El campo no puede esperar

Editorial I del diario La Nación
El Estado ya se lleva el 93,5% de lo que produce el sector agrícola, cuyos crecientes costos tornan inviable la actividad en las actuales condiciones

Las entidades agropecuarias han anunciado una movilización de protesta para el próximo viernes. El gobierno nacional había sido advertido con reiteración de la gravedad de la situación por la que atraviesan las actividades agrícolas en general y las economías regionales fundadas también en el trabajo de la tierra. Sería un acto de irresponsabilidad más pasar por alto las notificaciones que a diario transmite una realidad inocultable y que no se podría falsear con otro tipo de estadísticas de las que suele abusar el oficialismo.

La crisis de la industria vitivinícola como consecuencia de la distorsión deliberada del valor de la moneda, que impide competir en materia exportadora; la crisis aún más compleja del sector frutícola por una convergencia de causas, entre las cuales gravita por igual el precio irreal de la moneda, como en el caso de las peras y manzanas, que suscitó cortes de rutas en el alto valle rionegrino, o el de los limones y los olivos. Sobre todos pesa el aumento exorbitante de los costos internos. He ahí algunos de los principales factores que afectan a las actividades generales del campo y delinean un panorama más que sombrío.

La peor situación es la de los arrendatarios, que arrastran como consecuencia de ello a quienes alquilan sus propiedades, y vuelcan, en el ámbito de la propia residencia personal, muchos de los recursos que reciben. No es un tema menor: más del 60% de las actividades agrícolas se hacen sobre la base de alguna de las modalidades propias del alquiler.

Un estudio de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Extensión Agropecuaria (Aacrea), respecto de dos de los cultivos básicos, demuestra la facilidad con la cual podría caer en quebranto un alto número de productores. Es el riesgo en que los ha colocado la sumatoria de las mermas habidas en los precios de las principales commodities y la de los costos actuales de implantación, protección, cosecha, comercialización, administración y estructura, más lo que se haya debido pagar por los arriendos y "la desproporcionada presión impositiva", como se señaló en una reunión de la Sociedad Rural de 25 de Mayo.

En el caso de la soja, el punto de indiferencia -ni ganancias ni pérdidas se lograba en el Noroeste del país, en la campaña 2013/14, con una cosecha de 25 quintales por hectárea; en 2014/15 se requirieron 29 quintales para evitar pérdidas en esa misma superficie. En maíz, se necesitaba lograr 83 quintales en la campaña 2013/14; un año después, 125 quintales. Para quienes se han animado a continuar con sus trabajos habituales en tierras de frontera agraria, eso ha sido como realizarlos al borde del abismo económico financiero. ¿Cómo sorprenderse, entonces, por las convocatorias a asambleas de delegados en las principales organizaciones agropecuarias y el anuncio de movilizaciones al borde de rutas, como sucedió a lo largo del primer semestre de 2008?

También la zona sur de Santa Fe fue tomada en cuenta en aquel estudio de Aacrea. Para no perder dinero, un productor debió producir 32 quintales de soja por hectárea en la campaña 2013/14 y 38 en 2014/15; en cuanto a la producción de maíz, las cifras por alcanzar fueron de 92 quintales por hectárea en 2013/14 y de más de 100 quintales en 2014/15. ¿Quién supone que es esto fácilmente posible?

¿Se habrá molestado el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Casamiquela, en llevar a la Casa Rosada esos testimonios, que documentan las consecuencias que se derivan de decisiones económicas oficiales? ¿O es que nada le han dicho los índices elaborados por una prestigiosa organización agropecuaria al funcionario que ha dedicado parte de su vida profesional al Instituto Nacional de Producción Agropecuaria (INTA)?

Un cuadro en que los costos se han devorado los resultados excepcionales de la campaña 2014/15, una de las mejores de la historia reciente para muchísimos productores y sobre todo en la zona núcleo, impele a preguntarse cómo golpearía sobre la economía del país una cosecha próxima no mala, pero sí mediocre. Así las cosas, ya estamos notificados de que en la campaña en curso habrá menos aplicación de tecnología y mayores frenos en los gastos por insumos.

Habrá más sojización, sin duda, que no será buena para la evolución ulterior de tantos campos desgastados por repetición de un cultivo año tras año. Y menos rotaciones. Al mismo tiempo, las ventas anticipadas de semillas están redondeando un resultado provisional marcadamente pobre.

Por todo lo expuesto, resulta innegable que los productores, los fabricantes de maquinaria agrícola, los semilleros, en fin, no pueden aguantar un semestre más a la espera de un cambio de gobierno con las cargas que tienen sobre los hombros. ¿Cómo podrían esperar, en las condiciones actuales, si el Estado se lleva, según un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), $ 93,50 por cada $ 100 que produce ese sector, el más dinámico de la economía argentina y también uno de los más castigados por los actuales gobernantes?.