Por Francisco Jueguen - LA NACION
El Gobierno y el sector pactaron nuevos precios para impulsar contratos viejos.
Frigerio (centro), junto a empresarios y sindicalistas de la construcción. Foto: LA NACION / Ministerio del Interior
Lentamente, la obra pública avanza. Luego del difundido decreto 691 de redeterminación de precios, que agitó la bandera de largada para la inversión desde el Estado en mayo pasado, ayer el Gobierno comenzó a cerrar la reactivación de varios proyectos de viviendas congelados desde hace varios años y que aún no encontraban un incentivo para volver a encenderse, debido al atraso por inflación en los valores de obra.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, selló ayer un principio de acuerdo con las empresas y los sindicatos del sector de la construcción para darles nuevos precios a contratos viejos -la mayoría frenados desde hace varios años- y así empujar proyectos por casi 25.000 viviendas en todo el país. La mayor parte, según detallaron funcionarios a LA NACION, están en la golpeada provincia de Buenos Aires.
"Lo que definimos ayer son casos puntuales", explicó Frigerio a LA NACION. "Es un tema especial, con obras paradas hace varios años pero con un alto grado de avance. La idea es encontrar los mecanismos para acelerar su ejecución y crear empleo", estimó el ministro del Interior. En tanto, Frigerio ratificó que se encontró un principio de acuerdo que terminaría de definirse hoy en una reunión entre equipos técnicos del Gobierno y del sector. Luego, se publicará una resolución que complementará el decreto 691.
"El ánimo es bueno. Estamos en momentos difíciles que vienen de lejos. Tenemos un gran desafío: acelerar la obra pública, hacer obra como nunca y darle transparencia y prolijidad", explicó el ministro, cuando se lo consultó sobre el avance aún lento de los proyectos de inversión del Estado.
El subsecretario de Coordinación de Obra Publica Federal, Ricardo Delgado, afirmó que el encuentro de ayer terminó de definir "algunos problemas" que frenaban el avance de las obras, especialmente viviendas. "Había que ponerlas en marcha", dijo a este medio, y agregó: "Venían de precios muy bajos y sin ajuste por inflación. Estamos trabajando en un esquema de precios nuevo, de un monto máximo distinto, pero inferior al de una vivienda nueva, que permita la reactivación".
El acuerdo, estimó, "va a destrabar una parte importante de las viviendas a construir en la provincia de Buenos Aires". Tal situación se da en momentos en que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que podría ir a la Justicia contra el gobierno nacional para pedir la actualización del Fondo del Conurbano, congelado desde los '90. Sin ese dinero, quedan en suspenso muchas de las obras prometidas en la campaña electoral.
El presidente de la Cámara de la Construcción (CAC), Juan Chediack, afirmó que cuando esos contratos de vivienda "viejos" pasaban por la redeterminación de precios decretada por el Gobierno, el metro cuadrado se valorizaba en $ 8000, mientras los técnicos estiman que debería estar en $ 12.500. "Lo que necesitamos es hacer un coeficiente de empalme entre los viejos modelos y los nuevos, y eso se va a hacer con la resolución que plantea el Gobierno", dijo Chediack, que explicó que, con esos cambios, se le reconocerá al sector casi el 90% del valor de los viejos contratos.
"Es una excelente solución para que podamos sacar esto adelante y ejecutar las obras", indicó el presidente de la CAC, que igualmente admitió que tendrán una "pequeña pérdida". El ejecutivo estimó que, una vez publicada la resolución complementaria, la reactivación de esas obras "será muy rápida". Es lo que espera el Gobierno, para que la economía vuelva a crecer.
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