Robos a cuarteles: polémica por la derogación de una norma de Garré

Por Daniel Santoro - Clarin.com

Defensa estableció un protocolo de protección legal para militares frente a ese tipo de delitos. Desde el kirchnerismo salieron a criticarlo.

El ministro de Defensa, Julio Martínez, con las autoridades de Ejército.

Recientemente, un borracho entró al cuartel del regimiento de caballería del Ejército en Villaguay, Entre Ríos, quiso robarse un tanque y no se lo pudo llevar porque no arrancó. Cuando la capturaron, ningún militar sabía exactamente cómo detener y denunciar al borracho ante la policía para que la Justicia decida su situación legal. La anécdota demuestra, por un lado, la situación de falta de seguridad en que han quedado las unidades militares y, por otro, la zona gris legal que existe sobre los ataques, robos o accidentes en los cuarteles. Ante esta situación, el ministro de Defensa, Julio Martínez, puso en vigencia la resolución 154-E/2017 para actualizar ese marco legal y el kirchnerismo salió a criticarlo.

La resolución, publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial, derogó la resolución 1020 de la ex ministra de Defensa K Nilda Garré del 28 de septiembre de 2009, que a criterio del actual Gobierno desprotegía a los militares que, por ejemplo, sufrían un accidente en un operativo contra las inundaciones.Por lo pronto, la resolución de Martínez trata de actualizar legalmente cómo deben actuar las fuerzas armadas ante el incremento de robos de armas –incluso un misil Tow 2 capaz de perforar blindados- , uniformes, y otros tipos de delitos comunes en sus cuarteles. Además, de la anécdota del borracho, Garré había reportado 14 delitos comunes cometidos contra la Armada, 43 contra la Fuerza Aérea y 33 contra el Ejército, solo entre 2008 y 2009 y en la crónica policial reciente se han registrado nuevos casos. 

Una alta fuente del ministerio de Defensa explicó a Clarín que la seguridad de las instalaciones militares y la facultad de repeler atentados contra ellas “ya está regulada por los artículos 28 y 28 de la ley de Seguridad Interior 24059” y la resolución 154 de Martínez se basa en ella. Así el anexo II de la ley 26394, que derogó el código de justicia militar y la jurisdicción militar, en su anexo I modificó el código procesal penal. De ese modo, “se facultó a las ff.aa. a los fines previstos por el artículo 189 del código procesal penal en lo referente a la recolección de prueba frente a delitos cometidos por personal militar en el interior de instalaciones militares o bajo control militar”, afirmó la alta fuente para replicar a los que K quienes afirmaron que se esté permitiendo a los militares hacer inteligencia interior a través de la realización de “informes socioambientales”. 

“Además, los principios que establece la resolución, por su parte, son los previstos por el artículo 34 inciso 6 y 7 del código penal para la legítima defensa”, resaltó la fuente. "Autorizar informes socioambientales es permitir, por ejemplo, que un jefe de compañía averigue qué clima, qué indumentaria y qué caminos enfrentará su compañía para repartir agua en una zona inundada", graficó una fuente.

Pero desde el kirchnerismo ya se empezó a poner en duda el alcance de esa resolución. “El concepto de zona militar sugiere que instalaciones como el edificio Libertador pasarían a estar custodiadas por la policía militar. No es un cambio menor. Si mañana los ex combatientes de Malvinas van a protestar ahí, ¿los va a sacar con el Ejército?”, se preguntó el ex ministro de Defensa K, Agustín Rossi, en declaraciones al diario Página 12. Por su parte, el director del CELS, Gastón Chillier, dijo que “el gobierno parece estar preparando el terreno para profundizar la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales”. “Vamos a estudiar el tema y no descartamos iniciar una acción judicial porque la resolución iría en contra de previsiones legales que establecen que las Fuerzas Armadas no pueden hacer tareas de seguridad interior, ya sea reprimiendo delitos o haciendo inteligencia”, agregó. “El gobierno parece estar elaborando el marco legal para darle jurisdicción y competencia a las Fuerzas Armadas para volver a hacer tareas de inteligencia sobre actores sociales, como quedó demostrado en el juicio que terminó con la condena al ex jefe de la Armada almirante Godoy, que incluía esos mismos informes ‘socio ambientales’”, recordó el director del CELS.

Desde Defensa niegan esa supuesta oculta intención y explican por qué tendrán defensa legal oficial los militares que repelan un robo a un cuartel o sufran un accidente de tránsito en un operativo para ayudar a indundados. “Quién cumple con la ley y por ello actúa en ejercicio de su función puede verse sometido a un proceso y es por eso que se le provee defensa oficial a los fines de dicha resolución”, agregó. “Ello siempre que no hubiere obrado en exceso de su función”, advirtió.

“Por lo demás el concepto de jurisdicción militar era propio del código de justicia militar y refería a los tribunales militares. En la resolución es reemplazado por el de zona militar que refiere a instalaciones en los términos de la ley 23554 de Defensa y de la ley 24059 de seguridad interior”, agregó la fuente.

Los principales puntos de la resolución de Martínez dicen textualmente:

- “Es obligatorio para el personal de las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar la comisión de todo delito flagrante contra la Zona Militar, comunicando en forma inmediata el hecho a la autoridad judicial competente y requiriendo la presencia de Fuerzas de Seguridad o Policiales”.

- “El ámbito de actuación del personal de cada una de las Fuerzas Armadas en orden a repeler todo delito flagrante estará exclusivamente limitado al ámbito de su Zona Militar”.

- “No procederá la realización de tareas de inteligencia o contrainteligencia para el cumplimiento de los extremos regulados por la presente medida. No se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales realizados por los organismos de personal de cada una de las Fuerzas Armadas”.

En base a esta resolución, al Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. realizará directivas precisas para los militares.

La resolución “lo único que pretende es cortar con los robos de armas en cuarteles y eventuales homicidios como el del soldado de Chajarí”, subrayó la alta fuente de Defensa. Aunque, una fuente de Cambiemos -que no integra esa cartera- explicó que la resolución de Martínez roza el decreto 727 del 2006 de Garré que permite a las FF.AA. solo repeler “una agresión de origen externo y de carácter estatal”. Este decreto incluye una cuestión doctrinaria. Para un sector de Cambiemos, habría que derogarlo porque las amenazas en el siglo XXI como Al Qaeda no responden a un estado.

Entonces, si hipotéticamente un grupo de narcotraficantes argentinos ataca un cuartel con armas automáticas “¿los militares no podrían defenderse porque no son una agresión de origen externo?”. La orden de Martínez establece en el sentido de que es obligatoria para los militares aplicar “el uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar la comisión de todo delito flagrante contra la Zona Militar” va en ese camino. La clave está en la palabra proporcionada. Es decir, si el ataque es con una gomera se responderá con una gomera, pero sí es con fusiles automáticos se responderá con lo mismo. Pero el Gobierno aún no decidió derogar el decreto de 727 de Garré, que será la verdadera batalla ideológica de fondo con el kirchnerismo.