Desalojar a los narcos para instalar el Estado

Por Fernando Rodríguez - LA NACION
El concepto es simple: en los grandes centros urbanos, la droga está por todos lados, pero los centros fundamentales de distribución se asientan allí donde el Estado no ejerce su presencia.

Por eso, los narcos se hacen fuertes en las villas, donde se convierten, a sangre y fuego, en los amos que fijan las reglas y marcan el pulso de miles de humildes ciudadanos que deben tolerarlos para poder vivir en los asentamientos.


Es, claro, una verdad de Perogrullo, conocida desde hace décadas en el país. El gigantesco allanamiento de ayer para poner freno a las bandas narcos que se dividen el dominio territorial en la villa 31 de Retiro demuestra palmariamente que el Estado llegó tarde. Si la acción se sostiene en el tiempo, y si al tiempo de dar seguridad permanente se proveen las urgentes y necesarias mejoras en las condiciones de vida de los habitantes -para pasar del asentamiento al barrio...-,quizá no haya sido demasiado tarde.

El Gobierno tiene decidido avanzar con operativos de saturación de las villas porteñas. Comenzó con la 31 y seguirá, seguramente, con la 1-11-14. Para hacerlo, encontró recepción en el juez federal Ariel Lijo; posiblemente Sergio Torres, en otro despacho de Comodoro Py, también pueda aportar la base fáctica para avanzar sobre el próximo objetivo en el enclave del Bajo Flores. Es que aun cuando exista certeza de que los narcos operan desde las villas y se debe entrar en los asentamientos para expulsarlos -"pacificar", según el término importado desde Brasil, donde se hizo algo similar en las favelas-, el ordenamiento jurídico argentino requiere que la acción policial esté precedida y provenga de una orden judicial a partir de una causa vigente.

El hecho de que el juez Lijo y el fiscal federal Jorge Di Lello hayan sumado a las órdenes de allanamiento el pedido expreso a las autoridades nacionales y porteñas para que aporten, en el mismo acto, recursos humanos y físicos para sostener a las miles de familias que son, dentro de los asentamientos, víctimas de los narcos marca claramente el objetivo político: recuperar esos espacios olvidados, refundar la presencia del Estado para desalojar ese protoestado ilegal que encarna el crimen organizado en las villas, y reconvertir el funcionamiento social.

Echar a los narcos, sí; pero también abrir calles, instalar cloacas y luminarias, mejorar las calles y atender las necesidades mínimas y básicas de los habitantes de la villa. Mejorar sus comunicaciones e integrar el enclave al entorno urbano -en este caso, el más rico y poderoso de la Capital- para que la 31 se convierta, al fin, en un barrio porteño. Será una tarea de años y será posible sólo si la presencia prometida ayer se sostiene en el tiempo.