Maestros: el derecho a cobrar y el derecho a no ir

Por Jorge Lanata - Clarin.com

Ausencias docentes. Representaron el año pasado 10.500.000 días de licencia.

“Argentina camina todo el tiempo delante de sí misma”, escribió hace casi cien años Ortega y Gasset. Nos pensamos como suecos o noruegos y odiamos compararnos con Perú o Bolivia, que nos superan en casi todas las tablas. Discutimos la Universidad cuando la mitad del secundario abandona y en la primaria no se comprenden textos simples. Hablamos de cambio cultural y hace unas semanas en la radio un sindicalista de ATE me dijo: -Claro, estamos en contra de la productividad. No me imagino cómo un trabajador puede estar en contra de que su fábrica produzca más. Y si es una fábrica recuperada, ¿también estarán en contra?

Cuando intenté profundizar un poco ese delirio, el sindicalista me explicó que la productividad es una estrategia de dominación del Consenso de Washington.

Esta semana hemos visto cómo los maestros, que hace unos meses se pronunciaron contra los exámenes, se manifiestan hoy a favor del ausentismo. Los sindicatos docentes presentan el asunto como un derecho adquirido, y no discriminan entre las faltas justificadas y las que no. O sea: existe el derecho a cobrar y el derecho a no ir.

En las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires hay un 17% de ausentismo (en las empresas privadas oscila entre un 2 a 3% y en los colegios privados llega al 5%). Es habitual que el mismo maestro que se enferma para lo público se encuentre saludable para lo privado: la actitud es cínica y por cierto bastante cobarde: su ideología llega hasta donde lo dejan.

Ese diecisiete por ciento está compuesto por: enfermedades cortas (28%), largas (49%), ART (enfermedades profesionales, como afonía 23% -los locutores, que hablan durante seis horas corridas en la radio durante todos los días, no tienen esos problemas en la garganta- y el 40% son razones particulares: 40% por exámenes (¿quién estaría en contra de que se preparen?) Es una lástima que tanto conocimiento no llegue al aula, donde los parámetros son cada vez peores), 14% por maternidad, y el resto por diversas razones como actos escolares o donación de sangre –es conmovedor que ganando lo mal que ganan, afónicos y estresados, se arrastren hacia un hospital a donar su sangre a un hermano.

Estas ausencias representaron el año pasado 10.500.000 días de licencia. De cada cinco recibos que el Estado provincial paga, uno es de un suplente. Cuando el gobierno le pidió a las juntas médicas -un servicio tercerizado que se heredó de Scioli- que revisaran las licencias, se dio de alta el 62% de quienes estaban en “largo tratamiento” y comenzó a echarse luz sobre el asunto de las licencias psiquiátricas, tema que llegó a la justicia penal que investiga licencias por treinta días con cuadros de depresión. Cuando en el marco de la causa fue indagado y procesado el Dr. Block, uno de los médicos que emitía certificados truchos, muchos docentes confesaron que no padecían en realidad el cuadro mencionado en el certificado médico. 

Las irregularidades que la prestadora presentó ante ATE, SOEME Y SUTEBA son infinitas:

 -“El agente presentó un talón de licencia apócrifo”.

-“La agente presentó un certificado medico adulterado”.

-“La agente usufructuó una licencia médica por familiar enfermo. Luego se le efectuó una inspección domiciliaria, pero no había nadie en el domicilio. Una vecina informó que se encontraban de vacaciones”.

-“Presentaron certificados médicos y una historia clínica presumiblemente apócrifa”.

-“La agente agredió verbal y físicamente a la profesional por no haberle otorgado la licencia requerida ya que dicha petición no estaba fundada en razones medicas”.

A la vez, la empresa denunció usurpaciones sindicales: “Desde el inicio de la prestación -dicen- hemos sufrido innumerables interrupciones por parte de organizaciones sindicales que, con el supuesto objetivo de velar por los derechos de los trabajadores, irrumpen en nuestros consultorios y obligan a la interrupción del servicio, siempre con exigencias fuera de nuestro alcance y con métodos violentos e intimidatorios”.

El derecho a faltar le cuesta al Estado 14.300 millones de pesos en suplencias. La provincia les propuso a los docentes que, si colaboraran en bajar el promedio, podrían cobrar cinco mil pesos más por año. Los gremios docentes, claro, dijeron que no.

¿Es esta una columna en contra de los docentes? No, es una columna a favor de los docentes buenos: los que van, hacen su trabajo y han enseñado a generaciones de argentinos.