Investigan a 23 policías de la Federal por los manteros de Caballito

Por María Belén Etchenique - Clarin.com
Son efectivos que pasaron por la comisaría 12 desde 2012 hasta fines de 2015. La Justicia porteña los vincula como parte de una organización de venta ilegal.

En algunos puntos de la Ciudad, las calles tienen dueños. Apellidos, apodos o caras sin nombre que deciden quién puede estirar su manta sobre una esquina o levantar un puesto en el medio de una vereda. Nada es gratis. Las autorizaciones se pagan. En Caballito, los manteros están manejados por dos grupos enfrentados. Ellos deciden. En ese juego de jerarquías, la complicidad policial se sobreentiende. Pero la Justicia porteña logró vincularla: imputó a 23 policías de la Federal como parte de la organización de venta ilegal callejera en avenida Rivadavia.

Son seis comisarios, siete subcomisarios, cuatro sargentos, dos agentes, dos cabos, un principal y un inspector que desde 2012 hasta fines de 2015 pasaron por la comisaría 12, ubicada en Valle 1454. Además de involucrarlos en el negocio, la Justicia Contravencional porteña comprobó que tenían órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación de no accionar contra los manteros.

Los policías fueron indagados por la fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 35, entre junio y julio del año pasado. En las próximas semanas, la causa será requerida a juicio. Los efectivos ya no están en esa comisaría, pero siguen en actividad. Se los acusa de ser parte responsable del uso indebido del espacio público y de permitir el desarrollo de esas actividades ilegales a lo largo de la avenida.

Si bien el 29 de enero los manteros fueron desalojados de Caballito, hay dos organizaciones que están detrás de la mercadería trucha que se vende apoyada sobre un lienzo, en un carrito o en una tabla con caballetes en Rivadavia. Una está liderada por la Asociación Vendedores Libres (Movimiento Francisco Jofre) y otra actuaría en connivencia con la Policía. En 2012 y 2013, "Vendedores libres" empezó a denunciar que la Federal los perseguía por instalarse en la avenida sin haber "arreglado" con ellos. Hablaron de amenazas, procedimientos irregulares y pedidos de coimas.

Fuentes judiciales indicaron  a Clarín que la acusación de "Vendedores libres" llegó hasta el Ministerio de Seguridad Nacional, donde en mayo de 2013 dos jefes de la Federal se reunieron con alrededor de 30 manteros de la organización que relataron que "a ellos se les complicaba vender y a los que estaban bajo la protección de la Policía no". "Esto visibilizó el problema y demostró dos cosas: que había una organización de venta ilegal (Vendedores libres) y que por otro lado había un manejo de los efectivos en Caballito con los manteros", dijo el fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, a Clarín, en una oficina de reuniones del Ministerio Público Fiscal.

Cuando la fiscal Ramírez indagó a los policías de la comisaría 12, dijeron que tenían orden del Ministerio de Seguridad de la Nación de no intervenir. "Uno de los comisarios mencionó una resolución emitida en 2012 por Nilda Garré -entonces al frente de Seguridad- para que la Federal no actuara de oficio contra los manteros ni hiciera operativos, porque la problemática debía ser resuelta por la Ciudad", agregó otra fuente judicial a este diario. La excusa es falsa, opinó Cevasco: "La ley dice que la Policía debe actuar espontáneamente ante cualquier contravención fragante". En especial, porque en Caballito aún no está la Policía Metropolitana, asignada a otras comunas.

También entre las declaraciones ante la fiscal, algunos dieron más datos sobre el destino que podía tener el agente que se metiera en el tema: “A mis compañeros anteriores, cuando labraron un acta contravencional contra los manteros de Rivadavia y Acoyte, los mandaron como castigo al Cuerpo de Infantería y a la División Perros ".

La venta ilegal de mercadería es un delito establecido en el artículo 83 del Código Contravencional que se castiga con una multa de $ 200 a $ 600 para quien hace actividades lucrativas sin permiso en el espacio público y de $ 5.000 a $ 30 mil para el organizador de esas actividades. La ley no pena "la venta ambulante en la vía pública o en transportes públicos de baratijas, artesanías o cualquier objeto que no implique una competencia desleal para el comercio establecido". En los últimos años, el Ministerio Público Fiscal dejó de ir detrás del mantero -en la mayoría de los casos, según muestran las causas judiciales, esclavizado por mafias- para enfocarse en la organización que recauda cifras millonarias. Según un informe de octubre del año pasado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),  la Ciudad es el distrito más afectado con 13.596 puntos de venta informal, entre saladitas y manteros. El negocio mueve casi $ 850 millones por mes.

El circuito clandestino se alimenta de redes de fabricación y abastecimiento con talleres, en caso de ropa y calzado, o del contrabando y el robo, en caso de juguetes, artículos electrónicos o de librería. La mercadería se repite en los distintos barrios. En avenida Rivadavia predominaban los juguetes y la ropa. Después están los depósitos (casas tomadas, hoteles familiares, locales comerciales). Ahí, se acopia todo lo trucho. Y desde ese punto, se surte en vehículos o en carritos a los manteros. En esta causa, la fiscal Ramírez allanó 27 locales e inmuebles e incautó 15 camiones de mercadería (en cada vehículo entran entre 80 y 100 bolsones).

"Tenemos notas firmadas, registros fotográficos y filmaciones. Pudimos acreditar que los procedimientos de los policías de la comisaría 12 contra vendedores libres existieron, no así contra el otro grupo. A algunos manteros se los dejó actuar y se usó el procedimiento contravencional sólo contra otros", concluyó Cevasco.