Estado pobre, militancia rentada

(Editorial  del diario La Nación) - El kirchnerismo ha convertido la administración pública en un refugio político y en una máquina para el enriquecimiento personal


Nunca antes el empleo público había tenido un crecimiento tan descontrolado y de consecuencias tan gravosas para la economía del país como durante los últimos 12 años, en los que gobernó el kirchnerismo. Se han alimentado y mantenido plantas estatales de dimensiones elefantiásicas, llegando al ridículo de no poder explicar siquiera su relación proporcional respecto del total de la población en muchos puntos de nuestro territorio.

Como una paradoja tragicómica de esa situación, apenas asumida en su nuevo cargo la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se mostró indignada por el enorme déficit fiscal con el que recibió la provincia, por la cantidad de escuelas, hospitales y oficinas públicas que no funcionan, y por el grosero desborde de la planta estatal. 

Poca memoria o tal vez descreimiento en los propios datos oficiales tiene el kirchnerismo: ya en el tercer trimestre de 2014 hasta el falaz y manipulado Indec daba cuenta de que la provincia con mayor proporción de empleos públicos era Santa Cruz. Como si el kirchnerismo no la hubiera gobernado durante los últimos 24 años, la hermana de Néstor y cuñada de Cristina Kirchner sobreactúa su asombro y reclama ayuda económica del actual gobierno central. Es, cuando menos, curiosa -cuando no hipócrita- la reacción de la gobernadora, que apeló a un decreto para achicar el rojo de las cuentas provinciales, lo cual incluye un censo de empleados. Intenta con ello empezar a revertir lo que ahora define -según su aggiornada visión de los abusos de cierta parte de la dirigencia política- como la necesidad de "entender que el Estado no es propiedad de la administración pública, de los empleados ni de los funcionarios", sino que "la administración pública está al servicio de toda la comunidad".

Si ésa hubiera sido la concepción del kirchnerismo a lo largo de todas sus gestiones, el actual gobierno nacional no se habría visto en la necesaria e impostergable tarea de revisar nada menos que 24.000 casos de concursos en proceso y contratos de toda la administración estatal. A cargo de esa tarea está el ministro de Gestión y Modernización del Estado, Andrés Ibarra. Se trata de empleados que ingresaron en los últimos tres años. Según se anunció, se evaluarán la legalidad de esas contrataciones, el cumplimiento de los requisitos previstos para cada cargo concursado y de las tareas, y los antecedentes de los postulantes.

Durante la era kirchnerista, el porcentaje de empleados permanentes y transitorios de la administración central, de organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social pasó de 266.000 personas en 2003 a más de 400.000 en la actualidad. Ha sido un crecimiento alevoso, derivado de un clientelismo prebendario y un nepotismo que, si bien existen desde hace mucho tiempo, han sido llevados a su máxima expresión. Se ha convertido el Estado en un refugio donde hacer recalar a la militancia partidaria, en una organización que dispone a gusto de dineros públicos en beneficio de intereses partidarios o de facción.

El Congreso Nacional es otro de los claros ejemplos de hasta dónde ha llegado ese abuso. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti, dispuso dar de baja los nombramientos en planta permanente de 2035 empleados designados por su antecesor, Amado Boudou, tan sólo en 2015. Una comisión revisora analizará esos contratos. En la Cámara de Diputados, esos ingresos fueron menores, pero, de todos modos, el titular de ese cuerpo parlamentario, Emilio Monzó (Pro), ordenó un relevamiento sobre el personal.

Una situación similar se registra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde su titular, Susana Malcorra, dijo que serán revisados unos 700 contratos. También, en el Centro Cultural Kirchner, donde Hernán Lombardi , titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, decidió no renovárselos a 600 empleados. Además, según el nuevo titular del PAMI, Carlos Regazzoni, esa institución cuenta con 15.000 personas en planta estable, una cifra apenas inferior al total de trabajadores del Poder Judicial (21.200).

La lista de dependencias estatales en esas condiciones es larguísima. No ha quedado durante el kirchnerismo un área de la administración pública libre de ser considerada un botín político. El caso de la cooptación de empleos de ese origen por parte de La Cámpora es harto elocuente. No fueron solamente errores de política económica los cometidos durante los últimos 12 años. También hubo un intento deliberado de usar el Estado como una máquina de enriquecimiento personal.

La titánica tarea emprendida por el nuevo gobierno de contar con un Estado eficiente es una necesidad impostergable. Se suele escuchar por estas horas, a modo de crítica feroz de buena parte del kirchnerismo, que el Gobierno pretende manejar el Estado con criterios empresarios. Sin embargo, fue el kirchnerismo el que se valió de él como si fuera una empresa de la cual cobrarse dividendos y a la que, no caben dudas, terminó vaciando.