La costosísima voz del relato

Editorial del diario La Nación - En nombre de una distorsionada libertad de expresión hubo en los años kirchneristas una terrible tergiversación de lo que implica informar

Entre la casi infinita lista de temas por revisar que enfrentan las nuevas autoridades nacionales hay uno no menor, y es el desorbitante presupuesto que se había gastado y el que estaba previsto gastar en sueldos, en particular de algunos de los periodistas de medios estatales.

Las cifras fueron demasiado elocuentes. Tanto que el ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, anunció que bajarán un 40% los honorarios artísticos en radio Nacional. Es que, según un informe administrativo difundido el mes último, el presupuesto de esa emisora para 2016 preveía hasta un 25% de aumento para los conductores y columnistas que respondían fervorosamente al dogma kirchnerista. Sólo en sueldos, por mes, de febrero a diciembre, el monto iba a ser de 2.209.863,53 pesos. Es decir que, de haber continuado el anterior gobierno en el poder, esto implicaba una suba, para todos por igual, del 25% respecto de 2015, en que se abonaron mensualmente 1.707.231,33 pesos por salarios. En este monto no estaban contemplados otros gastos, como los de producción, sueldos de operarios, técnicos o administrativos, de mantenimiento o viáticos.

Los medios estatales constituyen un "monstruo" de varias cabezas, que incluye a Canal 7 y Radio Nacional, Télam, Educar (los canales Encuentro, Paka Paka y DeporTV), Tecnópolis y el Centro Cultural Kirchner. Cada una de esas estructuras tiene su historia en los largos años de gobierno kirchnerista, y presupuestos, formas de contratación -en que tienen un papel destacado algunas universidades nacionales- y marcos jurídicos distintos que habrá que ir conciliando, como correctamente señaló Lombardi.

Sin embargo, uno de los daños más grandes que se han hecho a la credibilidad de los medios estatales es que hayan llegado a estar representados por periodistas que, en lugar de ejercer su profesión de informar, adoctrinaban desde el micrófono o la pantalla y eran generosamente retribuidos por ello. Hay incluso un grupo de nombres que estos días han estado en danza -cuyos contratos, que había renovado por un año la ex directora de la emisora, María Seoane, serán anulados por "ilegales e ilegítimos", según dijo Lombardi-, y que parecen ser lamentablemente muy emblemáticos de esta línea de acción del periodismo "militante". Entre ellos, Cynthia García, cuyo sueldo iba a aumentar de 52.500 a 66.625 pesos; Roberto Caballero, que cobraría 68.250 pesos en lugar de los 52.500 anteriores; Mario Wainfeld, quien incrementaría sus 50.872 pesos a 63.590, y Carlos Barragán, que ganaba el año pasado 65.000 por mes e iba a percibir 81.250 pesos.

Estos nombres propios y el mensaje que encarnaban pueden haber hecho olvidar que en esos mismos medios estatales hay muchos profesionales que realizan su tarea con gran idoneidad y que fueron relegados y hasta despedidos por esa misma razón, aunque su situación no alcanzó la increíble difusión que tuvo el justificado despido, en un medio privado, del relator y conductor Víctor Hugo Morales.

Otro escandaloso caso que no puede dejar de mencionarse es el del programa 6,7,8, que se emitía por la TV Pública, del que hace pocas horas se supo que recibió en 2015 por publicidad $ 30 millones de parte de la Anses. La mitad se lo habría quedado la emisora y el resto, según Lombardi, fue transferido a la productora PPT, que pertenecía a Diego Gvirtz y que fue vendida al Grupo Indalo, de Cristóbal López.

En nombre de una pretendida, y distorsionada por eso mismo, libertad de expresión hubo en los años kirchneristas una terrible tergiversación de lo que significa informar, se burlaron todos los códigos que el periodismo ha ido decantando a lo largo de décadas, a medida que se constituía como profesión, y hubo una voz única, militante, sin pluralidad. Se reemplazó la información por la propaganda, con la cual el gobierno kirchnerista quiso construir un relato muy alejado de la realidad.

Es hora de que los tiempos cambien y que no haya más nombres propios cuya devoción oficialista sea, además de falsaria, tan costosa para el erario público.

Todo por mantener un gran cuento...pobre patría mía.