Grupos organizados ingresan bultos con mercaderías y cocaína
En la mayor parte de la frontera con Bolivia todo pasa sin control. En Aguas Blancas, a escondidas o a la vista de gendarmes y funcionarios de la Aduana, los contrabandistas cruzan el río Bermejo con bultos que contienen todo tipo de mercadería, incluída la cocaína.
"Por el paso de Aguas Blancas los narcos trasladan el 20 por ciento de la cocaína que llega al país, aunque la mayor parte del tráfico ilegal es canalizado por el paso de Salvador Mazza. Allí es donde se han realizado los grandes secuestros de droga", explicó a LA NACION un funcionario argentino que integró el grupo apoyado por la DEA (Agencia de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos), que operó en la capital provincial hasta abril pasado.
Esto ocurre en la provincia donde los jefes de las bandas de narcotraficantes amenazan a jueces federales, reclutan a policías y gendarmes y hasta a políticos para poder controlar el paso de la cocaína producida en Bolivia hacia los grandes centros urbanos del país y, de ahí, hacia Europa.
Dos jueces federales salteños fueron amenazados por bandas de narcotraficantes. Un grupo de colombianos reclutó a gendarmes para cruzar la frontera con casi una tonelada de cocaína. Un subcomisario de la policía local está prófugo desde hace cuatro meses acusado de traficar 50 kilos de droga. Y otra banda de colombianos contrató al presidente del Consejo Deliberante de Joaquín V. González para valerse de su empresa de exportación de carbón vegetal para enviar estupefacientes a Europa.
Uno de los factores que favorecieron el crecimiento del poder del narcotráfico en la zona es que en abril pasado dejó de funcionar una fuerza especial de tareas que la DEA había instalado en la capital salteña para colaborar con las fuerzas federales y la policía local.
Este cronista pudo comprobar que en el edificio de frente revestido con mosaicos negros situado en España al 900 funciona actualmente una escuela de abogacía a distancia. Allí nada queda de la Northern Border Task Force (NBTF), tal como se denominaba en la DEA a la fuerza de tareas que operaba en la frontera con Bolivia, con apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
Nada se sabe sobre el destino de toda la información de inteligencia sobre las bandas de narcotraficantes acumulada en los casi diez años que estuvo operativa esa fuerza de tareas antidrogas. Mucha de esa información derivó en causas judiciales que se instruyeron en los distintos juzgados federales de la zona.
Hubo un caso que nunca se judicializó y que tuvo como sospechoso a un hombre que se presentó como coronel de la fuerza aérea de Colombia y llegó a Salta para alquilar una pista de aterrizaje. Estaba dispuesto a pagar el doble de los 50.000 dólares que los narcotraficantes abonan habitualmente por sitios para que sus avionetas dejen sus cargas.
"Este coronel buscaba un terreno con condiciones especiales. Necesitaba algo fuera de lo común porque el avión que aterrizaría en esa pista vendría con mucha carga y desde muy lejos. Cuando se intentó judicializar el caso ningún funcionario quiso ocuparse de conseguir el terreno para que el avión aterrizara y, cuando lo hiciera, secuestrar la carga. Creo que ese coronel siguió su búsqueda pero en otro lado", recordó un ex oficial que formó parte de esa fuerza de tareas. Nadie desmintió que el coronel haya concretado su propósito.
Si bien hace cuatro meses el Gobierno instaló radares para la detección de avionetas con droga, habrá que esperar hasta 2013 para que el sistema sea efectivo. Además, el Poder Ejecutivo Nacional decidió crear dos nuevos juzgados federales en la zona. Uno se instalará en Tartagal y el otro, en la ciudad jujeña de Ledesma. Pero ninguno de los juzgados funciona aún, pues todavía no fueron designados los magistrados.
En 2011, a partir de investigaciones realizadas desde el juzgado federal de San Ramón de la Nueva Orán fueron secuestradas casi dos toneladas de cocaína. Esos procedimientos se realizaron en las cuatro rutas por las que ingresa en el país el 90% de la cocaína: las rutas nacionales 34 y 9 y las provinciales 50 y 5.
Raúl Juan Reynoso fue el magistrado que ordenó esos operativos. Hace cuatro meses sufrió un sabotaje contra su auto. "Había viajado a Salta con mi familia y estacioné en un lugar donde había 30 cocheras. Cuando llegué a una estación de servicio para cargar combustible el playero me avisó que la tapa del tanque de nafta había sido violentada. Entonces llamé a la policía. Los mecánicos revisaron el auto y encontraron cuatro kilos de azúcar en el tanque de combustible. La intención de quienes hicieron el sabotaje era, posiblemente, atacarme cuando el coche se detuviera en medio del camino de regreso a Orán, en la zona de monte", explicó Reynoso a LA NACION, en su despacho.
Luis Bavio fue el otro magistrado federal salteño amenazado. Según las pruebas acumuladas hasta ahora, las intimidaciones a ambos magistrados habrían sido realizadas por dos bandas distintas de narcotraficantes...
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