(La Nación) - Juntos suman 455 millones de dólares; son litigantes incluidos en el grupo de los me too
NUEVA YORK.- La Argentina logró cerrar nuevos acuerdos por unos US$ 455 millones con cinco fondos que están incluidos dentro del grupo de acreedores me too.
Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa, dijo que la Argentina había llegado a una "acuerdo de principios" con Lightwater Corp., Old Castle Holdings, VR Capital, Procella Holdings y Capital Ventures International por un monto total de 250 millones de dólares y 185 millones de euros. "Sigo trabajando con la República Argentina y todos los tenedores de bonos interesadas para ayudar a llegar a acuerdos en principio", dijo Pollack en el comunicado.
Al igual que los acuerdos anteriores, el entendimiento con estos fondos está sujeto a la derogación de la ley cerrojo, la ley de pago soberano y el levantamiento de las medidas cautelares del juez Griesa, quien ya accedió a esa condición.
Además de esos cinco fondos, la Argentina ya logró acuerdos con los fondos buitre EM, de Kenneth Dart, y Montreux Partners, por 850 y US$ 300 millones, respectivamente. Días atrás, Pollack anunció también un acuerdo con Capital Markets Financial Services por 110 millones de dólares. Estos acuerdos suman poco más de US$ 1700 millones, a lo que deben sumarse el acuerdo por la demanda colectiva Brecher y el acuerdo con los bonistas. La Argentina propuso pagar alrededor de US$ 6500 millones por los reclamos por unos 9000 millones que llegaron a la mesa de Pollack.
En tanto, los 13 acreedores argentinos agrupados bajo el nombre de "Pablo Varela", que ganaron el caso del pari passu contra la Argentina en 2014, le pidieron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no le permita al juez Thomas Griesa levantar la medida cautelar que le permitiría al país volver a pagarles a los bonistas que entraron a los canjes y reintegrarse al mercado de capitales.
Así lo indicó el abogado de los 13 bonistas que siguen en default y que tienen US$ 1.125.000 en bonos sin cobrar, al cuestionar la "oferta unilateral" del Gobierno. El grupo accionó en el caso de NML, Aurelius y otros fondos buitre, que el Estado perdió en forma definitiva en 2014.
El letrado Michael Spencer señaló en una carta a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que "el afán del juez de primera instancia para eliminar la medida cautelar va en contra de la ley".
Luego de que Griesa indicara el viernes pasado que estaba dispuesto a levantar la injunction si el Gobierno lograba derogar la ley cerrojo y acordaba el pago con los bonistas que aceptaran la oferta argentina hasta fin de mes, los minoristas argentinos rechazaron esta alternativa. Estos acreedores consideran que la propuesta del Gobierno es injusta por el precio al que compraron los bonos antes de que el país cayera en default a fines de 2001.
Con la colaboración de Martín Kanenguiser
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