Basada en las denuncias de Gómez Centurión, la Justicia abrió tres causas; impidió salir del país a 70 personas e investiga fraudes por U$S 800 millones
La suspensión del ex titular de Aduana Juan José Gómez Centurión en su cargo no impidió que sus denuncias de corrupción contra las mafias que operan en esa dependencia avanzaran en la Justicia.
Basada en la presentación del funcionario, la Justicia detectó graves irregularidades y dispuso más de 100 allanamientos, impidió salir del país a 70 personas y secuestró 500.000 dólares en la casa de uno de los ex jefes del organismo. Es parte de una serie de causas en las que se investiga organizaciones encargadas de sacar mercadería sin abonar impuestos, operaciones fraudulentas, firmas fantasma y pagos de sobornos.
Las principales maniobras denunciadas por Gómez Centurión dieron origen a tres causas judiciales, que pusieron el foco en dos prácticas con perjuicios millonarios: la simulación de operaciones de comercio exterior para acceder a dólares baratos durante la vigencia del cepo y el contrabando puerta a puerta de contenedores, dentro de los cuales ingresaba efedrina.
La primera de las maniobras es investigada por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich. El perjuicio económico estimado provocado por las maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) es de unos 395 millones de dólares, aunque la denuncia habla de más de 14.000 millones de esa misma moneda. Otro juez investiga un caso similar por más de 400 millones de dólares.
La maniobra fue denunciada luego de que Gómez Centurión cruzó las bases de datos de las personas que presentaron pedidos de importaciones para conseguir dólares a 9 pesos para importar, con la base de datos de los productos efectivamente ingresados. Allí descubrió que 55 CUIT de empresas y personas recibieron autorización y dólares para ingresar mercadería que finalmente no entró al país, con lo que el dinero fue cambiado en el mercado blue a 15 pesos, o girado al extranjero.
Otra modalidad fue armar empresas fantasma, de existencia en los papeles pero sin giro comercial. Estas firmas pedían DJAI, no importaban nada y giraban las divisas. La Aduana advirtió la presencia de un importante número de empresas que se aprovecharon del régimen normativo y simulaban importaciones que en algunos casos nunca se realizaron. En otros casos, se pagaron por dichas importaciones en apariencia, varias veces la suma declarada como valor de importación.
La diputada Elisa Carrió dijo que una de las empresas investigadas es EDETEX, cuyos socios son Lorenzo Mario Almirón y Julio César Tizado. Almirón aparece como aportante del Frente para la Victoria en la campaña de las elecciones de 2009, dijo la líder de Coalición Cívica. La legisladora mencionó que hay empresas del grupo Indalo de Cristóbal López investigadas por operaciones de este estilo, y otras vinculadas con el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
La segunda de las maniobras investigadas oculta una organización de proporciones. El agujero para el fisco en este caso es un misterio, pero ya se habla de 500 contenedores por un valor de US$ 432 millones. Esta maniobra es investigada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.
El magistrado le prohibió la salida del país a unas 70 personas y allanó más de 100 domicilios. Esta causa vincula a los contenedores recibidos en el puerto y que luego permanecen en los depósitos fiscales, donde son reclamados por los importadores. En el medio una organización se encarga de sacar la mercadería sin pagar impuestos.
Esta organización detectada por el juez involucra a la empresa Transportes DTM SRL de los hermanos Paolantonio. Son Miguel Paolantonio, de 44 años, Alejandro Paolantonio, y Raúl Paolantonio.
Los tres son investigados por contrabando, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Los transportistas están acusados de sacar la mercadería tras pagar sobornos a distintas instancias intermedias aduaneras mientras los contenedores estaban en los depósitos fiscales.
Las maniobras mas habituales eran:
- declarar un peso de la mercadería menor al real.
- declarar una posición arancelaria diferente para pagar menos impuestos
- declarar un producto e ingresar otro.
El precio por lograr que la mercadería deje el deposito fiscal y llegue a la puerta del cliente variaba entre $ 35.000 y $ 80.000 el contenedor, dependiendo del valor de lo que llegaba al país. En esta causa se dio un curioso caso: que se decomisó un supuesto diario con anotaciones sobre cada operación. Ese documento identificaba a uno de los destinatarios de los sobornos con un número de teléfono celular y el nombre "Pekerman", singular apodo que aludía al nombre del argentino que es actualmente director técnico del seleccionado de Colombia.La Justicia investigó el celular y determinó que pertenecía a Eduardo Bernardi, ex jefe de sede Buenos Aires de la Aduana durante la gestión de Echegaray.
El juez Aguinsky allanó a pedido de la fiscal Gabriela Ruiz Morales el semipiso de Bernardi y encontró en una bolsa naranja de la heladería Pérsico unos US$ 500.000. En esta causa hay 65 personas que tienen todos sus bienes inhibidos.
La tercer maniobra que investiga la justicia vincula al narcotráfico. Es que cuando Ibar Pérez Corradi, acusado por el Triple crimen de Genreal Rodriguez, declaró ante la jueza María Servini mencionó que la efedrina -móvil del homicidio múltiple- ingresaba en contenedores. Marcó a algunos de ellos, pero las investigaciones para ubicarlos fueron infructuosas.
Elisa Carrió mencionó en su denuncia que Pérez Corradi dijo que la administración de Ricardo Echegaray en la AFIP "cobraba coimas a efectos de ingresar cargamentos de efedrina, indicando que los pagos se hacían por dólar cash y eran entregados en mano en el Mercado Central donde funcionaban los depósitos fiscales de Aduana también manejados por la AFIP".
Las maniobras investigadas
- Declaraciones juradas: Ingresos de mercadería que no se efectuaron
- Contenedores: Salida de productos sin pagar impuestos
- Narcotráfico: Ingreso de efedrina en el país en contenedores
Granero le apuntó a Aníbal
El ex titular de la Sedronar, Ramón Granero, apuntó contra el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al que acusó de "oponerse" a leyes y proyectos para combatir el tráfico de efedrina y sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner "estaban al tanto" de lo que sucedía en el organismo. "Cada vez que quisimos actuar en función de cubrir el vacío legal en la legislación para controlar los precursores químicos siempre nos encontramos con la oposición enfrente del ministro del Interior o Jefatura de Gabinete cuando la ejercía Aníbal Fernández", dijo Granero a Radio Mitre.
Granero, que está procesado en una causa que investiga el ingreso de efedrina al país, agregó que si llegaba a triunfar en las elecciones bonaerenses Aníbal Fernández "era como suicidarse". La respuesta del ex candidato a gobernador llegó por las redes sociales: "Jamás me opuse a cualquier control pero si ello hubiera sucedido, no tenía ningún valor".
Foto: LA NACION
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