Por Paz Rodríguez Niell - LA NACION
La Justicia abrió una causa contra el empresario y ex funcionarios de Santa Cruz y de Parques Nacionales
La Justicia abrió una nueva causa para investigar a Lázaro Báez y a ex funcionarios acusados de haber permitido que el empresario comprara cinco hectáreas que fueron parte del parque nacional Los Glaciares.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de instrucción y solicitó las primeras medidas de prueba para avanzar en la causa. Ayer, el juez Sebastián Ramos ordenó desde los tribunales de Comodoro Py operativos que se llevaron adelante en Santa Cruz.
Delegados de la Justicia se presentaron en la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia en busca de documentación ligada a la venta de las tierras, según informaron a LA NACION fuentes de Río Gallegos.
Las cinco hectáreas de Báez que quedaron ahora bajo investigación están en la localidad de El Chaltén y forman parte de un grupo de terrenos que está en disputa desde hace muchos años (como se informa por separado). La de Báez es una chacra que fue allanada por la Justicia hace dos semanas, en uno de los operativos que encabezó en el Sur el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de la causa por lavado de dinero por la que Báez está preso y procesado.
El fiscal Pollicita, en su requerimiento de instrucción, relató que de acuerdo con lo denunciado "la chacra de cinco hectáreas ubicada en la localidad e El Chaltén" allanada "corresponde a terrenos que habrían sido cedidos por la Administración de Parques Nacionales a la provincia de Santa Cruz y posteriormente vendidos a Lázaro Báez mediante una medida de excepción aprobada por el Consejo Deliberante de la localidad de El Chaltén".
Pollicita detalló que dirigía la acción penal contra Báez y también contra las autoridades de la Administración de Parques Nacionales, del Parque Nacional Los Glaciares, de la gobernación de Santa Cruz, del Concejo Deliberante de El Chaltén (en realidad, no existía tal organismo sino una sociedad de fomento en los tiempos en que Báez compró las tierras, dijeron fuentes de la provincia), de la municipalidad de El Chaltén y de "cualquier otro organismo que haya tenido intervención en los hechos" denunciados en esta causa.
El fiscal solicitó ocho medidas de prueba; entre ellas, pedidos de documentos y de informes a dependencias públicas y la declaración como testigos de dos guardaparques. También pidió que se le requiera al juez Sebastián Casanello, al frente de la causa de presunto lavado contra Báez, que informe la "ubicación exacta" de los terrenos denunciados y que fueron allanados en su expediente.
Báez suma así una nueva imputación en su contra. Además, fue indagado otra vez por Casanello por un nuevo hecho vinculado al presunto lavado y el juez debe decidir ahora si lo procesa también por esta otra supuesta maniobra de blanqueo de fondos. Se trata de la entrada al país de 33 millones de dólares por medio de Helvetic Group que, según los investigadores, habría ingresado dinero de Báez. De acuerdo con el empresario, ese dinero no era suyo. Ayer, su defensa presentó un escrito diciendo que el ritmo de la causa lo estaba marcando la agenda mediática y volvió a solicitar su libertad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios mal redactados y/o con empleo de palabras que denoten insultos y que no tienen relación con el tema no serán publicados.