Por Martín Kanenguiser - LA NACION
Falló en contra de acreedores que decían que la Argentina sigue en default.
El juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, decidió revertir las órdenes de 2012 que aseguraban que la Argentina estaba incumpliendo la cláusula del pari passu.
En un fallo de 28 páginas firmado ayer, el magistrado desechó el reclamo de tres fondos de inversión que consideraban que la Argentina seguía incumpliendo con sus compromisos con los acreedores por el pago de la deuda soberana.
Se trata de los fondos Trinity, Baybrook y Whithe Hawthorn, los tres inversores más grandes que quedan como holdouts al no haber aceptado hasta ahora la oferta que el Gobierno puso sobre la mesa desde febrero pasado. La Argentina todavía debe pagar unos 700 millones de dólares en concepto de capital de deuda en default.
El magistrado dijo que el reclamo no es válido dado que la Argentina derogó este año la ley cerrojo -que previamente había dado lugar a la interpretación judicial de que estaba violando la cláusula pari passu- y que ofreció una solución aceptada por más del 99% de los acreedores que estaban en default.
Por lo tanto, la violación de la cláusula pari passu ya no tiene, en opinión del magistrado, fundamento, ya que los argumentos planteados por los demandantes corresponden a la actitud y a la retórica del gobierno kirchnerista.
En febrero, cuando la Argentina planteó su oferta, Griesa ya había levantado las medidas cautelares y le permitió al Gobierno salir del default.
La consecuencia de esta nueva decisión judicial es que cierra la puerta a nuevos reclamos en torno de la violación de la cláusula pari passu, que obligaba a un trato igualitario para todos los bonistas.
Además, sienta un precedente para futuras reestructuraciones de otros deudores soberanos, ya que la justicia norteamericana consideró que esta cláusula se violó porque la Argentina estaba bajo circunstancias extraordinarias. Del mismo modo, el magistrado les cerró la puerta al reclamo de estos tres fondos en concepto de daños. Además, juzgó válida la estrategia del Gobierno de considerar prescriptos algunos de los bonos presentados por los holdouts.
La ley clave
En abril de este año, apenas horas después de que el Senado le dio sanción definitiva a la ley de pago a los holdouts, que derogó a la ley Cerrojo, el Gobierno firmó la promulgación de la norma, que salió publicada hoy en el Boletín Oficial.
El decreto 539/2016 promulgó la ley 27.249 y lleva las firmas de Gabriela Michetti, vicepresidenta en funciones del Ejecutivo porque Mauricio Macri estaba en el exterior; del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
La norma habilitó al Poder Ejecutivo a vender bonos en el mercado hasta un máximo de US$ 12.500 millones para pagar en efectivo los acuerdos alcanzados con una veintena de fondos y grupos de bonistas.
Para poder realizar la operación se derogaron las denominadas leyes cerrojo y de pago soberano de la deuda, sancionadas en el gobierno de Cristina Kirchner en medio de su disputa con los "fondos buitre".
El pago estaba condicionado a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York levantara las medidas cautelares (stay) impuestas por Griesa, que le impedían al país desde hace casi dos años (21 meses) pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes de las administraciones kirchneristas y que sumaban casi el 93% del total de la deuda que cayó en default en 2001.
El Gobierno presentó la sanción de la ley y su posterior reglamentación como un paso más hacia la normalidad, en el marco de la intensas gestiones de la primera parte del año para dejar atrás la cesación de pagos en la que estaba el país.
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