Por Emilia Delfino | Perfil.comEl funcionario había denunciado una “campaña de hostigamiento” de PERFIL, tras la denuncia por pedido de coimas. “Ni el Gobierno ni el ministerio intervinieron”, dijo. El documento que lo desmiente.
Un borrador del Ministerio de Planificación compromete al ministro de Planificación, Julio De Vido, en el escándalo de las supuestas coimas exigidas a la empresa Pan American Energy (PAE) para extender su concesión en el yacimiento de petróleo Cerro Dragón.
PERFIL reveló el domingo que organismos de los Estados Unidos están citando a empresarios argentinos para que declaren si el ministro y el ex gobernador de Chubut Mario Das Neves les pidieron coimas para otorgarles negocios petroleros en la Argentina. El caso comienza a extenderse hacia varias compañías petroleras y expone una trama de sospechas de corrupción y negocios multimillonarios.
La concesión del yacimiento de petróleo más importante del país está siendo investigado desde hace más de cuatro años por la Securities and Exchange Commission (SEC), un organismo del gobierno estadounidense encargado de controlar a las empresas que cotizan en Wall Street; el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Cristopher Ott; y un agente del FBI. Pero hace tres meses, un hecho sacudió el avispero.
En febrero citaron al empresario José Luis Manzano para que declare si De Vido y Das Neves exigieron a su compañía “commissions”, es decir, sobornos, para otorgar contratos petroleros. Así lo confirmaron fuentes directas de la investigación a PERFIL.
El ex diputado chubutense Carlos Lorenzo (UCR) presentó durante el debate en la Legislatura local un borrador que el ministerio de De Vido elaboró mientras negociaba con PAE durante 2006. Lorenzo contó a PERFIL que ese documento le llegó de mano de empresarios petroleros que tuvieron acceso al escrito en abril de 2007. Entonces, Das Neves no era un aliado de Sergio Massa sino de Néstor Kirchner.
La redacción es idéntica al contrato que firmó después el entonces gobernador. La única diferencia es que el primero lleva el nombre de Julio De Vido, como representante del Estado Nacional. El propio Das Neves reconoció a PERFIL en 2014: “Al principio sí, negociamos con De Vido, porque había cosas para articular con Nación”. Uno de sus colaboradores agregó: “Vino de Nación un borrador del contrato redactado de 150 páginas, que nosotros mejoramos y ampliamos”.
Según Lorenzo, este primer contrato era el que De Vido estaba negociando con la empresa PAE para otorgarle la extensión de la concesión en Cerro Dragón hasta 2047, antes de que se sancionara la “Ley Corta” en el Congreso y el poder de negociación pasara a ser exclusivamente de la provincia.
De Vido aseguró ayer que no tuvo ninguna participación en este contrato, sospechado de corrupción tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. Sin embargo, incluso en el contrato que finalmente firmó Das Neves, quedaron párrafos exactos al que habría redactado el Ministerio de Planificación. “Conforme a la legislación vigente y con la participación del Poder Ejecutivo Nacional, PAE considera conveniente que los plazos contractuales se adecuen a las necesidades de exploración y desarrollo de las áreas involucradas y a los objetivos de dar sustentabilidad en el largo plazo a las operaciones petroleras de la región”, dicen ambos contratos.
Otro párrafo que deja en claro la veña del Gobierno Nacional dice: “Este esfuerzo es coadyudante con el objetivo reiteradamente expresado por el Poder Ejecutivo Nacional de incrementar las reservas y la producción de hidrocarburos a nivel nacional”.
PERFIL confirmó con testigos directos de los hechos que la SEC, el FBI y el fiscal de Distrito formularon preguntas específicas sobre De Vido y las sospechas de coimas. No sólo Manzano tuvo que rendir explicaciones ante los Estados Unidos. Los accionistas ingleses de la compañía de Manzano, Andes Energía PLC, también tuvieron que declarar por el caso, pero en Londres. Además, el ejecutivo de PAE, Mario Calafell Loza, tuvo que contestar la misma pregunta hace cuatro años y otros representantes de la compañía declararon hasta el año pasado. Lo confirmaron a PERFIL fuentes de la propia compañía. PAE es un 40 % de la familia Bulgheroni y la china Cnooc. El 60 % restante es de British Petroleum (BP), que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos.
En su comunicado, De Vido dijo: “Es llamativo que luego de las sucesivas desmentidas y explicaciones que brindamos en su momento, dejando en claro que ni el Gobierno Nacional ni el ministerio de Planificación intervinieron en trámite alguno relacionado con este tema porque no era su jurisdicción sino competencia exclusiva de la provincia de Chubut, se insista en vincularme con una causa que yo mismo denuncié, luego de los infundios y calumnias publicados por el diario Clarín -que publicó en abril de 2014 la primera nota sobre el tema-, colocándome como eje central de una investigación en lugar de indagar en la empresa petrolera PAE, sus accionistas en ese momento, nacionales y extranjeros, que teóricamente fueron los verdaderos beneficiarios y actores de dicha prórroga, junto con el Gobierno de Chubut que la tramitó y otorgó a través de la Ley Provincial 5.516".
Sin embargo, el senador radical Mario Cimadevilla aseguró a PERFIL: “El contrato por la concesión de Cerro Dragón se comenzó a negociar en el gobierno de Néstor Kirchner, a través de De Vido. Cuando advirtieron que la Nación no podía firmar la extensión de la concesión porque la Constitución de 1994 establece que los recursos naturales se transfirieron a la provincias, el Gobierno hizo sancionar la denominada ´Ley Corta'. En diciembre de 2006, se trató en tiempo exprés en el Congreso y se transfirió la administración de los yacimientos a las provincias. El 12 de abril de 2007, Das Neves viajó con Néstor Kirchner a Venezuela. Ocho días después, el entonces gobernador envió el contrato a la Legislatura provincial y el 27 se firmó el contrato con PAE”. Cimadevilla entregará el miércoles documentación oficial sobre esta concesión petrolera a los investigadores de la SEC, el FBI y al fiscal de los Estados Unidos.
Cimadevilla remarcó que la extensión de esta concesión en el yacimiento petrolero más importante del país “se hizo sin llamar a licitación y por más de diez años -40 en total-, un período que va en contra de lo que establece la Ley de Hidrocarburos. Se habla de 300 millones de dólares de coima, 230 millones para Buenos Aires y 70 millones para la provincia”, acusó el senador.
cuando estos tienen que declarar contradicen todo lo que dicen en los medios. Es objetivo siempre fue agraviar sin importar si los hechos ocurrieroj
ResponderEliminar