En 2011 se inauguró un radar del Operativo Norte en Santiago del Estero.Foto:Archivo
El Operativo Escudo Norte, la estrategia pensada por el gobierno kirchnerista para "blindar" las fronteras contra la inseguridad y el narcotráfico, arrastra una deuda de $ 140 millones. Según pudo saber LA NACION, las nuevas autoridades que llegaron al Ministerio de Defensa advirtieron que la gestión anterior dejó una deuda de nueve meses por el pago pendiente de viáticos a los 1700 efectivos del Ejército que participaron de las operaciones.
"Inicialmente, se sumaron 1500 efectivos del Ejército a las tareas de vigilancia y control en el territorio del NOA y el NEA, además de otros 200 que trabajaron específicamente en el tema de los radares. En los últimos meses, quizás por problemas presupuestarios, el número bajó a 800", reveló a LA NACION una fuente cercana al nuevo ministro de Defensa, el radical Julio César Martínez.
La deuda, que según las primeras estimaciones oscila entre 120 millones y 140 millones de pesos, preocupa a Martínez y a sus colaboradores, ya que pone al descubierto la relación directa entre la restricción de recursos y la efectividad del operativo si se reduce el número de los efectivos destinados a la protección de la frontera.
En el entorno del ministro, sin embargo, explicaron que ya se trabaja para saldar esa deuda en un plazo progresivo y estimaron que la situación no pone en riesgo la continuidad de las operaciones de lucha contra el narcotráfico en la zona norte del país.
No fue la única sorpresa con la que se encontró el nuevo ministro. Su antecesor, Agustín Rossi, dejó acordado el contrato de alquiler del buque polar ruso Vasily Golovnin por US$ 16,8 millones para la campaña antártica, con el compromiso de abonarlo en un solo pago, pero no dejó un dólar para efectivizarlo. "La nueva gestión tuvo que entrar en nuevas negociaciones para pedir nuevos plazos y gestionar un pago en cuotas, lo que retrasó la salida del buque, que finalmente llegará en enero", confió a LA NACION un colaborador del nuevo ministro.
Según pudo saber LA NACION, la deuda con los militares que realizaron tareas en el operativo Escudo Norte afecta principalmente al Ejército, que fueron incluidos en un programa de fortalecimiento del plan, y no tanto a los pilotos de la Fuerza Aérea. El Operativo Escudo Norte fue creado en julio de 2011 por Cristina Kirchner para incrementar la vigilancia y el control de los espacios terrestre, fluvial y aéreo en la frontera norte del país y en la mesopotamia. El objetivo de la medida gubernamental fue frenar el avance de la droga y el narcotráfico y combatir el contrabando y la trata de personas, entre otros delitos.
Las Fuerzas Armadas participan en tareas de apoyo logístico -la ley les prohíbe intervenir en procedimientos de seguridad interior-, y sus efectivos colaboran con los de las fuerzas de seguridad, como la Gendarmería y la PrefecturaNaval. El apoyo logístico de los militares se da a través de la utilización de aviones y de radares destinados a conseguir la intercepción de vuelos clandestinos o irregulares.
El ex ministro Rossi había señalado que entre 2011 y 2013 la Fuerza Aérea detectó en la frontera unos 700 vuelos ilegales. "El número es mayor porque los radares apenas funcionan entre cuatro y seis horas por día y no las 24 horas, como deberían", advirtieron a LA NACION colaboradores del nuevo ministro de Defensa.
El criterio que ahora predomina en el Edificio Libertador -donde se encuentran las sedes del ministerio, de la jefatura del Ejército y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas-, es que los aviones y los radares tienen que funcionar las 24 horas. "Es, en definitiva, una cuestión presupuestaria", se sinceró un funcionario. Hoy se destinan seis radares al sistema de vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo. "Con los medios disponibles para la vigilancia, pero con más recursos, se podrían garantizar unas 100 horas diarias de vuelo de Pucará o 23 horas de aviones A4-AR, con resultados más eficaces", explicaron fuentes oficiales.
Patrullajes conjuntos
Con la gestión de Martínez podría volver a la discusión pública el debate sobre la participación de militares en las patrullas antidrogas. El poder de policía en la frontera lo ejerce la Gendarmería y las Fuerzas Armadas tiene vedada su participación en procedimientos de incautación de drogas y en eventuales detenciones.
Pese a ello, según publicó LA NACION en agosto pasado, en el primer semestre del año las patrullas del Ejército contribuyeron en casi el 10% de los secuestros de drogas realizados en el marco del operativo.
El nuevo ministro es partidario de que la Gendarmería y las Fuerzas Armadas puedan realizar patrullas conjuntas para mejorar el resultado de las acciones en los operativos destinados al combate al narcotráfico.
Actualmente cada sector interviene por vías separadas y, más allá de las restricciones existentes, en el entorno de Martínez atribuyen esa distancia a la rivalidad que existía entre el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, y el ex jefe del Ejército, teniente general César Milani.
Sin embargo, ese criterio de mezclar en un mismo operativo a militares y gendarmes en patrullas conjuntas tropezará con el criterio que predomina en la Justicia. Como informó en su momento LA NACION, varios jueces federales ya advirtieron sobre posibles nulidades de aquellos procedimientos antinarcotráfico que estén a cargo de efectivos de las Fuerzas Armadas.
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