Ya hubo 566 que fueron trasladadas y la semana que viene mudarán a toda la villa 26. Pero todavía queda relocalizar al 63% de la gente.
Vista de la zona de villas de Barracas y de parte de los edificios donde relocalizarán a las familias. Foto: Mario Quinteros.
Nueve años atrás la Corte Suprema de Justicia le daba una orden a los gobiernos de Nación, Provincia y Ciudad: sanear el Riachuelo, uno de los sitios mas contaminados del mundo. Para ello, había que relocalizar a todos los vecinos que viven en sus márgenes, con casas apoyadas sobre terrenos ganados al agua. Terrenos, además, que están conformados por montañas de basura, restos de chatarra e irradiados durante décadas por los vertidos tóxicos de las industrias linderas. En los últimos tiempos comenzó un proceso para dar respuesta a esa orden de la Justicia: lenta y sinuosa, sorteando complicaciones y contradicciones, la relocalización avanza.
Son cinco los barrios que ya fueron o serán intervenidos por este proyecto de relocalización conocido con el nombre "Camino de Sirga": El Pueblito, Villa 21-24, Magaldi, Villa 26 y Luján, todos dentro del territorio de la Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios).
De las 1.837 familias censadas, que deben abandonar las márgenes del Riachuelo, 566 ya se mudaron; y entre el lunes y viernes será trasladada toda la Villa 26 (otras 118 familias). Pero aún resta relocalizar al 63% de la población afectada por la contaminación. Sin embargo la Ciudad aseguró a Clarín que esperan poder hacerlo para 2019.
La clave para lograr la transformación definitiva de toda esta zona, y de lo que es el Camino de Sirga, es la Villa 21-24, uno de los asentamientos humanos más grande de la Ciudad a nivel territorial y en cantidad de habitantes. Aquí se concentra la mayor cantidad de familias viviendo junto al Riachuelo, son alrededor de 1.100.
El proceso de construcción de las viviendas que serán destinadas a estas familias ya comenzó. Y un tema vital tiene que ver con el sitio donde las construirán: "El trabajo que hacemos en los barrios, y nuestra política en villas, fomenta el arraigo. Es muy importante consolidar el barrio y entender que hay familias que llevan 40 o hasta 50 años viviendo en el mismo lugar. Los chicos van a las escuelas de la zona y, si bien puede haber excepciones, todos te van a decir que quiere permanecer en el lugar, es lógico", explica Juan Maquieyra, presidente del IVC.
En el caso de Villa 26, las 118 familias ya firmaron sus títulos de propiedad. Y esperan ansiosos que llegue el lunes, porque ese día arranca la mudanza, que se extenderá por tandas hasta el viernes 15. Las familias más antiguas (64) se mudarán al complejo San Antonio, a unas diez cuadras de la villa. En ese lugar funcionó durante años la fábrica de medias París: el edificio de estilo industrial se vació por dentro y en él se construyeron departamentos de 3, 2 y un dormitorio.
La intención del gobierno porteño es cambiar la lógica: por un lado, que la gente pague por la vivienda (hasta el 20% de sus ingresos, con un crédito a 30 años); y por el otro, generar pertenencia. "Por años el Estado entregaba las viviendas y se retiraba. En este proceso buscamos que la gente se apropiara de sus casas, que acompañaran el proceso de diseño y construcción, e incluso que decidieran entre todos quiénes iban a habitar esas viviendas. Como Estado decidimos dejar de bajar línea para ser coordinadores de este proceso", contó Maquieyra.
En cambio, con las 54 familias que se van al complejo Lacarra -en Villa Lugano, junto al Instituto Superior de la Policía de la Ciudad- se realizó un trabajo diferente: organizaron visitas al barrio, a los clubes, la parroquia y escuelas, para ayudarlos con la adaptación. "Estos terrenos ya se habían adquirido para esta obra. Hubo que adaptarse. Hoy por hoy, no está previsto que las relocalizaciones de los vecinos se realicen en barrios alejados", explicaron desde el Gobierno porteño. En Lacarra hay departamentos mas grandes, algunos de ellos con hasta 5 dormitorios.
En el tema del arraigo, la Ciudad realizó un giro absoluto en sus políticas. En 2007 -cuando arranca la gestión del PRO en Buenos Aires- Mauricio Macri prometió erradicar las villas 31 y 31 Bis. Hoy esa villa es objeto de una gran intervención que, muy por el contrario, tiende a "integrarla" con el tejido formal de la Ciudad.
En el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad -desde donde siguen muy de cerca la relocalización- tienen importantes críticas sobre este proceso. Por ejemplo, respecto a lo que sucede más allá del metro 36 (el Camino de Sirga incluye los primeros 35 metros desde el agua): "La Corte Suprema de Justicia ordenó además de la relocalización, que se urbanice a partir del metro 36, con mejora de las viviendas, de los servicios públicos y la calidad de vida", reclamaron.
Por otro lado, en el mismo organismo mostraron su enorme preocupación sobre el estado de mantenimiento y las condiciones en que viven los vecinos en el Barrio Mugica: problemas constructivos que fueron apareciendo con el uso de las viviendas o mala utilización de los espacios comunes, que algunos vecinos usan para acopiar chatarra o materiales de reciclaje. Aquí es donde reclaman más presencia del Estado.
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