Hay lapsos de meses sin registro sobre la tripulación de la empresa que durmió en el establecimiento.
La causa judicial que investiga si los Kirchner usaron su cadena de hoteles para lavar dinero de la corrupción, entre otros delitos, avanza aunque la Justicia pida pruebas y éstas no aparezcan. Parece una paradoja pero no lo es. Así de complicada está la situación procesal de la ex presidenta Cristina Fernández, la de sus hijos y la de sus ex socios en esos emprendimientos turísticos, sobre todo, la familia Báez.
La novedad en el expediente conocido como “Hotesur”, debido que así se llama la sociedad comercial con la que los K controlan su hotel más grande, el Alto Calafate, es que la Justicia le solicitó a Aerolíneas Argentinas (AR) que le entregue la documentación donde debió haberse registrado cuántos de sus tripulantes que viajaron a El Calafate entre el 2008 y el 2015 durmieron en el hotel de los Kirchner por un convenio firmado entre el Estado y ese negocio privado en la era K.
La “Línea de Bandera” les pagó a los santacruceños el alquiler de 35 mil habitaciones para esos pasajeros frecuentes en el lapso de tiempo que fue desde el 2008 al 2015. El hotel ganó más de dos millones de dólares con esa operación segura. La Justicia busca los comprobantes que demuestren cuántos tripulantes de Aerolíneas finalmente se alojaron en el Alto Calafate. Pero desde la propia empresa estatal debieron admitir que no cuentan con esa información en forma completa.
La gestión de AR durante la presidencia del “camporista” Mariano Recalde y también bajo mando del dirigente peronista Julio Alak “perdió” esa documentación.
La contabilidad del Alto Calafate-Hotesur, igual que la del resto de las empresas de los Kirchner, son un agujero negro de información.
Los responsables de los registros públicos que no aparecen eran subordinados estatales de los mismos jefes que tenían los subordinados privados que tampoco entregaron esa información fundamental a los investigadores del caso.
¿Cuánto ganaron los Kirchner con el hotel privado gracias a contratos firmados con el propio Gobierno que ellos mismos controlaban?
El 15 de junio pasado, el fiscal del caso Hotesur, Gerardo Pollicita, le pidió a Aerolíneas Argentinas que le entregue copias de las facturas de los pagos que la compañía pública le había hecho al Alto Calafate para que descansen allí los seis tripulantes de AR que llegaban a la ciudad en distintos vuelos.
La respuesta del abogado de AR Mariano Muente llegó a la Justicia el 25 de julio. El texto empieza así: “Ante todo, pedimos disculpas por la demora en responder. Lamentablemente, parte de la información solicitada es de larga data y en su momento fue archivada en depósitos propios y de terceros alejados de nuestras oficinas operativas, circunstancias que dificultaron y dilataron la búsqueda”.
¿Por qué AR alquiló “depósitos” de “terceros”, además, como se ve, ineficaces, para guardar material sensible sobre la compañía?
El abogado Muente dio un detalle inquietante sobre los documentos que dijo que le costó encontrar: hay lapsos de varios meses sin registros sobre cuánta tripulación o pasajeros varados durmieron en el hotel K.
Entre el 4 de septiembre del 2012 y el 7 de enero del 2013, dice Aerolíneas, “no hemos encontrado facturas, de hacerlo serán remitidas a esa fiscalía”.
La misma falta de comprobantes alcanza a los meses que van desde el “1/6/2013 al 6/7/2013”.
Y faltan también los que corresponden a los meses que van "desde 1/8/2013 al 3/10/2013”.
La pérdida de esos comprobantes se repite en períodos en los que el Alto Calafate no era aun propiedad de los Kirchner, o sea, antes de noviembre del 2008.
El fiscal Pollicita pidió el martes 16 de este mes la indagatoria de la ex presidenta en el marco de una causa en la que investiga sus negocios con el principal beneficiario de la obra pública estatal, Lázaro Báez.
Pollicita afirmó en el dictamen sobre el tema que los Kirchner habían creado una “matriz” de corrupción que tenía como objetivo “vaciar las arcas del Estado” con constructoras de obra pública que devolvían parte de los fondos públicos que cobraban a cuentas privadas de la familia K.
Los Báez alquilaron el Alto Calafate a través de su sociedad Valle Mitre.
La tesis judicial de las denunciantes del caso Hotesur, Margarita Stolbizer, y su abogada, Silvina Martínez, es que el alquiler de 35 mil habitaciones del Alto Calafate por 2.548.643 dólares para que duerman, en promedio, seis tripulantes de AR por día, es excesivo, o un ardid para esconder maniobras de lavado de dinero.
Stolbizer y Martínez lograron detectar pruebas sobre períodos de tiempo en los que sí están registrados cuántos tripulantes de AR durmieron en el Alto Calafate. En un escrito presentado por ellas a la Justicia, aseguran que “fácil es advertir a simple vista que la cantidad de habitaciones contratadas excede la cantidad de personas de una tripulación que puede pasar la noche en el Hotel”.
Y denunciaron que “a veces” dormían en el Alto Calafate “6 tripulantes pero se habían contratado habitaciones para 20”.
Matemáticas son matemáticas. Las pruebas oficiales para refutar esos números no se encontraron. Por ahora.
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