Un fondo buitre inició una demanda millonaria contra la Argentina por la expropiación de YPF

Por Juan Pablo De Santis  | LA NACION
Burford Capital compró el juicio que encabezan dos empresas en liquidación que había utilizado la familia Eskenazi para adquirir el 25%; la demanda también alcanza a la petrolera

El proyecto de ley de expropiación de YPF fue presentado el 16 de abril de 2012. Foto: Archivo

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A través de dos empresas residuales de la familia Eskenazi, el fondo buitre Burford Capital inició una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra YPF y la República Argentina por la expropiación de la mayoría de acciones de la petrolera.

La demanda fue presentada el 8 de abril pasado, una semana antes del tercer aniversario de anuncio de proyecto de ley de nacionalización de YPF, y reclama un resarcimiento económico alegando que durante el proceso de expropiación se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.

Todavía no fue establecido un monto solicitado, pero se presume multimillonario, dado que las acciones en cuestión habían sido adquiridas hace siete años por una cifra superior a los 3300 millones de dólares.

En los papeles, la acción legal fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF SA.

Aunque en la práctica, el litigio es financiado y conducido por Burford Capital, el fondo que "compró el juicio" con el único fin de litigar contra la Argentina. Esta empresa es una de las más importantes de Estados Unidos que invierte en la industria del litigio corporativo, tal como se lo conoce en la jerga, y tiene una cartera valuada en U$S 500 millones.

El texto del planteo jurídico al que accedió LA NACION reclama un resarcimiento económico porque al momento de llevarse a cabo la expropiación el Gobierno argentino no lanzó una oferta pública de adquisición sobre las acciones a un precio predeterminado para retomar el control de la firma, tal como lo establecían "los estatutos de YPF" y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993.

Así los litigantes afirman que fueron violados sus derechos como inversores. "Pero Argentina e YPF intencionalmente y de mala fe rompieron esas promesas", dice el texto de la presentación judicial alegando que "el resultados de violar el requisitos de oferta de compra y otras conductas ilícitas fueron devastadoras para Petersen y otros accionistas de YPF".

Por su parte, el Grupo Petersen Argentina -de la familia Eskenazi y con sede en Buenos Aires- afirmó a este medio a través de un comunicado que sus accionistas nada tienen que ver con la presentación de esta denuncia, sino que es producto del proceso de liquidación de estas dos empresas con las que habían comprado su participación en YPF y que está observado por la Justicia de España.

"Estamos al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", reafirmaron.

ANTECEDENTE. Tras la salida de Marsans de Aerolíneas Argentina, el fondo Burford Capital compró los derechos del litigio que el grupo español inició contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

LA RUTA DE LA DEMANDA

Tras haber acordado su ingreso a YPF con el Gobierno argentino y Repsol, el grupo empresario de la familia Eskenazi constituyó en Madrid (España) un arquitectura legal para comprar las acciones de la petrolera: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, ambas sociedades anónimas unipersonales que oficiaron de cascarón legal. A su vez estas dos estaban integradas por Petersen Energía PTY Ltda, con sede en Australia.

 Antonio Brufau, CEO de Repsol, y Enrique Eskenazi, de Grupo Petersen, al finalizar la compra de acciones de YPF el 5 de mayo de 2011. Foto: Archivo

En 2008, los Eskenazi compraron el 14,4% de YPF a Repsol y en 2011 ejercieron una opción de compra hasta alzarse con un cuarto de la propiedad de la firma. En una maniobra poco común, la compra se materializó vía un préstamos de Repsol y otros cinco que fueron concedidos por los bancos Itaú, Credit Suisse, Citibank, Standard Bank y BNP Paribas.

Los créditos serían repagados con utilidades que los nuevos accionistas cobrarían en la compañía. Por entonces, Sebastián Eskenazi fue nombrado CEO.

Ahora bien, 16 abril de 2012 la presidenta Cristina Kirchner anunció el proyecto de ley de expropiación del 51% de acciones de YPF en manos de Repsol, que se sancionó el 3 de mayo. Los Eskenazi no pudieron repagar los préstamos, el pool de acreedores ejecutó las garantías y se quedó con las acciones que estos poseían en la petrolera.

EL PROCESO EN ESPAÑA

Al haber quedado vaciadas de activos, las legalmente españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía se acogieron a la ley de bancarrota -un proceso similar a lo que localmente se conoce como concurso de acreedores- y un juez competente debió intervenir en la liquidación de las sociedades.

"Las dos firmas en liquidación actuando bajo la autoridad de una Corte Española competente y con el interés de atender las deudas de ambas empresas iniciaron una demanda multimillonaria contra YPF y la Argentina por la pérdida del 25% de su participación en YPF", informó a través de un comunicado de prensa en Londres la agencia Neustria Partners, representates de prensa de los litigantes.

"En el contexto que se presenta el fondo Burford Capital que salió a buscar el único activo, por llamarlo de algún modo, que le quedaba a estas dos empresas cáscara en liquidación con las que se compraron acciones de YPF. La estrategia es clara, adquiere los derechos del juicio por una pequeña suma y luego litiga", explicó a LA NACION un abogado societarista de un importante estudio porteño con conocimiento de la demanda, pero que requirió no divulgar su nombre.

YPF SA fue consultada por este medio, pero no brindó comentarios al respecto.