La Salada, modelo de trabajo en negro y fraude

Editorial I

(Editorial de La Nación) -  La feria que fue puesta como ejemplo por el Gobierno e invitada a misiones comerciales en el exterior es intimada por sus deudas con el fisco bonaerense.

En apenas dos operativos realizados por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) el mes pasado, los inspectores detectaron que sólo el 15 por ciento de mil puestos controlados en la feria de La Salada, en Lomas de Zamora, a orillas del Riachuelo, está al día con el fisco bonaerense y que sólo el 55% de esos locales está inscripto en Ingresos Brutos del distrito.

El operativo hecho público por las autoridades provinciales -que acaban de abrir en La Salada una oficina para gestiones tributarias y consultas por parte de los feriantes a los que se pretende registrar debidamente- tuvo como objetivo la lucha contra el trabajo en negro y la explotación laboral. Así lo definió el director ejecutivo de ARBA, Iván Budassi, en el contexto de la campaña lanzada por el kirchnerismo nacional, que consiguió sancionar en el Congreso la ley destinada a "la promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral".

Los índices de empleo no registrado en nuestro país siguen siendo muy altos. Alrededor de cuatro millones de personas en relación de dependencia, que viven en centros urbanos, están en negro, es decir, no cuentan con aportes jubilatorios ni con cobertura de una obra social ni de un seguro de riesgos del trabajo.
Durante los once años de gobierno kirchnerista esa situación se mantuvo con apenas pocas variantes. Las mejoras fueron escasas y no es la primera vez que se habla de un programa para disminuir el trabajo no registrado.

Uno de los argumentos más reiterados para explicar que se mantenga esa anomalía sigue siendo la dificultad que representa detectar ese tipo de irregularidades. Pero, en el caso de La Salada, esa justificación es por lo menos curiosa, pues se trata de un negocio millonario, tan antiguo y tan expuesto que resulta inverosímil que las autoridades se desayunen recién ahora con su falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales.

Esa feria nació en la década del 90, cuando unos pocos inmigrantes bolivianos se instalaron en Ingeniero Budge, en tierras donde funcionaba el complejo de piletas de natación conocido como Punta Mogotes. De ahí que la mayor de las ferias que componen el complejo lleve este nombre.

Hoy conforman el predio cuatro grandes sectores, con miles de puestos de cuatro metros cuadrados de superficie en promedio cada uno y un costo de alquiler por metro cuadrado que muchas veces duplica a los de los centros comerciales legalmente instalados en las principales urbes del país.

En mayo, la ARBA controló el sector denominado Punta Mogotes. Precisamente, fue en esa enorme parcela donde se registró el 85% de irregularidades con el fisco bonaerense. Según Budassi, "la mayoría de los administradores posee deudas de ingresos brutos y del impuesto inmobiliario", por lo que aseguró que se intimará a esa feria, junto con las denominadas Ocean y Urkupiña, para que paguen lo adeudado. "Teniendo en cuenta el incremento de la valuación fiscal, (la deuda inmobiliaria) alcanza a unos 400.000 pesos". El mismo funcionario recordó que las administradoras cuentan con un marco normativo "para que tengan obligaciones con los puesteros en el pago de los impuestos".

Punta Mogotes es administrada por Jorge Castillo, el empresario que fue puesto como ejemplo por el gobierno nacional, al punto de que fue invitado en dos oportunidades a viajar a Angola de la mano de Guillermo Moreno, con el fin de competir en la venta de indumentaria y calzados con potencias como China. Paralelamente, Castillo anunció que programaba la apertura de sucursales de La Salada en Miami, Estados Unidos.

Según Castillo -quien hoy reclama al gobierno bonaerense que se incorpore a La Salada en el flamante Consejo Productivo provincial-, componen la feria unos 30.000 puestos de venta, con un promedio de 12 empleos cada uno, lo que genera unos 360.000 puestos de trabajo directo.

En 2011, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, es decir, la máxima autoridad comercial norteamericana, publicó un informe en el que definía a La Salada como un centro de fraude y falsificación de marcas, a lo que en aquella oportunidad Castillo respondió que el 40% de la mercadería que se vendía en la feria era ilegal, pero que ello ocurría por fuera de los límites de Punta Mogotes, en terrenos que rodean esa parcela a su cargo.

Desde ya que es motivo de aliento que se detecte el comercio irregular para obligarlo a cumplir con las mismas obligaciones que le son requeridas al que se encuentra debidamente establecido. Sin embargo, la pregunta es por qué se llega a estos extremos en los que la ley siempre se aplica en forma tardía, una vez que la ilegalidad ya se ha hecho dueña de la situación.

La evasión fiscal, el trabajo en negro y la esclavitud laboral en nuestro país han crecido al amparo de la falta de controles, cuando no de la complicidad de las autoridades. Revertir esa situación ya no admite más justificaciones ni demoras.

Cuando delito y fraude rodean a este gobierno...¿Por qué?