Corrupción a costa de los más necesitados

(La Nación) - Las graves irregularidades denunciadas por las nuevas autoridades en el PAMI y el IOMA se basaron en la explotación del dolor y la enfermedad

Una vez más, el PAMI fue sinónimo de corrupción. Como si los haberes de los jubilados no hubieran sido sobrado motivo de inquietud en los últimos años, la obra social que los asiste fue también, según se sabe ahora, objeto de saqueo durante la anterior gestión presidencial, al tiempo que la tasa de defunciones era inusualmente elevada, según denunciaron sus actuales autoridades.

De esta manera, quienes más desprotegidos se encuentran y más necesitan de la asistencia del Estado han sido víctimas de la corrupción durante el kirchnerismo.

Algo similar ocurrió con el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, que también funciona como sistema arancelado para toda la población bonaerense. La gobernadora María Eugenia Vidal efectuó ocho denuncias penales por supuestos actos de corrupción que tuvieron lugar durante la gestión de Daniel Scioli y que habrían ocasionado a la provincia una pérdida de 1500 millones de pesos, derivada del pago de sobreprecios en las compras de medicamentos, internaciones domiciliarias falsas -en ocasiones a nombre de personas que ya habían fallecido- y adquisiciones fraguadas de prótesis y aparatos. También se verificaron compras irregulares de computadoras, anomalías administrativas y negocios turbios con recursos de amparo.

Los casos del IOMA y el PAMI se suman a los muy sonados casos de corrupción del kirchnerismo mostrando hasta qué extremos llegó el anterior gobierno cuando se trataba de estafar al Estado en beneficio propio, pero con el serio agravante, en los dos casos que nos ocupan, de que la otra cara de esas estafas, es decir, su consecuencia más directa, fue una menor y peor asistencia médica para quienes la necesitaban.

En efecto, el director del PAMI, Carlos Regazzoni, sostuvo ayer ante varias comisiones de la Cámara de Diputados que al asumir se encontró con "un PAMI que está en una situación institucional terminal", y denunció que durante la gestión kirchnerista se gastaban alrededor de 500 millones de pesos anuales en la adquisición de medicamentos que en lugar de ser destinados a los afiliados iban a parar a los circuitos mafiosos".

Regazzoni agregó que ya se efectuaron las denuncias judiciales de muy graves casos de corrupción, algunos de los cuales habían sido descubiertos durante auditorías cuyos hallazgos fueron intencionalmente ignorados. Uno de los casos que el actual titular del PAMI llevó a la Justicia fue el de la liquidación y cobro, en diciembre del año pasado, de 1,3 millones de pesos por vacaciones no gozadas desde 2004 hasta 2012 por parte de su antecesor Luciano Di Cesare sin que éste tuviera ningún derecho a su percepción.

A raíz de esta denuncia por defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, Di Cesare será indagado dentro de nueve días.

Del relato de Regazzoni ante los legisladores surgió la explotación lisa y llana de los mayores que, por supuesto, afectó a los más necesitados de ellos, pues -según dijo- a lo largo de los últimos diez años los jubilados de los sectores más pobres fueron los menos favorecidos. Precisó el actual titular de la obra social que durante ese lapso "la tasa de mortalidad fue inaceptablemente alta".

En ese esquema, la mayor parte de los medicamentos adquiridos por el PAMI se destinaba a la reventa. Al mismo tiempo, la muerte era, para quienes lucraban a costa de los jubilados y pensionados, otra oportunidad para estafar al Estado, pues, de acuerdo con Regazzoni, numerosas instituciones geriátricas seguían facturando dos o tres años después del fallecimiento del afiliado. Nadie controlaba. Algunas clínicas le facturaban al PAMI viajes en ambulancia que nunca se realizaban. La obra social llegó a pagar las prótesis cuatro o cinco veces más que su valor de mercado.

A diferencia de las vistosas propiedades patagónicas que van quedando en el imaginario popular como símbolo de la corrupción kirchnerista, no hay imágenes para los negociados y la corrupción del mismo régimen a costa del dolor, la enfermedad y las urgencias de la avanzada edad.

No puede haber atenuantes para ninguna clase de corrupción, pero sí debería haber agravantes para quienes eligieron enriquecerse con el padecimiento de los más vulnerables.