La doctrina nacional de inteligencia que anunció ayer el Gobierno no es una gran novedad, ni es única en su tipo alrededor del mundo. También Estados Unidos, Venezuela y hasta Holanda, entre otros varios países, señalan a la economía como uno de sus objetivos prevalentes de seguridad nacional. Así que el problema no es el "qué", sino "quiénes", "cuándo" y "cómo" se encargarán de estas tareas.
¿Los agentes de "la Casa" ayudarán a evitar una corrida bancaria? ¿Alertarán a la Casa Rosada sobre los posibles desabastecimientos?
¿Analizarán la suba del dólar? ¿Detectarán "golpes de mercado"? ¿O sólo buscarán confirmar con datos selectivos los preconceptos que la Presidenta ya esbozó sobre esos temas durante los últimos años, como en su momento hicieron Antonio "Jaime" Stiuso y sus colaboradores? ¿Otra vez la alimentarán con informes tendenciosos y tremendistas?
Si algo demuestra la nueva doctrina, sin embargo, es que el dólar es una obsesión recurrente para este gobierno que se evidencia cada vez que su cotización pega un respingo. Por eso, durante los últimos años intentó controlarlo por distintas vías, siempre con magros resultados: desde montar un cepo hasta desarrollar operativos de la Gendarmería en la city porteña. Pero como eso resultó infructuoso, va por más. Ahora lo intentará con la vieja Secretaría de Inteligencia (SIDE), aunque con nuevo nombre: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
¿Sus agentes están en condiciones operativas de desarrollar investigaciones complejas sobre delitos económicos? ¿O de eso se encargarán los más de 200 militantes que ingresaron a la AFI durante los primeros meses de este año y que recibieron una instrucción tan acelerada como acotada en la Escuela Nacional de Inteligencia?
La puja por el control de la inteligencia económica y financiera -para su posterior uso con fines políticos- lleva años dentro de este gobierno. Incluyó, por ejemplo, una sorda disputa entre los titulares de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella, y su par de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien llegó a impulsar un borrador para disolver el organismo rival y quedarse con sus atribuciones y competencias.
Aquel contrapunto se desarrolló hace ya casi cuatro años, cuando Echegaray firmó la resolución 388, con la que creó la Dirección de Investigación Financiera. ¿Su objetivo? Analizar la información bursátil, cambiaria y financiera para, en teoría, detectar actividades de lavado o financiamiento del terrorismo, lo que el círculo de Sbattella interpretó como una "UIF paralela".
Sbattella y sus colaboradores reaccionaron de inmediato. Comenzaron a "operar" en contra de Echegaray por su "intransigencia" a la hora de ordenar inspecciones contra casas de cambio de la city porteña o por los 150 pedidos de colaboración que la AFIP no les respondía.
La tarde del 30 de noviembre de 2011, Sbattella y Echegaray ingresaron por separado en el despacho de Carlos Zannini y expusieron sus argumentos sobre quién debería mandar en el área antilavado. Aquella vez venció Sbattella, que luego difundió su resolución 220/11 con la "directiva del deber de colaboración" a la AFIP, que de todos modos mantuvo su solapada resistencia contra la UIF.
SIMILAR, PERO DISTINTO
Ni la UIF ni la AFIP lograron, sin embargo, terminar con los dolores económicos de cabeza del Gobierno, cuya nueva doctrina nacional de inteligencia tiene ahora ciertos puntos de contacto con las expuestas en otros países desde hace años.
En febrero de 2009, por ejemplo, el entonces flamante director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Dennis C. Blair, declaró que la crisis económica global y la consiguiente inestabilidad que podía generar era la amenaza más urgente que afrontaba su país en aquel momento, por encima incluso del terrorismo internacional.
Seis años después, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional que firmó el presidente Barack Obama reafirmó los riesgos una crisis económica global como uno de los "mayores riesgos estratégicos" para su país.
Holanda, en tanto, también incluyó la "seguridad económica" entre los objetivos primarios de su propia Estrategia de Seguridad Nacional, lo que ejemplificó con el riesgo que un colapso eléctrico o de Internet podría causar en las transacciones financieras.
Sin embargo, el abordaje más parecido al que acaba de anunciar la Casa Rosada lo ofrece Venezuela desde febrero de 2014, cuando el presidente, Nicolás Maduro, creó una unidad especial de inteligencia "contra el contrabando y la guerra económica".
Cuatro años antes, Venezuela también había modificado el nombre formal de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), que pasó a llamarse Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y debió encargarse de afrontar lo que Maduro definió como la guerra económica impuesta por sectores de la derecha. "Capturamos con la manos en la masa a unos trabajadores -ejemplificó- que, bajo la presión y la amenaza de ser despedidos por el gerente general, sacaban centenares de kilos de alimentos para venderlos a precios especulativos a la economía informal."
Sin llegar tan lejos, el Gobierno decidió avanzar por esa senda. A la UIF, la AFIP, al Ministerio de Economía, al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se suman ahora los espías. Los Stiuso
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