Argentina sigue al tope de causas ante el CIADI

Por Carlos Burgueño - Ambito.com

NADIE LE SACA EL PRIMER PUESTO DE JUICIOS HISTÓRICOS EN CONTRA 

Hace una semana el organismo había resuelto un caso (Autopistas del Sol) pero se abrió uno nuevo por la nacionalización de las AFJP. La mayoría es por reestatizaciones y la salida de la convertibilidad. Sólo Maduro generó más litigiosidad.

La Argentina cerró el jueves pasado el juicio que la española Abertir, entre otros, mantenía contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por la explotación de Autopistas del Sol. Sin embargo el país sumó el lunes un nuevo caso: el que MetLife inició por las nacionalizaciones de las AFJP durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto implica que el país mantiene el mismo nivel de litigiosidad abierta que hace una semana, y que ubica a la Argentina en el primer lugar histórico de causas en contra abiertas, y, hasta ahora, 100% perdidas o negociadas con un pago al litigante. 

Según el banco de datos del tribunal del Banco Mundial, se mantienen abiertos unos 11 juicios pendientes, mientras que se cerraron 43, con un total de 54 planteados en la historia del CIADI. En segundo lugar se ubica Venezuela con 43, seguido por España con 31, Egipto con 29 y México con 20. En este listado se destaca además la Argentina por ser el país que más juicios en contra tiene distribuidos en el tiempo a través de casi dos décadas y media, ya que el resto de los integrantes del listado acumulan causas en un tiempo limitado. Por ejemplo, el Gobierno bolivariano de Venezuela acumula en los últimos tres años un 60% de las causas planteadas por empresas internacionales. El 35% restante se iniciaron durante los tiempos de Hugo Chávez. 

La Argentina había logrado cerrar la semana pasada la causa iniciada por la española Abertis que reclamaba un resarcimiento de u$s359 millones por incumplimientos en la concesión de Autopistas del Sol, de la que detentaba el 31% de la sociedad. 

Según fuentes de la Procuración del Tesoro, que en estos tiempos maneja las causas, el país evitó con la renegociación tener que pagar unos u$s1.135 millones por los reclamos iniciados a la salida de la convertibilidad. Abertis, además, prometió al tener una extensión en los plazos de la concesión, una inversión importante en la autopista que alguna vez construyó y administró Franco Macri. 

Sin embargo la alegría duró poco y el lunes pasado el tribunal habilitó la demanda de MetLIfe por considerarse perjudicado por la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de noviembre de 2008. Así las cosas, todo quedó casi igual para el país ante el CIADI. 

El tema más ruidoso aún por definir es el juicio que Mobil abrió en agosto de 2004 y que ya tiene plena trayectoria en el tribunal, con sanción primaria a favor de la empresa petrolera. El caso nació porque Exxon Mobil planteó que la pesificación de 2002 y la posterior política petrolera argentina perjudicaron sus operaciones en la Argentina y se violaron los correspondientes tratados de protección de las inversiones firmados durante el Gobierno de Carlos Menem. Asegura la petrolera que perdió unos u$s50 millones en su operación de los campos petroleros Chihuidos, Neuquén (del que Exxon controlaba entonces el 51%) y de Aguarague, Salta (donde tenía el 23% ). 

Como "células dormidas", la demanda de la francesa Sauri, que explotaba el servicio de aguas en Mendoza, por unos u$s40 millones, también planteado ante el CIADI y a la espera de una negociación directa con la Argentina. En una condición distinta están los reclamos planteados por algunas gasíferas como Gas Natural Fenosa y Camuzzi, que terminarían levantados según se comprometieron esas empresas cuando se aprobó la revisión tarifaria integral que rige desde el año pasado. 

Como curiosidad, a la Argentina le hace juicio ante el CIADI la nortamericana Enron; una compañía que en su país (y gran parte del mundo) es acusada de fraude y debió enfrentar una quiebra fraudulenta (la más grande en la historia de los Estados Unidos), que incluyó la caída del gigante de la auditoría, Arthur Andersen y prisión efectiva para muchos de sus directores. Sin embargo, en 2001 (el mismo año de su caída) se consideró perjudicada en la Argentina por la salida de la convertibilidad y le presentó un juicio en el tribunal del Banco Mundial por la explotación de Transportadora Gas del Sur (TGS), empresa que luego compró Pampa Energía. 

El último fallo recibido por la Argentina en el tribunal resultó negativo. Fue el que el fondo Burford Capital logró en la causa por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas, por el cual obtuvo unos 140 millones de dólares, en una causa que adquirió en u$s13 millones al grupo español Marsans y que le reportó una ganancia del 980%. Por esta causa los exdueños de la aerolínea de bandera obtuvieron un ingreso casi inesperado de u$s230 millones ya que el fondo Burford sólo había comprado una parte de la causa y los derechos de litigar ante el tribunal internacional. 

El estado que más juicios acumuló en los últimos años es Venezuela; situación que se aceleró en desde que Nicolás Maduro llegó al gobierno al punto de amenazar con quitarle a la Argentina el primer puesto del ranking. En la mayoría de los casos se trata de denuncias originadas en el Gobierno de Hugo Chávez pero con juicios concretados durante el régimen de Nicolás Maduro, por violaciones a los tratados bilaterales de protección de inversiones. 

En este sentido, España y los Estados Unidos son los estados que más denuncian a Venezuela. Curiosamente, se comenta en el Banco Mundial, no hay muchas causas abiertas por las nacionalizaciones bolivarianas, ya que en estos casos se considera que los precios pagados en las indemnizaciones chavistas era justos, y, los más importante, al contado. Al parecer, maduro no tiene estas consideraciones. 

Sorprende en el top 3 de juicios ante el CIADI la presencia de España, 28 causas abiertas. Sin embargo hay una explicación técnica que lo justificaría. El reino debe enfrentar unos 27 juicios por la decisión tomada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de recortar ayudas financieras e impositivas a las energías renovables, lo que le valió un gran rechazo dentro de la Unión Europea y la consideración de varias empresas que había invertido en el sector desde los tiempos de José María Aznar de recurrir al tribunal del Banco Mundial. En mayo pasado se conoció el primer fallo a favor de una empresa privada, la británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que lograron un victoria por 128 millones de euros más intereses. Sin el afair de las energías renovables, España sólo tendría 4 juicios pendientes.