La ex presidenta debería haber hecho una denuncia ante la Justicia por los movimientos de dinero del empresario.
El juez federal Sebastián Casanello apuesta a tener ahora colaboración de las justicias de Suiza, EE.UU., España y Uruguay, entre otros países, para avanzar contra la “pata financiera” de la ruta de del dinero K, revelaron a Clarín fuentes oficiales. Sucede que el ex valijero Leonardo Fariña dio varias nuevas pistas sobre esa vía, empezando por Ernesto Clarens, y reveló que en el 2011 EE.UU. advirtió, en forma extraoficial, a la entonces presidenta Cristina Kirchner, que el empresario K Lázaro Báez “estaba fugando capitales de la Argentina”, como este diario adelantó el domingo en exclusiva.
Consultados voceros de la embajada norteamericana en Buenos Aires sobre esa declaración de Fariña contestaron con un “sin comentarios”. Mientras que altas fuentes de la Cancillería dijeron que ese tipo de mensajes generalmente se transmiten en forma verbal, más aún con “el pánico” que tenían los diplomáticos de carrera “a poner, como correspondería, este tipo de advertencias por escrito” durante la gestión del ex canciller Héctor Timerman y la invasión de “La Cámpora” al palacio San Martín.
Fariña explicó cómo muchas operaciones se hacían a través de Internet con, por ejemplo, el banco Lombard Odier de Suiza. Precisó que tenían un dispositivo de seguridad que da claves para operar en Internet. Después de la queja de Cristina, Báez le pidió más “prudencia” a Fariña. Lo que no sabe el socio de los Kirchner es que toda operación electrónica por Internet queda registrada o “iluminada”, como dicen los espías, en la web que controlan los EE.UU. para luchar contra el narcotráfico y prevenir el financiamiento del terrorismo internacional, entre otros objetivos.
La única reacción de Cristina a esa advertencia fue llamar a Báez a Olivos para increparlo y anunciarle que le iba a suspender una serie de contratos públicos que le había adjudicado su esposo, Néstor Kirchner, siempre según los dichos de Fariña. Sólo este tramo de la confesión del ex esposo de Karina Jelinek, complica judicialmente a la ex presidenta. Como funcionaria pública tenía la obligación jurídica de formular una denuncia penal contra Báez y poner en marcha una investigación de la UIF que manejaba el economista kirchnerista José Sbatella. Es decir, Cristina podría haber cometido el delito de omisión de denuncia o incluso podría ser considerado cómplice del lavado. Al margen de otras pistas que ya están en la causa.
En el requerimiento de instrucción del fiscal Guillermo Marijuán del sábado se imputó a Cristina, al ministro De Vido, a Clarens y otros financistas cuyos nombres aún no se conocen porque están bajo investigación y secreto de sumario para tratar de probar los dichos de Fariña. Hay dos tipos de imputados, explicó una fuente judicial al hacer una lectura fina del pedido de Marijuán. Imputados acusados de conductas delictivas concretas, como De Vido por la entrega de contratos de obra pública a Báez y otros con acusaciones generales. En este “último grupo se encuentra, por ahora, Cristina”, dijo la fuente.
Fariña es testigo directo o ejecutor de operaciones de lavado que tuvieron lugar después de la muerte de Néstor Kirchner, es decir entre octubre del 2010 y fines del 2011 e indirecto de operaciones que le relató Báez en confianza del período anterior. En algunas partes de su confesión, incluso dijo frases como que “Cristina no sabía” de tal o cual maniobra ordenada por Báez, quien manejó –por lo menos– unos 100 millones de dólares que “los consideraba como propios” y que podría haber pertenecido a Kirchner o a algún acuerdo entre el empresario K y el ex presidente sobre plata producto de contratos, sobreprecios u otro origen.
Fariña dejó en claro que hubo tres etapas en la ruta del dinero K: una entre el 2003 y la muerte de Néstor, otra cuando él y Elaskar manejaron esos 100 millones de dólares y otra a partir de que el entorno de Báez pasa a controlar La Rosadita. El video de Telenoche es de fines del 2012. De los allanamientos y otras medidas que tomó Casanello se deduce que el juez está abriendo el abanico de su causa a esas tres etapas. Por esa razón, el juez podría pedir a su colega Julián Ercolini que desarchive la causa por lavado que abrió por una denuncia de la Justicia de Liechtenstein en el 2007 y que provocó el bloqueo temporario de 10 millones de dólares de Austral Construcciones, tal como reveló Clarín y la diputada Elisa Carrió convirtió en la primera denuncia penal contra Báez.
Aquella dirección que dio Casanello hacia “la pata financiera” se ve favorecida por recientes gestos del gobierno de Barack Obama. El más importante fue la reanudación de los vínculos entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y el organismo antilavado de EE. UU. La velocidad de la investigación de Casanello dependerá de la voluntad política del gobierno de Macri de aportar, más tarde o más temprano, ese tipo de mecanismos de cooperación.
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