral de la ministra Nilda Garré de enviar, en julio pasado, a 2500 prefectos y gendarmes a custodiar la zona sur de la ciudad, se proyecta también en los altos mandos de dos fuerzas con jurisdicción porteña: la Policía Federal, que responde a la Casa Rosada, y la Metropolitana, que depende de Mauricio Macri. Y promete replicarse, además, en este proyecto oficial de la Nación de sumar tecnología en la Capital (ver aparte), vacía de una planificación coordinada con sus pares locales.
El gobierno porteño ya instaló 1164 cámaras en la Capital, de las cuales poco más de 1000 están en funcionamiento y son vistas desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), en Barracas. La mayor cantidad de estas cámaras están colocadas en las comunas donde hay presencia permanente de la Policía Metropolitana, como la N° 4 (La Boca, Barracas, Parque de los Patricios y Pompeya), la N° 12 (Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coghlan y Saavedra) y la N° 15 (Agronomía, Villa Ortúzar, Parque Chas, La Paternal, Chacarita y Villa Crespo).
El sistema de cámaras que hoy tiene la ciudad está tercerizado, por lo cual desembolsa unos 2,5 millones de pesos mensuales por el alquiler del servicio. Este contrato implica que las cámaras están en comodato, e incluye la provisión de equipos, la instalación, el tendido de fibra óptica, el mantenimiento y el camión de exteriores.
En el CMU, los operadores de los dos centros de monitoreo observan 500 cámaras cada uno, donde se graban las imágenes y se conservan durante 60 días. En la práctica funciona así: si un operador que observa el monitor detecta un movimiento extraño o sospechoso, avisa al oficial de la Policía Metropolitana que supervisa el funcionamiento de ambos centros.
Cuando se produce una alerta, el agente se comunica con el Centro Unico de Comando y Control, ubicado en Chacarita, donde la Policía Metropolitana, Defensa Civil y el SAME pueden responder a los accidentes, contravenciones o delitos registrados por los operadores. Allí tienen la capacidad de tomar control de la cámara y enviarles la imagen a los patrulleros que estén cerca del hecho.
El plan de vigilancia del gobierno porteño contempla la instalación de 2000 cámaras en total para fin de año, y prevé la inauguración de más centros de monitoreo. Según aseguraron las autoridades locales, el consumo de drogas es la situación más detectada hoy por las cámaras en la ciudad, seguido por los arrebatos y los asaltos.
Además, actualmente se está desarrollando un programa que permitirá, entre otras cosas, advertir, de manera automática, si un auto va en contramano; si alguien deja una bolsa y se va, o también reconocer el rostro de las personas con el acceso prohibido a las canchas de fútbol.
Sin dudas, el proyecto de la Casa Rosada de instalar más cámaras de en la Capital es mirado de reojo por la mesa chica del macrismo. "Con nosotros no habló nadie. Respecto a los temas de seguridad, hacen lo que quieren. Nunca nos consultan", confió a La Nacion un alto funcionario porteño. En distintas líneas, funcionarios de Macri ratificaron que, en materia de seguridad, la coordinación entre la Nación y la ciudad es inexistente.
El superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, Eduardo Martino, dijo a La Nacion que sería importante y "clave" trabajar en conjunto entre ambos gobiernos para instalar las cámaras de seguridad. "Sería muy valioso, ya que es importante que no se ubiquen cámaras en lugares que ya están cubiertos", dijo Martínez.
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