Represas patagónicas: el Ministerio de Energía le pidió a China que negocie la salida de Electroingeniería

Por Loreley Gaffoglio - Infobae (Extractado)

Fue antes de la detención de Gerardo Ferreyra, señalado en los cuadernos de la corrupción y uno de los mayores beneficiados con obra pública durante el kirchnerismo

El río Santa Cruz, donde la UTE conformada por la empresa estatal china Gezhouba, asociada a Electroingeniería e Hidrocuyo, construye el polémico complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff y La Barrancosa

Una semana antes de que detonara el escándalo por la "cartografía en prosa" sobre pagos y cobros de coimas por la obra pública durante el kirchnerismo, el ministro de Energía Javier Iguacel recibió en su nuevo despacho a Yang Wanming, el embajador de la República Popular China en la Argentina.

Era la primera vez que conversaban tras la remoción de Juan José Aranguren. Además de dialogar sobre el estado de las obras de las polémicas represas en Santa Cruz, financiadas por bancos chinos a un costo renegociado de USD 4700 millones, el diplomático le manifestó el interés de su país para avanzar en otros proyectos energéticos. Desde la explotación petrolera, a los de energías nucleares, fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica, en afinada sintonía con la matriz energética diversificada a la que aspira el Gobierno.

Recién después de las coincidencias, sobrevino lo inesperado: con mucho tacto, Iguacel fue directo al grano. Se refirió a los cuestionamientos que hace años pesan sobre uno de los tres socios de la UTE Represas Patagonia: Electroingeniería, la empresa cordobesa cuyo vicepresidente, Gerardo Ferreyra, junto a su director comercial, Jorge Neira, están hoy presos, imputados por el presunto pago de unos USD 11 millones en sobornos a la cúpula K, según documentó en sus cuadernos el chofer y escriba Oscar Centeno.

El ministro de Energía Javier Iguacel y el embajador chino Yang Wanming

Sería beneficioso para todos—le espetó, palabras más, palabras menos, Iguacel al diplomático— la salida de Electroingeniería del proyecto hidroeléctrico Condor Cliff y La Barrancosa. Tal vez—sugirió—, Gezhouba e Hidrocuyo podrían comprarle la parte del negocio a sus socios mediterráneos. Buscar una salida negociada para un jugador impuesto con fórceps por el ex ministro Julio De Vido; un delantero ubicuo en la adjudicación de obra pública durante el anterior gobierno y una presencia que en los próximos 6 u 8 años de construcción de las presas estaría, con justicia o no, posiblemente asociado a manejos opacos en una era de cambio.

Los términos contractuales de la UTE contemplan que si alguna de las socias locales cae, se retira o quiebra, la empresa estatal china es responsable solidaria de las obras. Sorprendentemente, nada se sabía entonces sobre el derrotero judicial de los cuadernos del ahora "arrepentido" Centeno.

Pero detrás de esa sugerencia firme y directa se escondía una ristra de argumentos de peso que Wanming conoce bien: el origen de una licitación indecorosa —adjudicada por USD 7000 millones en 2013 por José López a la asiática Gezhouba, asociada en un 54% del negocio hidroeléctrico con la empresa de Ferreyra (36%) e Hidrocuyo (10%)—; el antecedente imborrable de un contrato depurado por unos USD 1300 millones menos y ajustado técnicamente para que no produjera un descalabro ambiental en los glaciares. Todo ello sin contar que la mayor y más onerosa obra de infraestructura proyectada en las últimas cuatro décadas había sido adjudicada de la noche a la mañana en clara violación a las leyes de obras públicas. Hablar de desprolijidades es valerse de un eufemismo.

Por primera vez en cinco años de controversias se les pedía a los chinos que actuaran. Que sacaran a Electroingeniería del medio, de una hidroeléctrica en obra que hoy es la tercera más grande del mundo encargada a China. También, por su envergadura, el décimo proyecto de infraestructura que hacen los chinos fuera de su país. Wanming sonrió. Con templanza budista,  como suele suceder en estos casos, quedó en estudiar el tema. La relación entre los socios, según pudo saber Infobae, es buena. Las fuentes consultadas creen que los asiáticos no harán movimientos en falso hasta ver los alcances judiciales del megaescándalo, si es que efectivamente incide en el "fuero" de los negocios.

En el Gobierno hay lecturas contrapuestas: un sector cree que, de confirmar la Justicia el pago de coimas en la obra pública, una hipotética condena no alcanzaría a las empresas ni impugnaría obras en marcha. Sólo se ceñiría a los protagonistas.

Otros especulan con los alcances de un posible aunque más modesto Lava Jato vernáculo, siempre atado a la voluntad del fiscal Carlos Stornelli y del juez Claudio Bonadio —o de otros miembros del Poder Judicial— para abrir y ramificar la pesquisa a partir de nuevas pruebas y otros "arrepentidos". Pero Argentina no es Brasil ni el tándem Stornelli-Bonadio pueden equipararse a una unidad especial para investigar la corrupción como la que encabezó el juez Moro. También es cierto que nadie puede predecir cuál será el horizonte judicial que, además, puede insumir años para unir todos los presuntos cabos y perfilarse diáfano.

"Lo que no denunció penalmente Aranguren al revisar los desaguisados de la adjudicación de las represas durante la gestión de De Vido, difícilmente lo haga Iguacel, pues ya perdió corrida", dijo una fuente de Casa Rosada que sueña con la salida de Electroingeniería, "siempre que no se violen contratos".

El tema ha sido y es siempre delicado porque tocar a un socio local es molestar a los chinos, los principales compradores de soja y con ansias de expansión en inversiones en la Argentina, reconocen en el Gobierno.

Tanto en el Ministerio de Energía como del Interior quieren que las obras de las rebautizadas represas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz marchen sin más obstáculos de los que han venido sorteando por años. Y a pesar de las polémicas ambientales que todavía generan, las juzgan como una pieza clave para nutrir el futuro esquema diversificado de la matriz energética. Las obras se reiniciaron a toda marcha en octubre pasado. Ya emplean 1500 de los 6000 puestos de trabajo proyectados y una vez concluidas las presas, con una potencia instalada de 1310 megawatts, generarán un 4% de la energía que consume el país.

Por si quedaban dudas, el mismo día en que estalló el escándalo de los cuadernos, en el Boletín Oficial se publicó la última resolución oficial para promoverlas. El Ministerio de Energía, a  través de su resolución 42/2018, las calificó como "Proyecto Crítico", lo cual supone, bajo los términos del artículo 34 de la Ley 26.422, la eximición de aranceles y tasas de importación para todos los insumos (chinos) que empleen las hidroeléctricas. Un claro abaratamiento de los costos que beneficia a los tres socios de la UTE, entre ellos Electroingeniería.