El Estado se adueñó del 15% de Aeropuertos Argentina 2000

Por Martín Bidegaray (mbidegaray@clarin.com) - Diario Clarín

Desde marzo de 2008 que el Estado nacional estaba facultado para convertirse en dueño del 15% del capital accionario de Aeropuertos Argentina 2000, la concesionaria de 33 estaciones aeroportuarias en el país. Ayer, a casi cuatro años de esa resolución, el Gobierno decidió dar el paso: transformó unas obligaciones negociables convertibles en acciones y es oficialmente propietario de una parte de los aeropuertos. De esa forma, será socio de Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekian .

En la empresa no había ayer una explicación sobre por qué el Estado concretó ahora algo que podía hacer desde años. El Poder Ejecutivo ya tiene un director en Aeropuertos. Desde 2007 que en la compañía sabían que, en algún momento, el Estado tomaría una participación. La movida oficial llegaen un momento en que algunos empresarios creen que el ministro de Planificación Julio De Vido –interlocutor habitual de los hombres de negocios– está perdiendo peso en el gabinete. También está a un mes de la visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Chile, donde Eurnekian quiere que avance la obra de un correador biocéanico entre ambos países.

Con el 15% de la empresa en manos del Estado, la participación de Eurnekian en Aeropuertos bajará del 99% que tenía en julio a 84%. El 1% restante seguirá en manos de constructora Riva.

Eurnekian tomó el control de los aeropuertos en la privatización de 1998. Allí, se impuso porque ofreció a pagar un canon anual US$ 171 millones. En el consorcio original lo acompañaban la estadounidense Ogden y la italiana SEA, que se terminó de desvincular el pasado junio (le vendió su 10% a una sociedad uruguaya Cedicor, que es controlante de Corporación América).

A poco de tomar la concesión, la empresa no pagó el canon comprometido. La situación de incumplimiento del pliego licitatorio llevó a Aeropuertos a renegociar con el Estado nacional, con el que acumuló deudas por más de $ 800 millones. El Estado estuvo dispuesto a compensar a la firma por la pesificación. La empresa pidió pagar un porcentaje de sus ingresos en lugar de un canon. En 2006, hubo acuerdo entre el Estado y la empresa. Se extendió la concesión hasta 2028 y el Estado quedó habilitado para tomar hasta un 15% de la empresa, tal como reflejó el decreto 1799 de diciembre de 2007.