Un primer gran paso para la autonomía porteña

Por Facundo Suárez Lastra - LA NACION

El acuerdo suscripto entre el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la transferencia de las funciones metropolitanas de la Policía Federal con su respectivo personal y recursos es un primer gran paso en la concreción de la autonomía para la ciudad. Obtiene así su gobierno la posibilidad de hacerse cargo plenamente, como lo hacen hoy todas las provincias, de una de las funciones esenciales del Estado: proveer seguridad.

Sin embargo, en el marco de la negociación entre el Gobierno y algunas provincias por la restitución del 15% de los fondos coparticipables, este acuerdo ha sido cuestionado por algunos gobernadores. Hasta se ha dicho que implica un "avance brutal" sobre el federalismo y un favoritismo indebido. Lejos de ser un acto arbitrario, es una acción legítima y justa que beneficia tanto a los vecinos de la CABA como a los de la provincia de Buenos Aires y del resto del país que ingresan a diario en la ciudad. La unificación bajo el mismo comando jurisdiccional de lo que fue el área de comisarías de la Policía Federal y del que es la Policía Metropolitana permite un servicio cooperativo en materia de seguridad que beneficia a los tres millones de porteños y a los casi tres millones de vecinos del conurbano que ingresan a diario en la ciudad. Seis millones de personas se benefician con esta decisión que permitirá superar los roces y dificultades que se produjeron en estos años de superposición de competencias entre dos fuerzas policiales en un mismo territorio.

La seguridad de la ciudad que cumple funciones de centro de una región con casi 13 millones de personas y que además es capital de la República concierne al mejor funcionamiento del país. Debió hacerse mucho antes, pero lo impidió la desconfianza que generaba en las autoridades nacionales el hecho de que un gobierno de otro signo en la ciudad se hiciera cargo de la seguridad, nada más y nada menos, donde se asientan los poderes federales.

El marco de confianza y buena fe hoy permite hacerlo. La Policía Federal mantiene todos los medios que le permiten cumplir sus misiones federales, entre ellas la custodia y vigilancia de los bienes en el ámbito de la ciudad afectados al cumplimiento de las funciones de los tres poderes del Estado nacional. Es muy bueno también que por primera vez se haga una transferencia de servicios a la CABA con la asignación de los recursos, tal cual lo prevé expresamente la Constitución Nacional. La Nación lo ha dispuesto de sus recursos propios dentro de la masa que le corresponde por la coparticipación federal como distribución primaria, sin afectar en modo alguno a ninguna provincia, cuyos porcentajes de coparticipación no han sido modificados. Desde el punto de vista económico, nada les sacan la Ciudad ni la Nación a las provincias; al contrario. El Estado nacional empieza a tener una relación equitativa con la ciudad de Buenos Aires, a la que ha venido despojando de recursos propios desde hace décadas.

La ciudad de Buenos Aires genera más de la cuarta parte de los impuestos coparticipables y solamente recibía hasta ahora 1,47 puntos de coparticipación, además de ser acreedora del Estado nacional por servicios de educación y de salud transferidos sin partidas, como lo prevé la Constitución, en los últimos 35 años, primero durante la dictadura y luego durante la presidencia de Carlos Menem. Algunos números para que esto quede claro: la Ciudad tiene ingresos por 110.000 millones de pesos anuales, de los que el 93,45% son de recaudación propia, y hasta ahora recibió sólo el 1,47% de los fondos coparticipables. Tierra del Fuego recibe 33.500 pesos por habitante; la hasta ahora privilegiada Santa Cruz, 26.200; Santa Fe y Córdoba, que tienen un número de habitantes similar a la CABA aunque mayores necesidades debido a su extensión territorial, 11.100 y 10.400 respectivamente. Buenos Aires recibe sólo 2800 por habitante.

Los últimos años han sido los más unitarios en lo que a la distribución de recursos entre Nación y provincias se refiere. El gobierno federal se ha quedado con el 75% de los recursos coparticipables, cuando en 1988 su porcentaje era del 42,33%. Es evidente desde esta perspectiva que pasar la coparticipación de la ciudad del 1,47% al 3,75% con la correlativa disminución de la parte que se queda la Nación es un avance dentro del federalismo y la equidad de la distribución de los recursos fiscales. El monto transferido para atender la transferencia de funciones de la Policía Federal será de 14.500 millones de pesos, que son lo que actualmente gasta la Nación para este objeto. Sumados a los 9200 millones de coparticipación que ya se perciben hacen una suma de 26.700 millones. Esto no alcanza a compensar ni siquiera la mitad de los 59.900 millones de pesos que la Ciudad gasta en los servicios transferidos sin recursos en las áreas de seguridad, justicia, educación y salud.

Al margen de lo que ya se ha dicho en materia de seguridad, en todas estas áreas, y especialmente en salud, donde el gasto es de 23.277 millones de pesos por año, cerca de la mitad de los pacientes provienen de la provincia de Buenos Aires y en los casos de hospitales de alta complejidad se atienden pacientes de todo el país, lo que expresa la solidaridad de la Ciudad para con todos los argentinos.

Este primer gran paso debería completarse con un proceso de reforma institucional que permita superar los costos de la fragmentación a nivel metropolitano y mejorar la efectividad de la acción de las distintas jurisdicciones y agencias estatales. Ésta es una gran oportunidad para que la Nación, la ciudad y la provincia empiecen a saldar deudas institucionales impostergables en materia de integración metropolitana. Por eso, el Congreso tiene también la oportunidad histórica de tratar y sancionar una ley de fondo de coparticipación federal que termine con las arbitrariedades en la asignación de estos recursos.

El futuro inmediato de nuestro país depende en mucho de la actitud patriótica y colaborativa que inspire al Gobierno y a las distintas jurisdicciones provinciales y municipales para encontrar caminos que permitan el progreso y desarrollo de nuestros pueblos. Las reuniones del gobierno nacional con los gobernadores y las rectificaciones resueltas son auspiciosas en este sentido. Los tiempos de los malentendidos en este tema deben ser superados. El diálogo, la buena voluntad y la mirada puesta en el futuro son el camino.