Los restos sedimentarios que antes habían sido dinosaurios, los más de 2000 metros de tierra que los taparon y el paso de millones de años se encargaron de originar lo que en el sector petrolero llaman la formación Vaca Muerta, un vasto reservorio de petróleo y de gas que se ubica principalmente dentro de los límites de Neuquén. Pero todo ese trabajo de la naturaleza parece hoy más sencillo que superar los escollos financieros y económicos que implica el desarrollo de esos recursos energéticos.
El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) presentó ayer el primer informe relacionado con el monto de inversión necesaria en transporte y distribución de gas (las dos cadenas del negocio que se encargan de llevar la producción de los yacimientos a los clientes finales, como hogares e industrias) que necesitará la Argentina en caso de que se ponga en marcha la producción de Vaca Muerta. Los números parecen astronómicos para la Argentina del cepo cambiario, las restricciones a las importaciones y la prohibición de girar utilidades al exterior: según el trabajo, se requerirán más de 40.000 millones de dólares a los que se les deberán agregar desembolsos aún mayores para extraer el gas.
Ernesto López Anadón, presidente de la entidad que reúne a las principales petroleras del país, fue el encargado de presentar el informe, de perfil técnico y cuidadoso de no pisar ninguna vereda política.
El directivo, que trabajó varios años en YPF, explicó que las proyecciones se habían hecho sobre la base de los planes anunciados por las petroleras (principalmente la compañía que maneja Miguel Galuccio). Y reconoció que la producción de la publicitada formación geológica tendrá una incidencia importante recién en el mediano plazo.
De todas maneras, confió que la mayor parte del gas de la Argentina provendrá de ese activo petrolero.
MEDIANO PLAZO
"Para que el gas de Vaca Muerta comience a tener un impacto importante deberán pasar no menos de cinco años. De todas maneras, hoy la producción no convencional ronda el 4%, por lo que no es un número tan bajo", resumió López Anadón en la presentación del trabajo a la prensa.
El trabajo se puso como horizonte el año 2035. Para ese momento, el país tendrá 13,3 millones de clientes de gas, 62% más que los 8,2 millones de 2013 debido al crecimiento vegetativo y al incremento de la zona de cobertura, lo que demandará un promedio anual de gas de 260 millones de metros cúbicos (m3) por día con picos invernales de 290 millones de m3. Esa demanda significaría un incremento del 83% respecto del consumo actual.
Para atender esas necesidades habrá que llevar el sistema actual de transporte, a cargo de las empresas TGN y TGS, de los 16.500 kilómetros que tiene hoy hasta los 24.500 kilómetros, 50% más. Además, habrá que duplicar la capacidad de comprensión, un trabajo fundamental para que el gas fluya por los caños. Todo eso costará unos US$ 20.000 millones.
En el caso de la distribución de gas (la red que llega a cada domicilio), algo que hacen empresas como Metrogas y Gas Natural Fenosa, el estudio estima que para atender la incorporación de 5 millones de clientes se necesitarán otros 86.892 kilómetros, casi 63% más que la infraestructura actual disponible para esa prestación. Eso, sumado a otros trabajos destinados a brindar el servicio, se llevarán otros 10.300 millones de dólares. "El nivel de inversiones se corresponde con un caudal de aproximadamente 30.000 puestos de trabajo por año", explicó López Anadón, que también apuntó que, a diferencia de los desembolsos para producir los hidrocarburos de Vaca Muerta, que se concentran en Neuquén, las inversiones en transporte y distribución.
El trabajo del IAPG habló de expectativas de producción, demanda y ahorro de energía. Pero no hizo pie en cuestiones como el financiamiento de las inversiones. Durante el kirchnerismo, los eslabones del transporte y la distribución de gas quedaron intervenidos de hecho.
Con empresas que arrojan pérdida casi todos los años y suelen estar obligadas a reestructurar sus deudas, las ampliaciones del sistema quedaron supeditadas a la voluntad del Gobierno, a quien hoy le resultaría muy dificultoso atraer las inversiones que prevén los petroleros.
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