El Ciadi podría anular un fallo que condenaba a la Argentina a pagar US$ 393 millones

Por Diego Cabot - LA NACION

Se presentará un pedido de nulidad por conflicto de intereses de un árbitro en la causa de Suez en la que se condenó al país a pagar ese monto más intereses a las ex concesionarias de Aguas Argentinas y Aguas Provinciales de Santa Fe.

El Ciadi había condenado al Estado a pagar US$ 393 millones más intereses a los ex concesionarios de Aguas Argentinas por la rescisión del contrato en 2006.. Foto: Télam.

Podrían llegar buenas noticias para el Gobierno desde Washington. El tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según sus siglas en inglés) debate por estas horas si anular o no un laudo en el que se había condenado a la Argentina a pagar US$ 393 millones más intereses a las empresas francesas Suez y Vivendi y a la española Aguas de Barcelona, ex concesionarias de Aguas Argentinas y de Aguas Provinciales de Santa Fe. El motivo de la revisión de aquella medida tiene que ver con una formalidad que, según los abogados argentinos, vició el procedimiento. Sucede que uno de los árbitros del tribunal tenía un conflicto de intereses ya que se desempeñaba al mismo tiempo como director de un banco internacional que, a su vez, era principal accionista de dos de las demandantes, Suez y Vivendi.

Será una semana de novedades. Mañana y pasado habrá audiencias en el Ciadi donde la Argentina expondrá sus objeciones. De hecho, el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, está en Estados Unidos a la espera de la resolución.

Las tres compañías demandaron al Estado argentino por considerar que en 2006 rescindió "unilateralmente" el contrato suscripto en 1993. Suez y Aguas de Barcelona eran accionistas de las empresas de servicios públicos que tenían la concesión por 30 años del suministro de agua y de desagües cloacales en Buenos Aires y en Santa Fe. Las tres empresas eran las accionistas de Aguas Argentinas, cuyo contrato rescindió el presidente Néstor Kirchner en 2006. Entonces, la Casa Rosada le recriminó a la compañía fuertes incumplimientos contractuales, especialmente, en las obras de expansión de la red. La empresa siempre se escudó en la palabra fallida del gobierno argentino, que congeló las tarifas aún antes de que la caída de la convertibilidad cambiara la ecuación económica del contrato.

Antes de que la relación se rompa, Aguas Argentinas y el gobierno de Kirchner firmaron una renegociación contractual provisoria. El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue el que encabezó aquel acuerdo. Pero el ala dura de aquel gabinete, representada por el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, primó y poco después se rescindió la concesión. Fue el ahora detenido José López el encargado de llevar adelante la medida. Desde ese momento el servicio quedó en manos de otra empresa, Aguas y Saneamiento (AySA), cuna sociedad anónima cuyas acciones son del Estado Nacional.

Los abogados argentinos aspiran a que en caso de que se acepte el pedido de nulidad, además de anularse el laudo, se termine el juicio. Pero, abogados al fin, saben que podría darse el caso de que lo que se anule sea la decisión y que luego se proceda a formar un nuevo tribunal y a dictar un nuevo laudo. En ese caso, la Argentina no sólo habrá ganado tiempo -estos trámites llevan al menos dos o tres años- sino también objetividad en la decisión.