Menos de 50 días para sentencias por drogas

Por Daniel Gallo - LA NACION
El proyecto de ley sobre flagrancia es parte de un plan general de lucha contra el narcomenudeo

Un vendedor de drogas podrá ser sentenciado en menos de 50 días a partir del proyecto de ley sobre flagrancia. La iniciativa expuesta ayer por la ministra Patricia Bullrich frente a los diputados de las comisiones de Seguridad y de Legislación Penal apunta a un importante cambio ante el mayor problema de seguridad argentino: el narcomenudeo.

Hasta el momento los vendedores minoristas y sus proveedores pasan al menos dos años sin sentencia, en muchos casos en libertad, luego de ser atrapados con estupefacientes preparados para la comercialización. Las demoras en los juicios los dejan rápidamente en la calle y al regresar a la zona de venta transmiten un mensaje de ineficacia judicial. El vecino de un búnker de drogas puede observar cómo a un operativo en el lugar le sucede entonces el regreso casi inmediato del vendedor detenido. Eso desalienta las denuncias.

Como ejemplo vale reseñar un caso iniciado en septiembre de 2013 con el hallazgo de marihuana durante un control de ruta en Zárate. Un posterior allanamiento en una vivienda en la localidad bonaerense de Rafael Castillo permitió encontrar allí otros 80 kilogramos de esa droga. Todos los detenidos fueron condenados a penas de entre cinco y ocho años de prisión en el juicio realizado recién en octubre de 2015.

"Buscamos dar una respuesta adecuada frente a los altos índices de criminalidad", dijo ayer Bullrich a los legisladores. La ministra de Seguridad está convencida de que el narcomenudeo es el promotor de los mayores niveles de violencia en las calles. Aseguró que alrededor de las zonas de acopio de drogas se encuentra la mayor cantidad de asesinatos en la ciudad de Buenos Aires.

Y graficó esa idea mediante la comparación de tasas de homicidios de las principales villas porteñas -con fuerte presencia narco- con las registradas en los restantes barrios. Tal como informó LA NACION en su edición del viernes pasado, la villa 31 tiene una tasa de homicidios propia de lugares con serios problemas narco: 76,5 muertes cada 100.000 habitantes. En tanto que para la villa 1-11-14 el Ministerio de Seguridad detalló una tasa de 46,2 y en la villa 21 se registraron 20,1 homicidios cada 100.000 habitantes. Sin considerar esos asentamientos, en el resto de la ciudad la tasa es de 5,2.

Es similar la situación en otras zonas del país. Los mapas de calor con los que las autoridades de la seguridad santafecina siguen el delito en Rosario señalan que los homicidios se concentran sólo en barrios con fuerte presencia narco, como La Tablada. El pensamiento oficial apunta a que el narcomenudeo deriva en violencia por los enfrentamientos entre bandas que disputan puntos de venta de drogas. Se trata de organizaciones territoriales, de menos de 30 miembros, con poca logística, pero armamento cada vez más potente.

Con las cifras de homicidios en la mano, la semana pasada el Gobierno decidió un ingreso masivo de policías en la villa 31 para golpear al narcomenudeo. Ahora pidió al Congreso un cambio legal para conseguir sentencias rápido. En el esquema presentado en Diputados, un detenido durante uno de esos operativos debería quedar frente al juez en 24 horas. En esa primera audiencia oral se fijaría la fecha de un segundo encuentro del imputado con el juez y el fiscal, durante el cual se notificaría el pedido de la fiscalía y se elevaría el caso a juicio, si así se requiere. En menos de 50 días debería dictarse una sentencia a decisión del juez que inició el proceso.

El proyecto de ley sobre flagrancia incluye sólo los delitos federales y se impone una pena máxima de 15 años de prisión.