Centro Cultural Kirchner: otro polo de soberbia y desmesura

Editorial del diario La Nación - Con altísimos costos, sin planes culturales y sin siquiera habilitaciones técnicas, el kirchnerismo inauguró su última obra faraónica con el único fin de autocelebrarse

La realidad se encargó de superar ampliamente todas las especulaciones que las nuevas autoridades del Centro Cultural Kirchner (CCK) se habían hecho sobre él. El ex Palacio de Correos, una obra que había sido ya monumental en su época, demostró que ahora también ha resultado ser el edificio dedicado a la cultura más caro de los últimos años en la Argentina, el último de los caprichos de la administración kirchnerista que se caracterizó por la soberbia y la desmesura de sus objetivos.

Como se recordará, las obras de remodelación insumieron alrededor de 3000 millones de pesos, en tanto que otros 120 fueron destinados a comprar obras de arte. El Centro fue inaugurado contra reloj porque la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quería hacerlo antes del 25 de mayo de 2015, como el gesto final y más ambicioso de su mandato, el que los trascendería a ella y a su marido, para lo cual el originalmente denominado Centro Cultural del Bicentenario fue rebautizado con el apellido de la familia presidencial.

Tan grande fue el apuro por inaugurarlo que el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, sorprendió a la opinión pública con el anuncio de que el CCK nunca había contado con la habilitación requerida, y que ni siquiera se habían hecho los trámites del pedido de habilitación a la Dirección General de Fiscalización y Control, por los que se deben presentar planos de evacuación e incendio para que la Agencia Gubernamental apruebe su uso público.

Por su parte, la secretaria de Contenidos, Gabriela Ricardes, reveló que la remodelación no tenía la "recepción provisoria", es decir, el alta de funcionamiento de la obra pública, en espera de la aprobación definitiva. Y también se conoció que la irregularidad era tan grave que tampoco hay planos de evacuación ni salidas de emergencia aprobadas, con todos los riesgos que ello implica para la asistencia tanto de los trabajadores como de los visitantes de ese centro.

La situación anteriormente descripta se completa con el hecho de que, al asumir las autoridades de Medios Públicos, encontraron también que el CCK no tenía director, ni organigrama ni programación acordada y que había empleados que, si bien figuraban en las listas, no aparecían a la hora de ser convocados, por lo cual todo el proyecto deberá ser repensado desde cero, una iniciativa que nació prematuramente y en un edificio en obra, sin terminar.

Sin embargo, todo esto no es más que una parte de los dislates en los que la anterior administración incurrió -y de los que son responsables directos el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, encargado de la obra, y la ex ministra de Cultura, Teresa Parodi-; sucede, por ejemplo, que la mayor parte del equipamiento comprado para producción audiovisual estaba retenido en la Aduana, o que uno de los restaurantes previstos, con alrededor de 2000 metros cuadrados de instalaciones, no pudo ser licitado ante la ausencia, previsible, de postores, ya que el canon era de 13 millones de pesos al año sólo por el área premium.

Si la falta de transparencia en materia presupuestaria y el culto a la personalidad del ex presidente fueron los rasgos salientes de una obra faraónica antes de su inauguración, también lo fueron los gastos a partir del momento en que entró en funciones: costaba 8 millones de pesos al mes en personal y casi 100 millones al año, para una programación que sólo alcanzaba entre tres y cuatro días por semana. Por ello mismo, un tema delicado por resolver será el del personal: por el momento, siguen desvinculados 600 empleados, a los que no se les renovaron los contratos temporales -culminaban al 31 de diciembre pasado, cuando caducaba también el 85% de las asistencias técnicas temporales que el Estado había pedido a las universidades de San Martín, Tres de Febrero y La Matanza, y por las cuales éstas contrataban al personal-, que serán revisados teniendo en cuenta las competencias para trabajar en un centro cultural de esta magnitud.

A pesar de que se les ha pedido a los gremios intervinientes que acerquen planillas con los datos de esos ex empleados para "hacerles entrevistas, conocer cuáles eran sus funciones y analizar quiénes tendrán continuidad en la nueva gestión", grupos de ex trabajadores, apoyados por militantes de La Cámpora, han hecho y amenazan con volver a hacer en estos días protestas en la puerta del edificio, sobre Leandro N. Alem, para "reclamar la continuidad del ciento por ciento de los trabajadores".

Reencauzar o dar concreción real a este megaproyecto llevará tiempo, aunque ya se haya nombrado a Gustavo Mozzi, ex titular de la Usina del Arte, como su director, y que Hernán Lombardi haya manifestado su intención de reabrir ese ámbito al público en la primera semana de febrero, con entrada general gratuita como hasta ahora.

Siempre es más difícil avanzar tratando de reparar lo hecho sin considerar que los bienes públicos no son de un partido político ni de una persona, sino de todos los ciudadanos. Es de esperar que finalmente el Centro Cultural del Bicentenario no sólo esté a la altura de los más grandes centros culturales del mundo, sino también que recupere su denominación original, para que, aunque esté en Buenos Aires, cumpla con un destino federal.