(Clarin.com) - El Gobierno reclama que las demandas se tramiten en la justicia Argentina. Miles de millones de dólares en juego.
Foto: Afiches para apoyar la expropiación, en abril de 2012
La justicia de los Estados Unidos le concedió cierto alivio al Gobierno de Mauricio Macri. Esta vez en una de las demandas que un fondo buitre inició contra el Estado argentino por la expropiación, en 2012, de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol.
Ayer, los abogados que representan a la Argentina fueron notificados de que la jueza Loretta Preska concedió un stay (amparo) y congeló la causa que se inició a partir de la demanda del Fondo Eton.
Fuentes oficiales explicaron que como otra causa (un reclamo de US$ 3.000 millones presentado por el fondo de inversión Burford) está pendiente de decisión en la Cámara, la Argentina pidió frenar la causa Eton.
En otras palabras, en la causa Burford, la Argentina reclama lo que se denomina “excepción de foro no conveniente”, es decir, que la demanda se tramite en la justicia argentina, porque el Gobierno considera que la expropiación fue un acto soberano del Gobierno. “Lo que le pedimos a la jueza fue que otorgue un “stay”, es decir que esta causa (Eton, por US$ 500 millones) quede inmovilizada hasta tanto se decida la otra” (Burford).
En esto momento se tramitan esos dos juicios. Uno es Eton versus YPF y el Estado argentino; el otro Burford versus Argentina. La jueza Preska decidió suspender su decisión (on hold) en el caso Eton hasta que no se resuelva el juicio de Petersen.
Como la causa de Burford está pendiente de decisión en la Cámara (puntualmente la excepción de foro no conveniente), lo que se le pidió la jueza fue que otorgue un “stay”, es decir que esta causa quede inmovilizada hasta tanto se decida la otra. Se trata de la respuesta favorable al pedido que hizo la Argentina en la audiencia del mes de julio.
Los abogados argentinos celebraron el hecho de que es la primera señal positiva que les da la juez Preska, que recibió el juicio por la jubilación del juez Thomas Griesa.
Los abogados argentinos sostienen que si se acepta que la estatización fue una decisión soberana, los dos juicios salen de la jurisdicción de Nueva York.
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