Sindicatos, organismos públicos, pilotos de TC y municipios "compraron" facturas truchas para estafar a la AFIP por $ 5.000 millones

Por Andrés Klipphan - Infobae.com

Detalles exclusivos de una causa escandalosa

Algunas de las patentes secuestradas durante los allanamientos

Doce sindicatos, cinco municipalidades, escuderías de TC, pilotos de competición, tres organismos públicos, entre ellos un ministerio, son solo algunos de los de los 3.500 usuarios que se beneficiaron "comprado" facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100 "usinas" comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez. A través de esa metodología estafaron a la AFIP por $ 5.000 millones –mil millones más de lo que se creía originalmente- al evadir impuestos como el IVA, ganancias y salidas no documentadas.

Infobae reveló la semana pasada la maniobra perfectamente organizada por la asociación ilícita integrada por 16 personas, entre ellas funcionarios de la AFIP y un policía federal en actividad.

Gómez era el encargado de conseguir los clientes que provenían de todo el país. Tanto es así que el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, a cargo de la causa, le ordenó a la Prefectura Naval Argentina, al mando del prefecto general Eduardo Scarcello, más de 50 allanamientos en localidades como Santa Rosa, Pinamar, La Plata, Avellaneda, Sarandí, Quílmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bolívar, Tandil, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Rosario, Lomas de Zamora, Santa Cruz, entre otros lugares.

Los que "compraron" facturas truchas

En la causa ya fueron identificados la mayoría de los 3.500 beneficiarios de esas facturas electrónicas apócrifas y las 100 "usinas" generadoras de ellas. Todas las "usinas" tenían como titulares a personas indigentes y de bajos recursos acercados a la banda por el policía en actividad –ya fue separado de la fuerza- Darío Benavides, pariente de Gómez, quien además era el custodio y "culata" del grupo.

El uniformado no solo era el encargado de aproximarse y convencer a los indigentes de aceptar firmar la documentación y hasta realizar los trámites ante la AFIP como presuntos responsables inscriptos sin límite de facturación. También era el que les pagaba entre $ 5.000 y $ 10.000 a las denominadas "usinas" por prestar sus nombres.

El resto corría por cuenta de Russo. Él se encargaba de poner a nombre de las personas "sin capacidad económica" las sociedades o reales a través de las cuales se facturarían los trabajos nunca realizados para descargar los impuestos.

La organización también contaba con dos empresas perfectamente establecidas y también utilizadas como "pantalla" para realizar las estafas: Argentina Publicidad Contemporánea y Suárez Constructora. Al frente de ellas estaban las parejas de Gómez y del policía Benavides.

Entre los municipios que utilizaron buena parte de las facturas truchas generadas por estas "usinas" figuran la Municipalidad de Pilar, a cargo de Nicolás Ducoté (PRO) quien asumió el cargo en diciembre de 2015; y la Municipalidad de José C Paz., cuyo intendente es un histórico del peronismo del Conurbano Bonaerense Mario Alberto Ishii (reasumió funciones en diciembre de 2015. Pero antes había sido el alcalde del distrito entre el 10 de diciembre de 1999 y la misma fecha pero de 2011).

En otras intendencias, la AFIP detectó cientos de miles de pesos facturados con boletas apócrifas por la venta de arena, cemento, cal, pintura y otro tipo de presuntas prestaciones, como publicidad y encuestas.

También están involucradas la Municipalidad de La Calera, Córdoba. Está a cargo del reelecto intendente justicialista Rodrigo Rufeil, también ex ministro de Desarrollo Social del gobernador Juan Schiaretti. Es el mismo Rufeil denunciado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito, imputación negada por el aludido funcionario.

Por otro lado, la Municipalidad de Puerto Iguazú, a cargo de Claudio Raúl Filippa, también figura entre los involucrados. El alcalde ya fue procesado en dos causas iniciadas por su ex esposa por los presuntos delitos de "lesiones leves" y "lesiones leves y amenazas". Uno de los procesamientos quedó firme y ya fue elevado a juicio.

Después de allanar esas municipalidades y secuestrar buena parte de la facturación apócrifa, el juez Armella imputó a todos los intendentes en funciones. Es decir sin tener en cuenta si la estafa a la AFIP la había realizado la administración anterior –en el caso que los jefes comunales no hayan sido reelectos-.

De ser así, se le dictará la falta de mérito al actual funcionario, y se imputará al anterior. Pero para que eso suceda la AFIP deberá realizar la "determinación de deuda" de cada uno de los organismos involucrados en la maniobra delictiva, algo que aún no terminaron de hacer los contadores del organismo recaudador.

Un buen ejemplo de esto es el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tanto el actual ministro, Andrés Scarsi, como su antecesora en el cargo –también de Cambiemos- Zulma Ortiz, se presentaron ante el juzgado federal de Quilmes manifestando que la facturación trucha utilizada por esa cartera era anterior al 10 de diciembre de 2015 –fecha en que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal-. Es decir que correspondía al entonces ministro sciolista, Alejandro Collia.

Otro de los organismos que utilizó facturas truchas es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), a cargo de Rodrigo Aybar.

En diálogo con uno de los altos funcionarios de ese organismo, se aseguró que cuando el juez Armella los cite a declarar demostraran que la facturación apócrifa –que existe- correspondía a la administración del peronista Daniel Scioli.

Sostienen que los funcionarios anteriores –José Molina y Hugo Bilbao- le alquilaban un supuesto local "a estos tipos", por Russo y Gómez.

Como se razona, la tarea de Armella y la secretaría que trabaja a destajo en este expediente, tendrán una dura tarea para llegar a la verdad y castigar a los culpables.

La banda criminal de Russo, considerado como uno de los mayores estafadores del país, también le "vendió" en el año 2016, es decir durante la actual gestión, facturas apócrifas a BAPRO Medios de Pago S.A.

Los sindicatos

Uno de los mayores beneficiarios de estas "usinas" de facturas truchas fueron los sindicatos.A la cabeza de ellos se encuentra el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE). Su titular es Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT.

Apenas se conoció la noticia del allanamiento a la sede de su sindicato, los abogados del gremio primero reconocieron la existencia de esas facturas truchas. Pero minimizaron su importancia. Aseguraron que había tan solo un puñado de ellas y que se habían utilizado para el pago del alquiler de micros y un hotel.

Sin embargo Infobae está en condiciones de contradecir esa afirmación realizada al diario La Nación. Los peritos de Prefectura descubrieron durante el allanamiento a la sede sindical facturas por USD  9.000.000.

Por eso, los investigadores sostuvieron al ser consultados por este medio que el gremio de Acuña fue el que más facturas apócrifas le "compró" a la banda de Russo y Gómez.

El sindicato de choferes de camiones, cuyo titular es Hugo Moyano, uno de los gremialistas que primero apoyó al gobierno de Mauricio Macri, y ahora está fuertemente enfrentado, es otro de los que usó facturación proveniente de las cien "usinas" ilegales.

A diferencia del resto de los sindicatos, sobre Camioneros la AFIP ya terminó de realizar los peritajes sobre la defraudación al fisco.

Como la suma es inferior al millón y medio de pesos, Moyano, después de reconocer la utilización de esas facturas "homologadas por la AFIP" –cosa que es verdad ya que el CUIT de las empresas fantasmas era reales– ingresó a un "plan de pago" para abonarle al fisco –con los intereses que corresponden- la suma defraudada.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), a cargo del histórico referente sindical, Luis Barrionuevo, también figura en la lista negra de organizaciones obreras que se beneficiaron con las facturas falsas. Por esa razón Barrionuevo también está imputado en la causa.

Como en todos los casos, el juez Armella deberá determinar un punto clave: si la utilización de las facturas apócrifas fue "dolosa o culposa". Es decir si intendentes, ministros o sindicalistas sabían que estaban utilizando ese tipo de documentación, o lo hacían empleados o funcionarios infieles a sus espaldas para sacar un provecho económico.

El magistrado también deberá establecer si además del delito de "evasión" se realizaron otro tipo de maniobras, como por ejemplo, "lavado de dinero". En ese caso la situación judicial de los imputados se agravaría.

Otro de los gremios que en principio son investigados por haberse beneficiado con las "usinas" de facturas truchas para evadir impuestos y posiblemente lavar dinero negro son los sindicatos de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero; el Sindicato de la Carne y Afines; el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral; y el Sindicato de Empleados del Caucho y Afines.

A todos se los investiga por el presunto delito de evasión agravada por el uso de facturas apócrifas.

Las carreras del vale todo

La organización criminal consiguió sus primeros "clientes" entre algunos pilotos y escuderías de Turismo Carretera (TC), en sus distintas categorías, entre ellas las del Top Race. En la causa se estableció que Gómez era el encargado de conseguir los "clientes" y que por esa actividad, Russo le "pagaba" 150.000 pesos por mes, más el 4% de la facturación conseguida en cada factura.

Para lograr su cometido el "socio" de Russo –ambos detenidos- montaba un show en las inmediaciones de arena. Cada fin de semana llegaba temprano a la pista en que se corría –no importaba si era en La Rioja o en Paraná- con sus camionetas relucientes y una docena de provocativas promotoras con sombrillas en la mano, y los "clientes" llegaban como abejas a la miel.

Entre los pilotos más comprometidos se encuentran, Daniel Vázquez, integrante del equipo Quilmes Plas Racing y que en la temporada 2017 terminó en el puesto 35; Fabio "Kelo" Torres, un bolivariense corredor de Turismo Pista en las clases 2 que solía competir con un Chevrolet; y Mariano Tripichio. Los tres –conocidos en el ambiente fierrero aunque no tanto para el gran público- fueron detenidos y después excarcelados por el magistrado.

Infobae pudo saber que estos no son los únicos pilotos bajo la lupa de la justicia. Tanto es así que ya fue allanada la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y en estos momentos se están cruzando los datos de facturaciones, publicidad y contratación de servicios con la base de datos de la AFIP.

Durante la instrucción de la causa, los investigadores escucharon frases como "no hay automovilismo sin facturas truchas". Sucede que los pilotos deben acceder a una pequeña fortuna cercana a los $ 600.000 para participar solo en una carrera.

Al parecer, y siempre según la investigación, en el Turismo Carretera el sistema de las facturas truchas está más que bien aceitado. Y la lógica delictiva es la siguiente: las empresas quieren evadir impuestos y los pilotos necesitan auspicios, sin importar que el monto que reciben es significativamente menor al que se declara en las facturas apócrifas.

El principio del fin

La AFIP descubrió esta fabulosa maniobra delictiva casi por casualidad. O no. Un funcionario de línea le llamó la atención los millones de pesos que en poco tiempo había facturado una ignota empresa que estaba a nombre de María Fernández.

Más dudas surgieron cuando descubrieron que la mujer comenzó a facturar sumas desmesuradas a los pocos días que se inscribió en la AFIP, pero que hasta antes de eso, no tenía ni siquiera un empleo formal.

Y la configuración del delito terminó de establecerse cuando los especialistas de la Administración de Ingresos Públicos, y de Prefectura, descubrieron que las facturas electrónicas de la presunta empresaria María Fernández, eran impresas desde una computadora cuyo IP -toda computadora conectada a internet o a cualquier red posee una identificación única, llamada dirección IP (en inglés, Internet Protocol), compuesta por cuatro combinaciones de números- era utilizada por otras empresas también creadas de un día para el otro y cuyos titulares hasta ese momento o no tenían trabajo o eran beneficiarios de planes sociales.

El resto fue paciencia y seguir los rastros que la banda de Russo y Gómez habían dejado, como si se tratara de las piedras del cuento alemán protagonizado por dos niños, Hansel y Gretel.

Claro que los chicos de la historia infantil dejaron los pequeños trozos de canto rodado exprofeso para no perderse en el bosque. En cambio, la asociación ilícita lo hizo por descuido y esos rastros los llevó a prisión. Atrás de ellos, quedaron los 120 vehículos secuestrados por Prefectura -buena parte de alta gama-, 77 propiedades, 8 embarcaciones, campos, lujos y millones y millones de pesos "lavados".