Aerolíneas: el Gobierno abre el paraguas ante un fallo del CIADI

Por Luis Ceriotto (Clarin.com) - Reclamo de una indemnización millonaria.
“El socio oculto que traemos aquí es Burford Capital Limited, una empresa conocida como financiera, o también denominable fondo buitre”. En la mañana del 9 de marzo de 2014, en Washington, el abogado Eduardo Barcesat denunció que Burford había comprado los derechos del juicio de Marsans contra el Estado argentino.

Lo escuchaba el tribunal del CIADI, ante el cual Marsans reclama una indemnización de US$ 1.600 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La delegación argentina estaba encabezada por la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Minutos después, Barcesat anunciaba que iban a denunciar el supuesto acuerdo entre Marsans y Bruford.

Sin embargo, recién la semana pasada la procuradora Abbona y el titular de la PROCELAC, Carlos Gonella, denunciaron el presunto fraude, donde también acusaron al abogado Diego Fargosi, ex vice de Aerolíneas en tiempos de Marsans y querellante ante el juicio del CIADI. La denuncia fue ante la Cámara Federal porteña.

Fuentes allegadas a la causa estiman que el fallo del CIADI, que depende del Banco Mundial, saldría en noviembre, cuando se podría estar decidiendo un eventual balotaje presidencial. En ese contexto, la demorada presentación del Gobierno contra Burford y Marsans parece una respuesta más política que judicial.

Clarín tuvo acceso a las audiencias del juicio del Ciadi, entre el 4 y el 9 de marzo de 2014. De las más de 2.000 fojas se desprende que el Gobierno nunca desconoció que Fargosi formara parte de la querella, así como su acusación contra Burford fue efectuada allí mismo: Barcesat presentó un documento con la supuesta cesión de derechos al estudio King & Spalding.

El reclamo de Marsans, de US$ 1.600 millones, se basa en el pedido de una indemnización por las acciones de Aerolíneas y Austral y el supuesto daño durante sus siete años de gestión, sobre todo en el tema tarifario.

Del lado argentino, el abogado de la Procuración, Carlos Mihanovich, dijo que al momento de la expropiación en junio de 2008, su valor de mercado era negativo en US$ 700 millones. Fueron seis días de audiencias, mañana y tarde, que dejaron a todos exhaustos, como admitió el presidente del tribunal, Thomas Buergenthal. “Mi esposa está a punto de sacarme a las patadas de casa con todos los documentos que tengo”, confesó. El fallo del CIADI estará encabezado con su firma.