Los cambios de la Presidenta para no quedarse sin la caja

Por Carlos Pagni - LA NACION
"Hugo" ha pasado a ser el "compañero secretario general de la CGT". Y el "señor presidente de la UIA", el "Vasco". Sale Jorge Brito. Entra Paolo Rocca. Se anuncia una "quita de subsidios". Y en Aerolíneas se coloca un torniquete.

La platea asiste, perpleja, a la rotación del escenario. Pero convendría no dejarse engañar por el frenesí de las mutaciones. Cristina Kirchner da la impresión de estar haciendo muchos cambios para que algo permanezca inalterable: la caja. De las inconsistencias de su política económica sólo ve con nitidez las penurias del Tesoro. Es ésa la restricción que pretende corregir. Lo demás son consecuencias, no objetivos. En la rueda de la fortuna pueden caer los banqueros y ascender los industriales. Importa poco si se consigue salvar lo principal: que la política cuente con recursos para asegurarse, a través de intervenciones obsesivas, la disciplina de los actores sociales y económicos.

La Presidenta ha ido al rescate de esta capacidad amenazada. La espiral inflacionaria, la incógnita energética y el retraso cambiario siguen esperando un tratamiento. Mejor no confundir. Ajustar no significa siempre normalizar la economía, ni pactar con los empresarios es siempre ir hacia el mercado.

Algunas trampas verbales favorecen el desconcierto. Julio De Vido y Amado Boudou lograron que a la aplicación de un nuevo impuesto se la llame eliminación de un subsidio. El Gobierno extendió a varias industrias y barrios residenciales, elegidos con criterios poco claros, un cargo específico que se venía aplicando sobre un pequeño universo de contribuyentes. De paso, incrementó la alícuota de ese cargo en un 34 por ciento.

Tiene razón Boudou. No es un aumento del gas, el agua y la electricidad. Es un nuevo tributo que el Estado recauda para solventar las gigantescas importaciones de gas de De Vido. La Justicia ha dictaminado, en numerosos fallos, que estos cargos específicos son inconstitucionales, por tratarse de impuestos que no fueron aprobados por el Congreso. La Defensoría del Pueblo opinó del mismo modo. Por esta razón, organizaciones como la Unión de Consumidores de la Argentina recomiendan no "renunciar al subsidio", es decir, no aceptar el impuesto.

El discurso oficial sostiene que, como el "modelo" ha sido exitoso, los contribuyentes pueden prescindir de la ayuda fiscal. La realidad es que, como el "modelo" se quedó sin recursos, los contribuyentes serán sometidos a una mayor presión impositiva. Los efectos de esta medida todavía se desconocen. Algunos expertos temen que, a partir de diciembre, industrias como la petroquímica queden fuera de juego. La UIA guarda silencio. José Ignacio de Mendiguren -"el Vasco" de la Presidenta- aduce: "Si los interesados no se quejan, ¿por qué me piden que me inmole? ¿O usted no leyó la felicitación de las grandes empresas de AEA al Gobierno?".

La razón principal por la cual se transfiere a los bolsillos de los usuarios un costo que hasta ahora salía de rentas generales está fuera del debate: el Estado ya no puede afrontar las importaciones de energía, que han obligado a transferir al exterior US$ 4500 millones en 2010, US$ 9500 millones este año y US$ 13.000 millones en 2012. Por este agujero se van muchísimos de los dólares que busca Cristina Kirchner cuando bloquea el mercado de cambios. De Vido no ha sido en energía más eficiente que Mariano Recalde en Aerolíneas.

El Gobierno debe hacerse de recursos. Pero sigue sin comunicar reforma alguna de su política energética. Al productor argentino de gas seguirá cobrando US$ 2 por millón de BTU; al boliviano, 10, y al qatarí, 13. Delicias del proyecto nacional. Cristina Kirchner carece de un programa de ampliación de la oferta de hidrocarburos. A lo sumo, por el peso del impuesto, disminuirá la demanda. ¿Cambio? Ninguno. El miércoles pasado, De Vido avisó a las distribuidoras, a través de un emisario, que no se ilusionen con aumentos de tarifas.

El Gobierno resolvía sus angustias emitiendo pesos, hasta que Mercedes Marcó del Pont descubrió que con esos pesos se pueden comprar dólares. En la Conferencia de la UIA, batiendo el récord del egocentrismo, la Presidenta se quejó de los que "me hacen contado con liqui" o "me remesan utilidades". No se preguntó por qué antes no se lo hacían. Además, demostró su dificultad para comprender el problema al decir que su política cambiaria ha sido la constante depreciación de la moneda. En el reino de la nominalidad, donde vive el Gobierno, es así. Pero en el mundo real, el peso se viene apreciando 20% cada año. Para advertirlo hay que incorporar un factor que la Presidenta se niega a pensar: la inflación.

El discurso de la UIA fue, en este aspecto, muy revelador. Cristina Kirchner confesó que no devalúa más para que no se disparen los precios. El ancla de su economía es, entonces, el tipo de cambio, no la tasa de inflación. No hay política más regresiva. La incomprensión de que es la inflación la que determina los movimientos cambiarios, y no al revés, la conduce a nuevos controles en el mercado del dólar. La Presidenta calificó de tontos a quienes creen que, como aconsejó su vocero más calificado, se prohibirá por ley remitir utilidades al exterior. Tiene razón. No habrá ley. Sólo amenazas. Débora Giorgi llamó el último viernes al ejecutivo de una compañía para exigirle que, "como argentino, cumpla la orden" de anular una transferencia de ocho millones de dólares, "si no quiere que se le quite el subsidio al gas". Diez días antes, Moreno prohibió a otra empresa pagar una deuda con el BID. Si no intervenía Marcó del Pont, la Argentina habría entrado en default con un organismo multilateral. Había pasado una semana de la reunión de Cristina Kirchner con Barack Obama.

Estas presiones no implican una nueva política cambiaria, imposible de abordar si no se ataca la inflación. Son otro aspecto de la custodia de la caja. En este caso, las reservas monetarias. A la misma hora en que Giorgi apelaba a la argentinidad de una multinacional, los técnicos del Banco Central Jorge Rodríguez y Juan Basco comunicaban a los bancos la obligación de informar las operaciones de compraventa de dólares de sus clientes con 15 días de antelación. "Es un alivio. Nos sacan del medio. Que se las agarren con las empresas", comentó, con sinceridad, un banquero.

Sin embargo, en el mensaje a los industriales quedó claro que, alineada con los vientos del mundo, la señora de Kirchner ha identificado al "sector financiero" como su nuevo enemigo interno. Moreno y Marcó del Pont aprovechan para vengarse del eterno menosprecio de Jorge Brito. "Brito está, con Magnetto, en el eje del mal", alardea el secretario de Comercio. El banquero acaso ignore que su confraternidad con Amado Boudou lo ha envuelto en una interna ajena, cifrada, en la que Moreno y Marcó tienen poco que ver. ¿Y si pidiera a Hugo Luis Biolcati una gestión de buenos oficios? Las vueltas de la vida.

Para el kirchnerismo, el problema no es Brito. Son los bancos. En poco tiempo se reactivará el proyecto de ley de entidades financieras para que el Estado fije la tasa de interés y oriente el crédito.

También es la codicia fiscal, y no una nueva gestión aerocomercial, la que recalentó el conflicto de Aerolíneas. Y es ese mismo afán el que enemista a la Presidenta con Hugo Moyano. Astuta, ella construyó un malentendido ante los industriales, asegurándoles que no avalaba la ley de reparto de ganancias. Jorge Altamira y Claudio Lozano agradecen la escena. Sin embargo, Moyano no está insistiendo en ese proyecto, sino en algo más molesto: el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Quiere un incremento de salarios que salga de los recursos del Tesoro. Desde la Casa Rosada se lo niegan con una excusa insólita: "Si les damos esa plata, los trabajadores saldrán a comprar dólares". Delicias del proyecto popular.

Cristina Kirchner se propone aislar a Moyano del resto del movimiento obrero. Mañana De Vido y Carlos Tomada se mostrarán con varios secretarios generales en el lanzamiento de una confederación de gremios energéticos. Pero el problema no es Moyano. Es el sindicalismo. Mendiguren comunicó a varios dirigentes un pedido del Gobierno: limitar las paritarias al 18%. Es una exigencia razonable. Si se niega la inflación, claro. Pero Moyano acaba de repetir que su Indec es la góndola del supermercado. Los interlocutores de Mendiguren fueron más cooperativos: pidieron, a cambio, un congelamiento de precios.

La Presidenta reivindicó ante la UIA su foja de servicios en favor de los trabajadores. A la luz de ese currículum adquiere más densidad otro antecedente: el decreto 309/92. Lo firmó el gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner para recortar un 15% los salarios. Entonces, como ahora, estaba en riesgo la caja del Estado. Un elogio a la coherencia...