A un año de la ley, llega el primero de los bares a un parque porteño

Por Sebastián Clemente - sclemente@clarin.com (Clarin.com) - Estará en Parque Chacabuco y tendrá 100 metros cuadrados entre áreas cubiertas y descubiertas. Hay grupos de vecinos que se oponen.

La ley, que el macrismo comenzó a impulsar en 2008, se aprobó recién en mayo del año pasado luego de varias negociaciones y modificaciones, y con el voto de una parte de la oposición. El objetivo inicial era el de aprobar el proyecto que habilitara la instalación de bares en plazas y parques. Pero al final, se acordó otro que sólo los permite en espacios verdes con más de 50.000 m2. El Parque Chacabuco es uno de los 20 que están en condiciones, y el Gobierno porteño ya licitó la obra para construir allí el primero de los bares.

La idea, que despertó polémicas desde su origen, volvió a desatarlas ahora. Los que se resisten son grupos de vecinos y también legisladores de la oposición (ver Con asambleas y...). Incluso, uno de ellos presentó un proyecto de ley para exceptuar al Chacabuco. Los próximos espacios verdes a intervenir serían el Parque 3 de Febrero, y las plazas San Martín, en Retiro, e Irlanda, en Caballito.

A principios de mayo, el Gobierno porteño le adjudicó la obra a la empresa Bosquimano SA. La construcción tendrá un costo de $ 4,5 millones. Fuentes de la Ciudad le dijeron a Clarín que el objetivo es que los trabajos comiencen en uno o dos meses. Una vez que eso suceda, según consta en la licitación, el plazo de ejecución debe ser de tres meses, por lo que el bar podría comenzar a funcionar a fin de año.

Otra cuestión que resta definir es el lugar en el que se instalará. Según pudo saber Clarín, aún no está definido en qué sector del parque se construirá el nuevo espacio, aunque desde el Gobierno porteño informaron que, como el parque ya cuenta con bastantes superficies con cemento, se buscará uno de esos lugares con la intención de no quitarle más espacios verdes.

Es que en la cantidad de sectores con césped que ya perdió el centenario espacio público porteño radica la polémica con los grupos de vecinos que se oponen. El Chacabuco, que fue diseñado por el paisajista francés Carlos Thays y es uno de los más importantes pulmones verdes de la Ciudad con 22 hectáreas, se gestó en 1903 y en la década del 30 sufrió una importante remodelación. Sin embargo, en 1978, durante la última dictadura militar, quedó partido al medio por la autopista 25 de Mayo.

Dentro de su predio hay cuatro colegios, una pileta al aire libre, una pista de atletismo, un anfiteatro, el Centro Cultural Adán Buenosayres y el ingreso a la estación Emilio Mitre del subte E. Además, tiene una gran fuente a la que se llega por un sendero de escaleras que desemboca en la esquina de Asamblea y Emilio Mitre. Y bajo la autopista ya funciona un bar anterior a la ley en el que, según su dueño, no hay mucho público durante la semana.

Según denuncian desde la asamblea, en el Chacabuco sólo quedan ocho hectáreas libres. “El cemento no nos puede seguir ganando. Hay más gris que verde”, declaró Paula Castelli, una de las integrantes de la Asamblea Parque Chacabuco.

“Todo lo que se está haciendo está en el marco de la ley que se aprobó el año pasado. Entre quienes están en contra puede haber gente que ya se opuso a los trabajos y las rejas en los parques Centenario y Lezama. En este caso, la discusión ya existió en la Legislatura”, dijeron desde el Gobierno porteño.

La ley 4.950 habilita la instalación de áreas de servicios en el Chacabuco y al menos otros 20 espacios similares en la Ciudad. Los locales tendrán 30 m2 cubiertos y no podrán abarcar más de 100 m2 entre espacios cubiertos y descubiertos con estacionamientos para bicicletas y sanitarios. Además, deben contar con una estación de vida saludable y un área de descanso e hidratación gratuita.

Tienen que estar a 50 metros de la calle para no competir con los comercios del barrio. Sólo podrán vender bebidas sin alcohol y comidas al paso como panchos, sandwiches y golosinas. Los permisos de uso de estas áreas serán precarios y durarán como máximo cinco años con opción de renovar. A cambio, los beneficiarios deberán construir bancos y ocuparse del mantenimiento. Cada espacio deberá contar con conexión Wi-Fi gratuita y hasta una biblioteca. Además, un 30% de los permisos deberá ser otorgado a ONGS.