Por Jorge Taiana - LA NACIONEn lo que constituyó su primer mensaje al gobierno argentino, la nueva primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se refiere a la cuestión Malvinas como una de las "diferencias" que es preciso "reconocer" respetuosamente y en beneficio de "todos" los involucrados.
Se trata éste de un mensaje que permitiría augurar una etapa de entendimiento entre ambos gobiernos a partir de una premisa que el Reino Unido se ha empeñado en negar: la existencia de la disputa de soberanía en el Atlántico Sur.
Lo que llama, y mucho, la atención es la poco velada intención de vincular cualquier avance en la cuestión Malvinas, aun en los términos en que lo concibe el gobierno del Reino Unido, con un eventual respaldo británico a la candidatura de la canciller Susana Malcorra al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas. La primera ministra May alude a una nota relativa a esta candidatura dirigida a David Cameron por el presidente Macri para vincular de modo explícito ambas cuestiones.
Sorprende también que, en este primer mensaje, exponga de manera tan clara el objetivo de sostener y beneficiar a los ciudadanos británicos que ocupan las islas, que constituyen desde siempre el instrumento que utiliza el Reino Unido para justificar esa ocupación ilegal. Es así como procura sumar conexiones aéreas para las islas "con terceros países de la región" y desmontar las acciones que la Argentina viene realizando contra la exploración y explotación ilegal de recursos nacionales en el área disputada.
En materia de conexiones aéreas, el gobierno británico busca establecer una nueva frecuencia con "terceros países de la región", lo cual excluye a la Argentina. A pesar de la sutileza diplomática del Reino Unido, sus ciudadanos en Malvinas lo aclararon de modo categórico: el punto de partida de cualquier arreglo es que no podrán establecerse conexiones aéreas con la Argentina continental. Se trata precisamente del objeto de la propuesta argentina presentada en 2003 y renovada desde entonces para establecer un servicio aéreo regular y directo entre las islas y el continente, operado por una empresa aerocomercial argentina, bajo fórmula de soberanía.
Hasta ese año existía un creciente número de vuelos no regulares -chárteres- que sólo contribuían a profundizar la desconexión entre la Argentina continental y las islas existente desde el fin de la guerra. A lo largo de estos últimos años los dos países mantuvimos largas e intensas negociaciones en las que estuvimos cercanos a alcanzar un principio de entendimiento.
En la actualidad el Reino Unido pretende un "nuevo" vuelo desde Brasil o Uruguay, adicional al vuelo semanal de LAN Chile que, a instancias de la Argentina, une Punta Arenas y las islas, con dos escalas mensuales en Río Gallegos -una en cada dirección- conforme lo estipula la Declaración Conjunta de 1999. Mientras que en materia de hidrocarburos, el Reino Unido invita al gobierno argentino a contribuir a alivianar el camino para que sus acciones unilaterales de exploración y explotación ilegal en el Atlántico Sur no enfrenten "medidas restrictivas". Se trata, nada menos, de desmontar las medidas legales a las que ha venido acudiendo nuestro país para resguardar sus derechos y sus recursos naturales no renovables por tratarse, además, de acciones expresamente prohibidas por las Naciones Unidas. La Asamblea General llama, desde 1976, a las dos partes en la disputa a no modificar unilateralmente la situación mientras subsista la disputa que el Reino Unido hoy reconoce.
Si bien nada adelanta la primera ministra May en su misiva, no puede descartarse que al pedido de dejar de lado las acciones legales de resguardo se sume la voluntad británica de reeditar la fallida experiencia del entendimiento bilateral sobre actividades hidrocarburíferas conjuntas del año 1995 y que nuestro país dio por terminado en 2007 a raíz de las reiteradas y abusivas violaciones. Tampoco resultaría extraño que intentaran avanzar en "remover los obstáculos" para la explotación ilegal de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur e incluso tratar de reeditar su viejo anhelo de llevar a la Argentina a ordenar "conjuntamente" la pesca en el Atlántico Sur, a partir de argumentos pretendidamente conservacionistas.
Con este primer paso, el Reino Unido se apresura a avanzar en una agenda que aspira a superar los logros que obtuvo la Argentina en años recientes. La sostenida protesta diplomática argentina, el creciente respaldo a los derechos soberanos argentinos en foros multilaterales, el plan de acciones legales implementadas desde el Estado argentino y la continua denuncia de la acción unilateral británica en materia de recursos naturales, incluyendo la industria del petróleo, constituyen un motivo de preocupación para la corona. Basta recordar el Plan Quito, que revelaron medios nacionales y británicos, sobre espionaje del Reino Unido destinado a revertir estos claros avances. Sin dudas la reciente decisión de la Comisión del Límite de la Plataforma Continental de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de hacer lugar a la solicitud argentina de reconocer el carácter controvertido de los territorios argentinos que el Reino Unido ocupa es un elemento importante que se suma a la lista de logros diplomáticos que el Reino Unido intenta revertir.
En síntesis, aunque poco sutil, este primer movimiento británico resulta positivo porque pone en blanco sobre negro sus verdaderos objetivos y nos alerta sobre los riesgos de avanzar sobre las propuestas que pretende el Reino Unido. Se trata de las red lines que tan bien conocen nuestros diplomáticos y que sirven de guía a la paciente labor de defender el interés nacional con firmeza y coherencia.
Presidente del Parlasur, ex canciller de la Nación
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