Sin compromiso de cooperación entre los Estados, no podremos erradicar la pesca ilegal

Por Roberto García Moritán - @RGarciaMoritan - Infobae.com
 

Naciones Unidas ha declarado incluso un día de este mes como el Día Internacional de Lucha contra la Pesca Ilegal para enfatizar los desafíos mundiales y regionales para combatir la pesca fraudulenta, que asciende a 26 millones de toneladas anuales por un valor aproximado de 25 mil millones de dólares. Se trata del tercer delito más lucrativo del mundo, luego del tráfico de armas y las drogas.

Con el 90% del sector pesquero mundial explotado o sobreexplotado, la cuestión de la prohibición de la pesca ilegal adquiere un carácter de enorme urgencia para preservar la sostenibilidad de los ecosistemas en los océanos. La mayoría de las zonas económicas exclusivas (ZEE) se encuentran amenazadas por este problema y son vulnerables a los operadores pesqueros ilegales. Science Advance ha publicado que el 77% proviene de China, Corea del Sur, España, Indonesia, Japón y Taiwán.

Para combatir este flagelo como el que afecta a la Argentina (la denominada milla 201, con pérdidas anuales de varios miles de millones de dólares), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) ha adoptado diversos instrumentos como el Código de Conducta para la Pesca Responsable de 1995, el Acuerdo de Medidas del Estado del Puerto (PSMAA) de 2009 y, entre otros, las directrices voluntarias para la realización del estado del pabellón de 2014. Atento a que el problema no puede enfrentarse o cubrirse exclusivamente por patrullas marítimas y vigilancia remota, la FAO estimula la cooperación internacional y el desarrollo de plataformas tecnológicas avanzadas de intercambio de información para reducir los riesgos de la pesca ilegal.

Los países de África Oriental, por ejemplo, han creado Fish Africa para mejorar el intercambio de datos y el cumplimiento de reglamentos e instrumentos jurídicamente vinculantes para prevenir la pesca ilegal.

Las 15 organizaciones regionales de pesca son mecanismos adicionales que adquieren relevancia para tratar la pesca depredadora en alta mar como es el caso en el hemisferio sur de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT), la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO), la Organización de Pesca del Atlántico Suroriental (SEAFO) o, entre otros, el Convenio para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR).

Otro ejemplo de cooperación transfronteriza es la labor de coordinación para proteger el estatus de las pesquerías que encaran desde hace una década Colombia, Ecuador, Perú y Chile en el marco de SPRFMO. Estos países han logrado fijar estrategias comunes y un marco subregional de trabajo conjunto, la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS).

El Atlántico suroriental también cuenta con una organización de ordenamiento pesquero. La SEAFO, establecida en 1995, cubre una zona significativa del Atlántico sur incluyendo parte del área denominada 41 por la FAO, y está integrada por Angola, Sudáfrica, Namibia y el Reino Unido en nombre de Santa Elena, Islas Ascensión y Tristán da Cunha. La convención, firmada en el 2001, ha sido ratificada por nueve Estados.

Estos antecedentes ponen en evidencia una acción multilateral contra la pesca ilegal de gran interés y en proceso de expansión. Es importante que todos los Estados reiteren su compromiso de cooperación para erradicar este flagelo que representa una amenaza para la seguridad alimentaria global.

El autor es ex vicecanciller de la Nación.