El plan de Cristina: negociar con Repsol, pero sin Brufau

Por Carlos Pagni - A NACION

Cristina Kirchner planea participar de la XXII Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Cádiz el 16 de noviembre próximo. El viaje está asociado a otra decisión: explorar una negociación con Repsol que clausure el conflicto por la expropiación de YPF. El ejercicio debe partir, para ella, de una premisa indispensable: la decapitación de Antonio Brufau, el presidente de la petrolera española.

La reapertura de conversaciones con España se analiza desde hace una semana en ambas orillas del Atlántico. Su auspiciante es Miguel Galuccio. Comprensible: la inexistencia de indicios de que Repsol será compensada es una dificultad principal de su gestión al frente de YPF. "Hasta que no se haga un gesto, los eventuales inversores seguirán viendo a Miguel como un okupa", explica un amigo del ingeniero.

La Presidenta también advirtió el problema cuando, durante su paradójico road show en Nueva York, intentó que alguna multinacional norteamericana reemplazara a la multinacional española en la gesta por la "soberanía hidrocarburífera".

Un puente hacia Repsol aliviaría ese inconveniente. Pero la señora de Kirchner no está dispuesta a tenderlo si el interlocutor es Brufau. El ejecutivo catalán terminó de ganarse su animadversión cuando declaró que la estatización de YPF era la represalia del Gobierno a su negativa a pagar sobornos por la provisión de gas licuado.

La suerte de Brufau depende, una vez más, de Isidro Fainé, su coterráneo, eterno rival y, desde hace una década, su jefe. Fainé es el presidente de La Caixa, en representación de la cual Brufau conduce Repsol.
Es posible que Fainé, una figura determinante en su país, comience a escuchar insinuaciones para que suelte la mano de Brufau. Es fácil adivinar los mensajeros.

Uno podría ser el mexicano Carlos Slim, que es socio de La Caixa y tiene una relación estrecha con el kirchnerismo, sobre todo por su vínculo con Juan Manuel Abal Medina, padre y homónimo del jefe de Gabinete. Slim tiene motivos para estar malhumorado con Brufau, quien le solicitó que financiara el malhadado ingreso de los Eskenazi en YPF. Los Eskenazi no pagaron su deuda y Slim debió quedarse, a desgano, con acciones de la empresa.

César Alierta sería otra paloma de la paz. Es el presidente de Telefónica, cuyo vice es Fainé, dado que La Caixa es el segundo accionista de la compañía. Como todos sus colegas, Alierta atraviesa una tormenta. Suspendió la distribución de un dividendo, vendió la participación de Telefónica en China Unicom, y aclara que las finanzas de la compañía no están contaminadas por el riesgo español, para lo cual trasladó la cabecera de la empresa a territorio brasileño.

Es razonable que quiera liquidar conflictos en ultramar, sobre todo en la Argentina, donde su empresa fue sometida al acoso regulatorio del Gobierno en el mismo momento en que se estatizaban las acciones de Repsol.

El atribulado Mariano Rajoy también celebraría suprimir a la Argentina de su lista de problemas. Sobre todo porque el rey Juan Carlos y él mismo evitarían el costo de fotografiarse en Cádiz con una confiscadora beligerante.

La pretensión de la Presidenta no es disparatada. Brufau está en un mal momento para resistir la embestida. El principal factor de su encumbramiento en Repsol, su cercanía al socialismo catalán, carece de interés ahora que la Generalitat es presidida por Convergencia y Unión. Sólo porque la captura de YPF fue muy agresiva, Brufau fue eximido de justificar su estrategia de inserción en el país, reducida a confiar los intereses de Repsol al misterioso vínculo entre la familia Kirchner y el "experto en mercados regulados" Enrique Eskenazi, quien ni siquiera lo notificó de que ya no era bienvenido en el palacio.

La presión sobre Brufau está adquiriendo una dimensión bolivariana. A pedido de De Vido y de Galuccio, Hugo Chávez amenaza con castigar a Repsol en Venezuela.

Gracias a su embajador en Madrid, Carlos Bettini, la Presidenta cuenta con un mapa bien detallado de los intereses que se juegan en la península. Pero ahora reforzó ese conocimiento por la entrada en escena de otro actor crucial: Luis del Rivero. Era el titular de Sacyr cuando la constructora encabezaba a los accionistas de Repsol. Y ha sido el fiscal más severo de Brufau en el seno de la empresa. Aunque perdió la partida cuando se propuso reemplazarlo.

Con los 5 millones de dólares que invirtió en YPF, Del Rivero despertó la simpatía kirchnerista. ¿Cómo no iba a hacerlo? Es un español que apuesta a la nueva dirección y, además, denuncia los extravíos de Brufau, como acaba de hacer en una entrevista con el periódico Expansión.

Franqueadas las puertas del Gobierno, Del Rivero comenzó a defender una tesis audaz: Repsol debería abandonar su embestida jurídica a cambio de incrementar de algún modo su participación del 12% en YPF.
Del Rivero, como todos los que observan a YPF, puso la mira en Vaca Muerta, el promisorio reservorio de petróleo y gas no convencionales. Para preservar esa atracción, Galuccio se propone convertir al yacimiento en el activo de una nueva empresa que funcionaría como filial de YPF. Ese formato desligaría a los inversores de la comercialización de combustibles en el mercado doméstico, que es donde los objetivos políticos del kirchnerismo perturban la gestión empresarial.

A la apertura de negociaciones con Repsol y a la transformación de Vaca Muerta en una subsidiaria de YPF, Galuccio agregó la propuesta de un ajuste en los precios de los hidrocarburos.

Candoroso, no imaginó que su sugerencia desencadenaría una iniciativa corrosiva para sus propios intereses: el decreto 1277, que convirtió al viceministro de Economía, Axel Kicillof, en el administrador de todo el negocio petrolero. Tal vez Galuccio sabía que para el kirchnerismo los precios no resultan de la interacción entre la oferta y la demanda, sino de la determinación de costos y rentabilidades por parte de un Estado esclarecido.

Los planes de Galuccio se han vuelto anecdóticos a la luz de un ensayo planificador que profundiza la crisis del sector energético. No en vano el ingeniero confiesa a sus amigos: "Si me enloquecen, vuelvo a Londres, donde todavía están mis hijos".
Los concesionarios de áreas de petróleo y gas han sido convertidos en contratistas del Estado. La comisión que integran Kicillof y representantes del ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno decidirá niveles de inversión, precios, disponibilidad de productos, y podrá rescindir concesiones, en detrimento de los derechos provinciales. Las empresas privadas resolvieron, en una reunión del jueves pasado sobre la que informó La Nación, expresar sus preocupaciones al viceministro.

Tal vez pidan una entrevista o envíen una carta. Los extranjeros recurrieron a sus embajadas y en los estudios jurídicos especializados estalló la demanda. De a poco la Argentina termina de desaparecer del mapa internacional de la inversión.

El avasallamiento de las provincias será muy tangible. Kicillof determinará sus regalías al aprobar o revocar una concesión, como denunció el sindicalista de Neuquén y director de YPF Guillermo Pereyra, quien llamó a un paro de protesta. Su amigo el gobernador Jorge Sapag fue más prudente: "En la provincia la que manda es la provincia", advirtió. Los demás gobernadores, engrillados a la Casa Rosada por sus urgencias fiscales, se muerden la lengua, a lo Scioli, mientras que la presidenta Cristina Kirchner hace otra demostración de su prodigiosa flexibilidad. Así como era federalista en su provincia, se ha vuelto hiperunitaria en la Nación. Su voluntad de poder es la medida de todas las cosas.

Kicillof ha sido bastante improvisado al diseñar su pequeño Gosplán. Se propone evaluar los planes de inversión de las 279 concesiones petroleras en sólo 60 días; asignar un precio a cada costo; fijar pautas anuales a inversiones de larga duración; establecer metas cuantitativas para los trabajos de exploración. Pero se olvidó de incorporar a su mecano al sector eléctrico, consumidor decisivo de gas y combustibles.

Las responsabilidades administrativas también son controvertidas. Kicillof deberá sortear las zancadillas de los desplazados Moreno y De Vido. Y se fiscalizará a sí mismo, ya que como director intervendrá en la formulación del plan de negocios de YPF. Más allá de las objeciones teóricas y prácticas que merezca, el revival planificador de Kicillof olvida una condición esencial a las ingenierías socialistas del siglo pasado: el Estado era el propietario de las empresas y los insumos.

Cristina Kirchner todavía no ha dado ese paso del intervencionismo al estatismo. Pero Kicillof va en esa dirección. Sobre todo si decide adjudicar a YPF las concesiones que rescinda a otras empresas. Nada que sorprenda. Como los ideólogos de la convertibilidad, él está convencido de que su receta es infalible. Si no conduce a los objetivos deseados, no es por error, sino por inconsecuencia. Es decir, porque el plan no fue llevado al extremo como se debería. Lo explicó el maestro Hegel: "Cuando la idea no coincide con la realidad, peor para la realidad"...