Pesca irresponsable

(La Nación) - Luego de 12 años de gobierno kirchnerista, y tal como ha sucedido en casi todos los ámbitos del Estado, la situación en materia pesquera es calamitosa y alarmante. Cuando analizamos lo sucedido en este terreno, debemos denunciar una corrupción irresponsable y un penoso abandono.


Algunos aspectos de la administración pública inciden directamente en la calidad del ambiente y en la calidad de vida presente y futura. Al hablar de pesca, un concepto clave que surge exclusivamente de la investigación es el de "biomasa", que se refiere al peso total de una población de peces de un stock. Este concepto hace a la sustentabilidad de las diversas especies ictícolas en relación con sus posibilidades reales de regeneración.

Para determinar la abundancia, biomasa y densidad de las poblaciones de peces se requiere realizar investigaciones que permiten conocer relaciones entre variables ambientales, distribución, abundancia y características poblacionales de las especies de interés comercial.

Lamentable e inexplicablemente, la última campaña de investigación se hizo hace más de 18 meses, aun cuando se contaba con capacidad ociosa de buques para realizarla, simplemente por no asignárseles el propósito. Se trata de relevamientos imprescindibles para determinar la captura máxima permisible y la captura biológicamente aceptable, de modo tal que la actividad permita su renovabilidad.

Cuando las autoridades pesqueras del gobierno anterior optaron por abandonar algo tan fundamental para la sustentabilidad del recurso pesquero como la investigación y el relevamiento, impidieron contar con una base sólida para determinar cuánto está permitido pescar. En consecuencia, el único sustento actual reside en datos históricos tales como información sobre capacidades reproductivas, sin considerar factores actuales que pueden estar afectando a determinadas especies y que tornan aleatoria cualquier decisión.

A la preocupante situación descripta se suma el agravante de la pesca fraudulenta, facilitada al no haber parámetros serios que controlar, lo que permite que algunas empresas pesquen sin control y vendan luego en un circuito informal, con la complicidad de las autoridades que no cumplen con el deber de inspección y supervisión que les cabe. La mecánica es simple: se pesca una cantidad y se declara otra, para no superar el tope permitido por especie. Por lo tanto, se carece de datos ciertos que reflejen fehacientemente los stocks disponibles o capturados, lo que impide tomar medidas adecuadas para evitar la depredación del recurso causada por la pesca y sobrepesca. Es sabido que en la Argentina la población de adultos de merluza hubbsi disminuyó casi un 80% en los últimos 20 años, siendo los subsidios al sector uno de los principales factores que generan esta situación en todo el mundo.

La creación de áreas protegidas de pesca contribuye a la protección de la biomasa a fin de promover que los recursos sean renovables y sustentables. Para ello, debe existir una decisión política que avale la introducción de los cambios necesarios merced a la incorporación de gente capacitada para dirigir un área de tanta relevancia económica como geopolítica en la que la corrupción vino haciendo estragos en los últimos 10 años.

La Argentina posee una moderna ley de pesca para regular la explotación del recurso, pero en la medida en que las autoridades no controlen su cumplimiento queda limitada exclusivamente a una expresión de deseos. Ante la caída de un 50% en la población marina experimentada en los últimos 40 años, los mares están en estado de alerta. Para alcanzar el máximo rendimiento sustentable del recurso pesquero y ajustar adecuadamente los esfuerzos habrá que reorganizar y planificar la tarea. Un desafío que exige, como primer paso, desmantelar la corrupción estructural existente.