Defraudación en la obra pública

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Bienes de la corrupción: un auto de Cristina Kirchner a punto de ser "recuperado" por el Estado

Se trata de un Honda CRV que está bajo guarda judicial por los embargos contra la ex presidenta. Podría ser destinado a las fuerzas de seguridad o Vialidad Nacional.

Sin una ley aún de extinción de dominio para el recupero de los bienes que fueron producto de la corrupción, el Estado reclama claridad y una definición sobre un listado de 46 vehículos de los procesados en la causa que investigó la defraudación en la obra pública, donde se encuentra el auto de Cristina Kirchner. La Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE), pidió al juez Julián Ercolini que se resuelva la utilización de los bienes tras una acordada de la Corte que determina el manejo de los mismo.

Un listado de 46 vehículos encabezado por un Honda CRV dominio IFU 900, propiedad de Cristina Kirchner y sus hijos, habían ingresado a la AABE. Se trata de automotores que pertenecen a los procesados por defraudación al Estado por direccionar la obra pública vial a Lázaro Báez. El juez Ercolini entregó dichos bienes bajo la figura de guarda judicial al organismo que dirige Ramón Lanus que buscaba darles un fin social.

En esta causa, Vialidad Nacional reclamó 1.200 millones de dólares, a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y los otros procesados en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral (52 contratos por 46.000 millones de pesos), por los “daños y perjuicios” generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados.

No se descarta que las fuerzas de Seguridad puedan ser beneficiarios con el auto de Cristina Kirchner, camionetas de De Vido, José López y Báez. También existe la posibilidad de que Vialidad Nacional reciba parte de estos vehículos.

Cristina Kirchner en El Calafate en 2007 en una camioneta similar a la incautada.

Bajo esta misma línea de recuperar parte de los fondos que el Estado destinó a obras que Báez dejó inconclusas y que, según la investigación, cobró con sobreprecios del 65%, el juez Julián Ercolini afectó al embargo que recae sobre cada uno de los principales procesados por 10.000 millones de pesos, más de 180 propiedades lo que incluye 46 vehículos.  

Hace pocas semanas, el magistrado envió un oficio a la AABE informando que los nombraban depositarios judiciales de 46 vehículos, para “su conservación, evitar el deterioro y la pérdida de valor de los vehículos”. La medida se respalda en el artículo 233 del Código Procesal Penal que dice que se deben “utilizarlos y/o destinarlos a alguna institución u organismo público, que pueda utilizarlos para funciones específicas a su cargo”, explicó entonces a Clarín Ramón Lanús, el responsable de la AABE.