Por Iván Ruiz - LA NACION
Según una auditoría, el constructor kirchnerista tuvo amplios beneficios del poder central
El conflicto que movilizó a Santa Cruz por la modificación de la ruta Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia no sólo desnudó la retirada de Lázaro Báez de los negocios con la obra pública, sino que expuso nuevos números, beneficios y tratos preferenciales de los que gozó el empresario más cercano a la familia Kirchner en su pago chico.
Lázaro Báez se declaró insolvente para pagar el sueldo de sus empleados porque dice estar a la espera de una deuda por parte de Vialidad Nacional. Sin embargo, Austral Construcciones cobró certificados de obra por adelantado hasta el mes de enero para la construcción de dicho tramo de dicha ruta, según consta en una auditoría interna a la que accedió LA NACION.
"Tenía un trato privilegiado. Cómo se te ocurre que un empresario va a cobrar por adelantado cuando a todos se les deben varios meses", se quejaron desde el organismo, ahora en manos del macrismo. Mientras las empresas de Lázaro Báez están al día, las deudas promedio con los proveedores de obras viales son de nueve meses, informaron en el Ministerio de Transporte.
A pesar de que en las últimas horas los apellidos Kirchner y Báez parecen caminar por carriles distintos después de las críticas de la gobernadora Alicia Kirchner, los beneficios al empresario se ejecutaron desde la Casa Rosada hasta último minuto. Durante el último año del kirchnerismo en el poder, Vialidad Nacional autorizó giros a su filial de Santa Cruz por $ 1100 millones, sólo para pagarles a sus empresas.
Los números totales de la auditoría dejan en claro que las obras de Báez eran prioridad para el gobierno de Cristina Kirchner: en los últimos ocho años, el empresario ultrakirchnerista recibió $ 12.000 millones sólo a través de Vialidad Nacional para operar en Santa Cruz a través de Austral Construcciones, pero también de otras sociedades suyas, como Kank y Costilla, Gotti Hermanos y Biancalani. El número que aporta la auditoría supera incluso lo estimado por la Justicia en la causa Hotesur. Lo desembolsado por la Casa Rosada a Báez para obras en Santa Cruz representa un cuarto de lo que se giró a provincias con mayor cantidad de kilómetros de ruta, como Córdoba.
Mientras Báez recibía los pagos por adelantado para la obra de la ruta 3, sus trabajadores comenzaban el largo peregrinaje para cobrar sus sueldos, que todavía persiste. Primero, el empresario les pidió que adelantaran vacaciones antes de fin de año. Finalmente, les dejó de pagar el sueldo a los empleados de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA ante una supuesta deuda de $ 255 millones de Vialidad Nacional por dicha obra. "Nos comunicaron que se suspendía el pago por el agotamiento de las partidas presupuestarias", justificaron los abogados del empresario.
Las reformas de la ruta 3 son un buen ejemplo de la relación que solían tener Vialidad y Báez. La obra tenía una cotización inicial de $ 150 millones en sus comienzos, pero el pliego inicial se modificó con supuestas mejoras, lo que elevó el presupuesto. "Le metieron más y más cosas, detalles, con el único fin de engrosar el número, pero nunca se preocuparon por hacerla. El único interés era cobrar", reveló un funcionario de Vialidad Nacional.
El Estado nacional desembolsó unos $ 800 millones por una obra que debía terminarse en dos años, pero que ya lleva ocho en construcción. Por ahora, los certificados sólo acreditan un avance del 30%, aunque las nuevas autoridades sospechan que esos números pueden estar manipulados. Terminar la ruta costará unos $ 2000 millones, estimaron.
Desde Vialidad dijeron que para concluir el tramo convocarán a un nuevo proceso licitatorio y aseguran que, ya con un nuevo proveedor, los trabajadores de la construcción serán reincorporados para terminar la obra de la ruta 3.
Báez gozaba, además, de otros beneficios. En el edificio de Vialidad de Santa Cruz funcionaba -siempre según la auditoría- "una oficina" dedicada exclusivamente a acelerar los expedientes de las empresas de Báez. Desde allí se hacían trámites que necesitaban celeridad y cuyo interlocutor en Buenos Aires era el ex secretario de Obras Públicas, José López.
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