Emitirán bonos por US$ 11.684 millones para el pago a los holdouts

Por Laura Serra - LA NACION
Prat-Gay precisó el monto de deuda que se emitirá para cerrar el acuerdo con los fondos buitre, que, según el ministro, implica una quita global del 38%; la tasa anual que se pagará será de entre 7 y 8%


Prat-Gay al ingresar ayer a la reunión de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de Diputados.Foto:LA NACION/Ricardo Pristupluk

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, precisó ayer que el Poder Ejecutivo emitirá 11.684 millones de dólares en bonos para afrontar el pago a los holdouts, siempre que el Congreso apruebe la oferta que formuló la Argentina ante los tribunales de Nueva York. No obstante, el funcionario no descartó ampliar la emisión a 15.000 millones de dólares para atender otros vencimientos de deuda y paliar el déficit fiscal.

Esta emisión por 11.684 millones, que incluye a los fondos buitre que aceptaron la oferta argentina como también a los bonistas que eventualmente se sumen al acuerdo, implica una quita del 38 por ciento en promedio entre capital e intereses. "Ésta es una cuestión de Estado que necesitamos resolver pronto para volver a crecer, pero la última resolución la tendrá el Congreso", enfatizó el funcionario ante las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados, primer mojón en el debate legislativo.

Escoltado por los presidentes de sendas comisiones, los oficialistas Luciano Laspina y Eduardo Amadeo, Prat-Gay se presentó junto al secretario de Finanzas, Luis Caputo, quien detalló que habrá tres emisiones de bonos, a cinco, diez y treinta años, con una tasa de interés anual que oscilará entre el 7 y el 8%. Aún no se definió qué grupo de entidades efectuará la colocación de los bonos, pero se estima que las comisiones que cobrarán oscilarán entre el 1,15 y el 1,20%, indicó el funcionario.

La emisión de los bonos se concretará el mes próximo; acto seguido, dijo, se efectuará el pago acordado a los fondos buitre en simultáneo con el levantamiento de las medidas cautelares que impiden al país afrontar sus compromisos con los bonistas reestructurados. Ése fue el compromiso que asumió el juez Thomas Griesa si el Congreso argentino finalmente deroga las leyes cerrojo y de pago soberano. La fecha límite sería el 14 de abril.

"Que no les quepa duda: quienes entraron en el canje 2005/2010 salieron más beneficiados que los que litigaron", enfatizó Prat-Gay al refutar al kirchnerismo, que critica que este nuevo acuerdo será más oneroso para el país. Tanto Prat-Gay como Caputo remarcaron que, si el Congreso aprueba esta oferta, "estaremos básicamente cerrando el problema del default" pues, confiaron, los demás bonistas se sumarían al acuerdo.

"Ganada la discusión con los bonistas más duros, que tienen a favor una sentencia firme y muchos más recursos, difícilmente los otros bonistas encaren nuevos litigios", aseveró Caputo.

Los funcionarios se enfrentaron a una catarata de dudas y preguntas de los legisladores, molestos porque recién ayer por la mañana, minutos antes de la llegada del ministro, pudieron conocer el detalle del proyecto. Prat-Gay incluso protagonizó un fuerte cruce con el ex ministro de Economía del gobierno kirchnerista y hoy diputado Axel Kicillof (FPV), quien cuestionó la rapidez con que se cerró el acuerdo y acusó al Gobierno de llevar al país a un fuerte endeudamiento. "La única negociación que vos cerraste, Axel -respondió Prat-Gay- fue con el Club de París, le pagaste el 100% en 48 horas", replicó Prat-Gay.

El ministro criticó con dureza la estrategia con que el anterior gobierno kirchnerista encaró el litigio con los holdouts, al afirmar que los 6100 millones de deuda que quedaban pendientes con los bonistas que no aceptaron el canje "se han transformado a través de los litigios en una cifra estimada de 18.800 millones de dólares". "Ése ha sido el costo del transcurso del tiempo", acusó.

El funcionario explicó que esta nueva negociación implicaba mayores complejidades que una reestructuración voluntaria de deuda pues, en esta oportunidad, se debía negociar en la sede judicial elegida por el gobierno kirchnerista -los tribunales de Nueva York-, con la agravante que el país tiene una sentencia firme adversa de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y una medida cautelar que impedía efectuar pagos a los bonistas reestructurados. "Nos estaban esperando (para cobrar) con el 100 por ciento, y no se trataba de bonistas desprevenidos, sino de profesionales de la usura que tenían a su favor todas las reglas", advirtió Prat Gay.

El ministro remarcó que la estrategia argentina fue negociar la acumulación de intereses y remarcó que se logró una quita del 50% en este ítem. El jefe del Palacio de Hacienda explicó que se debía "respetar el capital original porque si no no había salida" y aclaró que el pago "será en efectivo y para eso se colocará un bono a valor de mercado" y que "no se hará con reservas del Banco Central".

El ministro en cuatro frases

"[El acuerdo con los holdouts] es una cuestión de Estado que necesitamos resolver, porque eso nos impide volver a crecer"

"No tengan dudas: quienes entraron en el canje [2005 y 2010] salieron más beneficiados que quienes litigaron"

"Los [bonistas] que insistan en el reclamo se someten a un desamparo judicial, después de que los más duros hayan cerrado el acuerdo"

"El pago será en efectivo y para eso se colocará un bono a valor de mercado. No se hará con reservas del Central"

Acuerdos por otros US$ 6,7 millones

NUEVA YORK.- El Gobierno sumó otros US$ 6,7 millones a los acuerdos con bonistas que tienen sentencia a favor del juez Thomas Griesa.

El Special Master, Daniel Pollack, designado para liderar las negociaciones, anunció ayer que se cerró un acuerdo preliminar con 10 tenedores de bonos por US$ 6,7 millones. Como el resto de los pactos firmados hasta ahora, depende que el Congreso derogue la leyes cerrojo y de pago soberano.
Los acuerdos incluyen a fondos y bonistas Tortus Capital II; Tortus Capital III; Biagini; Vefling; Schivardi; Piol; Ercolani, Beltrán y Settin.

Pollack dijo también que espera que las apelaciones de bonistas a la decisión de Griesa de levantar las medidas cautelares que frenan los pagos de los canjes de 2005 y 2010 se hagan de manera expeditiva.

Del editor: cómo sigue. Será difícil para los bloques opositores argumentar en contra de la propuesta del Gobierno. El macrismo piensa que terminará con la ley