Urge acabar con las mafias de la Aduana

Editorial del diario La Nación
El delito de contrabando reviste suma gravedad pues requiere la complicidad de funcionarios y posibilita la existencia de la criminalidad organizada.


El contrabando en connivencia con funcionarios de la Aduana no nació con el kirchnerismo, pero durante ese largo lapso de más de 12 años no sólo sufrió un auge pocas veces visto, sino que, como recientemente deslizó un juez en lo penal económico, pocas denuncias fueron realizadas en esos años por la propia Aduana. El dato es más que sugestivo.

Durante buena parte de aquel período el responsable fue Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, que comprende la Aduana. Como dijimos en esta columna, durante su gestión no sólo se apañó la corrupción kirchnerista, sino que se fomentó la actividad de mafias de contrabandistas.

En la actualidad, por el contrario, son varias las causas en curso de investigación referidas a verdaderas mafias aduaneras que, poco a poco, van perfilando la enormidad de la corrupción que creció al amparo de ese organismo y con su activa participación.

Uno de los sumarios originados hace escasos meses es el de la llamada "aduana paralela" (durante el menemismo hubo otra con el mismo nombre), que está por elevarse a juicio oral, en el que comparecerán como imputados, entre otros, el empresario Oldemar Barreiro Laborda, el ex jefe de la Aduana de Buenos Aires Edgardo Paolucci y el aún prófugo Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido. La investigación la llevó a cabo con celeridad el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y de ella surgió una mafia de empresarios enraizada en la Aduana que exigía a importadores decenas de miles de dólares para que pudieran recuperar cada contenedor sospechado de contrabando.

Dadas sus características, es fundamental que esta investigación continúe indagando más allá de las personas elevadas a juicio, pues importa averiguar todos los funcionarios aduaneros de jerarquía que fueron cómplices al autorizar o consentir esta operatoria ilegal.

En otra causa se investiga el contrabando y las maniobras que se llevaron a cabo con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). La autora de la denuncia fue la diputada Elisa Carrió, quien pidió investigar a más de 17.000 personas y empresas, pues entre ellas se encuentran las que se habrían valido de las DJAI para enviar al exterior 14 mil millones de dólares. La legisladora señaló que algunas operaciones fueron contemporáneas de aquellas que involucraron el contrabando de efedrina entre 2007 y 2008.

Elisa Carrió pidió la indagatoria de Echegaray, del ex director de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) José Sbattella y del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Existe, además, otra denuncia por presuntas maniobras con un centenar de DJAI efectuadas por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Como se recordará, este funcionario fue restituido en su cargo luego de un breve desplazamiento debido a una denuncia que, con pruebas más que dudosas, procuraba involucrarlo en hechos de corrupción. Eso ocurrió luego de que Gómez Centurión radicara importantes denuncias por graves hechos de corrupción con los que se topó al poco tiempo de asumir al frente de la Aduana.

Por desgracia, una larga tradición en materia de contrabando, que se remonta a los tiempos de la colonia, ha contribuido a restarle gravedad y relevancia a este delito ante los ojos de la sociedad. Sin embargo, se trata de un delito que suele ocultar otros tan nefastos como el tráfico de armas, de drogas, el terrorismo y la trata de personas.

En una palabra, el contrabando, con sus aceitadas redes infiltradas en importantes estamentos estatales, es un delito que posibilita la existencia del crimen organizado. Los mismos funcionarios que cobran coimas para permitir el ingreso de chucherías sin el pago de impuestos son los que, a cambio de coimas mucho más sustanciosas, abren las puertas del país para que ingresen o salgan desde sustancias narcóticas hasta explosivos. De ahí la importancia de sanear una Aduana que, como tantas otras áreas del Estado, el gobierno anterior convirtió en un antro de corrupción.